Tras el fallo de la Corte
Para este mismo lunes, el Consejo convocó a los sectores que lo integran a poner en marcha los procesos electorales para designar los seis miembros requeridos. El otro es el propio presidente de la Corte, Horacio Rosatti, que asumirá junto con los demás en abril; salvo que antes de eso se sancione una nueva ley que disponga otra cosa.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó sin efecto la modificación de la composición del Consejo de la Magistratura impulsada por Cristina Kirchner en 2006, es mucho más que un "duro golpe" contra el gobierno nacional, y daría pie nada menos que a una reformulación del Poder Judicial. Tanto es así que la determinación al respecto, por lo menos en lo que hace a su punto de inicio, no quedó derivada al año próximo, sino que empieza a jugarse este mismo lunes. La primera etapa de una carrera contra el tiempo que involucra los plazos legales fijados por la Corte y las pretensiones del gobierno central de al menos atenuar el impacto de la decisión. Y, específicamente, definir si Horacio Rosatti, como presidente del Alto Tribunal, quedará también al frente del organismo que se ocupa de la selección y remoción de jueces.
Esto es así porque, de acuerdo a la composición original del Consejo, a la que el fallo ordena volver hasta tanto el Congreso dicte una nueva ley que respete el equilibrio representativo que exige la Constitución (en el texto de la reforma que, en 1994 y en su carácter de convencionales, firmaron dos de los cuatro ministros, el propio Rosatti y Juan Carlos Maqueda), el actual presidente de la Corte debe ocupar ese lugar. Aunque recién lo asumirá una vez que hayan sido electos los demás representantes necesarios para cubrir los 20 cargos requeridos, o se cumplan los 120 dias corridos de plazo para hacerlo. El mismo período de tiempo asignados al Congreso para que dicte una nueva ley, cuyo proyecto el gobierno ya envió, con la expectativa de llevar los miembros no a 20, sino a 17 (de los 13 actuales), y sin la presidencia del titular de la Corte.
Como sea, el pistoletazo de salida para la cobertura de las codiciadas vacantes se da este mismo lunes, con una reunión de urgencia del Consejo de la Magistratura para convocar a los colegios de abogados, a la Asociación de Magistrados y a los académicos a que elijan 4 nuevos representantes y definir la forma y las fechas de esas elecciones. Pero además, se preanuncia un fuerte debate parlamentario para ver a qué bloque corresponden los dos nuevos representantes que deberá sumar el Congreso (un diputado y un senador) en representación de la "tercera minoría".
A elecciones
Como informó El Litoral el pasado jueves, la Corte declaró ese día inconstitucional a la ley que impulsó Cristina Kirchner, como senadora, en 2006 y redujo la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura de 20 a 13, dándole la mayoría a los representantes de la política.
La actual composición es de tres representantes de los jueces, dos de los abogados, cuatro legisladores de la mayoría, dos legisladores de la minoría, un académico y un representante del Poder Ejecutivo. El retorno a la composición original, ordenado por el fallo hasta tanto se vote la nueva ley reclamada el Congreso, implica la incorporación de 7 nuevos miembros para sumarse a los actuales: uno más por los jueces, dos más por los abogados y uno por los académicos para retomar el "equilibro" que dispuso la Constitución en su artículo 114.
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La Corte aclaró en su fallo del jueves que "los nuevos miembros iniciarán su mandato de manera conjunta y simultánea"; es decir, que Rosatti no presidirá de inmediato el nuevo Consejo y solo lo hará una vez que esté completa toda la nueva integración. No es un cambio menor: actualmente el organismo está a cargo del rector de la universidad de Lomas de Zamora y militante K, Diego Molea.
En cuanto al sector político, el diputado del PRO y consejero Pablo Tonelli preanunció el debate que se abrirá en el Congreso, al apuntar que "la vieja ley le otorgaba el cuarto representante en el Consejo al tercer bloque, tanto en Diputados como en el Senado. La ley se refiere a bloques, no a interbloques. Hoy en día el tercer bloque es el radicalismo, el primero es el del Frente de Todos y el segundo del PRO", explicó.
De todos modos, advirtió que "es necesario que el Congreso dicte rápidamente una nueva ley, para evitar que por el cumplimiento del plazo de los 120 días establecidos en el fallo, el Consejo vuelva a funcionar con 20 miembros".
El fallo
A efectos prácticos, el plazo dispuesto por el Máximo Tribunal vence a mediados de abril del 2022. Durante esa etapa el Consejo podrá seguir funcionando como hasta ahora, aunque también deberá dedicarse a escoger a sus nuevos integrantes.
El principio rector que debe guiar la nueva conformación, y que la ley hasta hoy en vigencia no respetaba, figura en el artículo 114 de la Constitución Nacional. Cuando lo sancionaron, los convencionales no lograron ponerse de acuerdo para fijar allí la conformación del Consejo, y lo derivaron al Congreso. La pauta es que el Consejo "será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico".
Este "equilibrio" requerido por la Constitución es el que, a juicio de la Corte, no se cumple con la composición actual, y por ello dejó sin efecto la ley que lo estipula. Según ella, que lleva el número 26.080, el Consejo de la Magistratura está integrado por 13 miembros: 3 jueces del Poder Judicial de la Nación, 6 legisladores (3 senadores y 3 diputados), 2 representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico y científico. Para los jueces de la Corte al contar el estamento político con 7 representantes, logra el quórum propio y la mayoría absoluta, poniéndolo por encima de los otros tres delegados técnicos.
En los próximos 4 meses deberán recomponer la estructura original. Con lo cual, el Consejo de la Magistratura quedaría conformado por el Presidente de la Corte Suprema, 4 jueces del Poder Judicial, 8 legisladores -4 Senadores y 4 Diputados- correspondiendo 2 al bloque con mayor representación legislativa, 1 por la primera minoría y uno por la segunda minoría. Los abogados de la matrícula federal tendrían 4 representantes, designados por el voto directo de los profesionales, garantizando la presencia de los abogados del interior de la República.
Finalmente debería definirse un representante del Poder Ejecutivo, y 2 del ámbito científico y académico, es decir un profesor titular de cátedra universitaria de facultades de derechos nacionales, elegido por sus pares; y una persona de reconocida trayectoria y prestigio, que haya sido acreedor de menciones especiales en ámbitos académicos y/o científicos, que sería elegida por el Consejo Interuniversitario Nacional con el voto de los dos tercios de sus integrantes.
Impacto
Además de un revés para el gobierno y un desaire para la vicepresidenta, el fallo de la Corte tiene efectos concretos y profundos, a la vez que se produce en momentos de extrema tensión entre el oficialismo y el Tribunal, y apenas producida una modificación de las mayorías parlamentarias. Por lo pronto, significa que Horacio Rosatti (hoy considerado un enemigo por el kirchnerismo, como se ocuparon de dejar en claro pública y privadamente) estará al frente del Consejo. Pero además, el retorno a la composición original anula el "poder de veto" sobre candidaturas que hoy usufructúa el kirchnerismo, así como en su momento lo hizo Mauricio Macri: ningún candidato a juez puede ser incluido en una terna y ningún juez puede ser enviado a juicio político sin el voto de al menos un oficialista. Es decir que todos los "no oficialistas" juntos nunca cuentan con votos suficientes para tomar esas decisiones.
Funciones
El Consejo de la Magistratura se ocupa de seleccionar mediante concursos públicos las ternas de postulantes a jueces que valora el Poder Ejecutivo, para enviar sus candidatos al Senado, con el objetivo de que los confirme. Además, administra los recursos y ejecuta el presupuesto de justicia, ejerce facultades disciplinarias para sancionar o remover magistrados, y dicta los reglamentos relacionados con la organización judicial.Con el fallo que dictaminó la inconstitucionalidad de la actual composición del cuerpo, el Máximo Tribunal respondió a una demanda del Colegio de Abogados de Buenos Aires iniciada en 2006.
