Causas contra el ex ministro de Seguridad
El ex funcionario y tres de sus colaborares deberán comparecer entre jueves y viernes de la semana próxima en las dependencias del MPA. La audiencia corresponde a la causa por la presunta venta ilegal de armas. Paralelamente, Ezequiel Hernández y Mariela Giménez piden que se declare la inconstitucionalidad de la decisión de levantar de manera total la reserva de las actuaciones.
El ministro de Seguridad, Marcelo Sain, fue citado a audiencia imputativa para el próximo jueves 28 de abril a las 10. Lo convocaron junto a otros tres ex funcionarios, los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández, en el marco de la causa en la que se los investiga por la presunta compra ilegal de armas a una empresa de Israel.
Según pudo confirmar El Litoral, la defensa del ex ministro ya fue notificada de la audiencia que se llevará a cabo en las oficinas del Ministerio Público de la Acusación, después de que el juez Nicolás Falkenberg denegara la posibilidad de realizar de manera conjunta y en Tribunales, la imputativa y la de medidas cautelares.
La solicitud original preveía la citación para este martes 19 de abril, pero ante la decisión del juez, los fiscales la reprogramaron para la semana que viene.
Además de Sain, fueron citados para el mismo jueves el ex secretario de Seguridad, Germán Montenegro; y el ex secretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Maximiliano Novas. En tanto, para el viernes 30 fue convocado el ex director de Finanzas, Marcelo Correa.
Secuencia
En el planteo inicial, los fiscales habían solicitado a través de la Oficina de Gestión Judicial que de manera simultánea se realizasen este martes tanto la audiencia imputativa como la de medidas cautelares. En ese caso, la convocatoria debía darse en tribunales y de manera pública. Pero el juez Falkenberg denegó el pedido, fundamentando que para dicho acto no se requiere de la presencia un magistrado que controle la legalidad de los hechos, ya que los presuntos imputados transitan el proceso en libertad. Les sugirió, en cambio, que realizasen en el ejercicio de sus potestades la imputativa; y que a posteriori, solicitaran nuevamente la audiencia de medidas cautelares. Jiménez y Hernández acataron la decisión pero pospusieron la fecha de las audiencias hasta la semana que viene.
Las imputativas de la próxima semana se inscriben en la causa por la presunta compra ilegal de armas, un proceso que en términos administrativos, fue frenado por los propios mecanismos internos del estado. Pero fue la oposición a través de un grupo de diputados provinciales– entre ellos, Juan Cruz Cándido-, quien terminó llevando el tema a la justicia mediante una denuncia penal. En paralelo y conducida por los mismos fiscales, se tramita otra causa en la que Sain y un puñado de ex funcionarios del Ministerio de Seguridad, son investigados por presunto espionaje ilegal. No hay novedades aún sobre la eventual imputativa correspondiente a esa causa.
Recurso contra Creus
En otro orden, los fiscales Jiménez y Hernández interpusieron un recurso de inconstitucionalidad contra la resolución del camarista Sebastián Creus, quien tras una audiencia de apelaciones, resolvió – entre otros puntos- ordenar que se levantase de manera total la reserva de las actuaciones en la causa sobre presunto espionaje ilegal. En su disposición, indicaba a los fiscales que efectuasen copias digitalizadas de toda la información para que fuese entregada a los actores del proceso. Ése es uno de los aspectos cuestionados por los miembros del MPA; en su escrito, los fiscales consideran que dichas tareas "no le competen y que son propias de la actividad defensiva a cargo de la respectiva parte procesal (…). La digitalización de todos los documentos recabados durante la investigación – sostienen- en modo alguno puede estar a cargo de la Fiscalía".
Asimismo, cuestionan la conformación del tribunal para resolver los tres recursos de apelación que se trataron en la audiencia conducida por Creus; y finalmente, advierten que al permitirse la copia y difusión de datos personales de terceros "se vulneran derechos constitucionales". "La resolución – plantean- supone establecer un mecanismo que violenta el derecho a la intimidad, privacidad y seguridad de un sinnúmero de ciudadanos e instituciones de la provincia (…). El decisorio cuestionado – insisten- consagra una grave y desmedida afectación al derecho a la intimidad que excede el ejercicio legítimo del derecho de defensa". Asimismo, alertan que "entregar copias de información de carácter personal, sensible y privada (presuntamente recabada de manera ilegal) a los integrantes de la asociación ilícita destinada justamente a cometer dichos delitos", podría constituir "la continuidad, consumación y agotamiento del posible delito investigado".
