Ante la comisión de acuerdos de la Legislatura
La auditora general del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, le dijo a los periodistas -luego de reunirse con los integrantes de la Comisión de Acuerdos de la Legislatura- que como mínimo, hay pruebas de que información confidencial y producto de una investigación judicial legal llegó al entonces titular de Seguridad, Marcelo Sain, quien nunca dejó su cargo en el Organismo de Investigaciones del MPA mientras fue parte del Poder Ejecutivo.
Tras reunirse con la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, la auditora del Ministerio Público de la Acusación, Dra. María Cecilia Vranicich, ratificó a la prensa la acusación contra una funcionaria del MPA que presuntamente filtró información judicial y confidencial, que fue producida en forma legal en el marco de una investigación a cargo de un fiscal y ordenada por un juez, pero que fue a manos de un ministro del Poder Ejecutivo, en tiempos en los que el titular del Organismo de Investigaciones Marcelo Sain (bajo licencia) era al mismo tiempo ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.
Vranicich habló de una parte del contenido de casi 600 fojas que han llegado a esa instancia legislativa, donde ese poder puede comenzar el proceso para una eventual revisión de la conducta de los integrantes del MPA y de la Defensa.
La funcionaria del MPA acusada por la Auditoría de ese organismo es la jefa del Departamento Inteligencia Zona Sur del Organismo de Investigaciones (OI), Débora Cotichini. La Dra. Vranicich le expresó a los diputados y senadores de la Comisión que preside el radical Fabián Bastia que son contundentes las pruebas de que información que nunca debió salir del ámbito del Poder Judicial fue a manos del Poder Ejecutivo. Y subrayó luego, en la explanada de la Legislatura a los cronistas que esa información tuvo un origen legal, es decir, que se produjo en el marco de causas judiciales y que tenían por lo tanto carácter reservado.
Las sospechas, según supieron este mediodía los legisladores, comenzaron en el ámbito del OI, del que Sain nunca dejó de ser su titular mientras era ministro, cuando información que estaba en poder de un fiscal fue publicada en un medio televisivo de la capital federal, presuntamente C5N, a propósito de una ex funcionaria del Frente Progresista.
Vranicich dijo a la prensa que en "al menos" dos de los hechos por los que se investiga a la psicóloga Cotichini "tienen relacion con la transmisión de intervenciones que eran ilegales, quiero aclara esto, en el marco de investigaciones penales que se encontraban a cargo de un fiscal" y que en ambos casos esos datos llegaron al entonces ministro de Seguridad Marcelo Sain.
El funcionario mantuvo la doble condición de titular del OI y ministro, con un pie en el Poder Judicial y otro en el Ejecutivo, gracias a una licencia sin goce de sueldo concedida en el MPA. Ahora, la auditoría de la Acusación lo menciona al revisar la presunta inconducta de una de sus funcionarias, que ganó el cargo en 2017 luego de un concurso público iniciado por el gobierno anterior y convalidado luego por el MPA y la Justicia.
Legisladores consultados por El Litoral confirmaron que las filtraciones de la información judicial reservada del Poder Judicial al Poder Ejecutivo se hicieron en algunos casos por la expeditiva vía del whatsapp. Que las instrucciones sobre qué buscar también se recibían por la popular aplicación y que está probada la recepción de esos datos por parte del entonces ex ministro.
Enrico denuncia la violación del art. 89
Acuerdos recibió luego de conocer el contenido de la acusación contra Cotichini una nueva denuncia contra el director del Organismo de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain, de quien depende hoy la funcionaria Cotichini.
Se trata de una nueva presentación de uno de los integrantes de Acuerdos, el senador radical Lisandro Enrico (General López) quien entiende que con la presunta filtración de información judicial reservada para su uso político en el Poder Ejecutivo debe investigarse si no se ha violado el artículo 89 de la Constitución de Santa Fe que dice: "Los miembros del Poder Judicial no pueden actuar de manera alguna en política. Los magistrados y funcionarios no pueden ejercer profesión o empleo alguno, salvo la docencia en materia jurídica, las comisiones de carácter honorario, técnico y transitorio que les encomienden la Nación, la Provincia o los municipios, y la defensa en juicio de derechos propios, de su cónyuge o de sus hijos menores. La ley determina las incompatibilidades de los empleados".
