Caso Casco: piden a Sain en Diputados
Uso de fondos públicos para defensa privada de policías
La diputada Matilde Bruera (PJ) ingresó un proyecto de resolución para invitar al ministro de Seguridad, Marcelo Sain, para que informe sobre el uso de fondos públicos para defensas privadas de policías y la intervención de funcionarios públicos en el llamado "Caso Casco", referido al joven bonaerense que estuvo detenido en una comisaría de Rosario y cuyo cuerpo fue hallado después en el río Paraná en el año 2014.
El objetivo de la citación a Sain es conocer detalles de la presentación efectuada por el propio ministro ante la Unidad de Delitos Completos del Ministerio Público de la Acusación para que investigue un posible delito de peculado de funcionarios del ministerio de Seguridad en la anterior gestión.
El proyecto de Bruera tiene preferencia para la sesión próxima y en principio hay cinco aspectos centrales para el interrogatorio al ministro:
Si se utilizaron fondos de la repartición cuya denominación era Dirección de Asuntos Internos para pagar los honorarios de los abogados que defendieron a varios agentes de la misma, imputados por participar en la desaparición forzada y muerte de Franco Ezequiel Casco.
En su caso, de donde surgieron o se derivaron esos fondos.
Se identifique los funcionarios del Ministerio de Seguridad intervinientes en los referidos actos.
Si los letrados defensores de los policías han sido miembros del Ministerio de Seguridad y, en su caso, en qué período.
Si puede identificar los actos o instrumentos donde conste su designación.
Recordó Bruera que "la desaparición forzada de Franco Ezequiel Casco, cuya privación de la libertad y torturas seguida de muerte ocurrió el 6 de octubre de 2014, en dependencias de la Comisaría 7a. de la ciudad de Rosario dio origen a los autos cuya carátula inicial fuera 'Imputado: Gysel, Guillermo Heman y otros s/Privación ilegal de la libertad agravada siendo víctima: Casco, Franco Ezequiel y Otros'. Este expediente fue tramitado ante el Juzgado Federal N 3 de la ciudad de Rosario y en el cual el Ministerio Público Fiscal tuvo por acreditado que los funcionarios policiales imputados participaron en la privación ilegal de la libertad, negaron información sobre las circunstancias de su detención y ocultaron su paradero para obstaculizar la búsqueda".
Días atrás se informó que una auditoría realizada por la Agencia de Control Policial del Ministerio de Seguridad de la provincia detectó que, entre octubre de 2017 y septiembre de 2018, se utilizaron gastos de la repartición (la ex Dirección de Asuntos Internos) para pagar honorarios de los abogados que defendieron a cinco agentes de esa repartición imputados por participar en la desaparición forzada y muerte de Casco. Sobre esa auditoría, Sain pidió al MPA que investigue si el hecho configura el delito de peculado y si los letrados violaron la legislación sobre incompatibilidades y conflicto de intereses.
Para Bruera "si bien es cierto que los fondos reservados están legalmente eximidos de rendición de cuentas por la Ley Nro. 10.296, ello no implica que los mismos puedan sustraerse de la esfera de la administración pública para ser destinados en provecho de intereses particulares, como en el caso, para solventar la defensa penal de los propios policías de Asuntos Internos imputados penalmente por el encubrimiento de la desaparición forzosa y torturas seguida de muerte de Casco". Para la legisladora oficialista esto se agrava "por haber sido ordenada por el funcionario político con la máxima jerarquía funcional del área que por aquel entonces ocupaba la Secretaria de Control de Fuerzas de Seguridad del Ministerio de Seguridad".
Bruera considera de "gravedad político institucional" a lo denunciado por Ministro de Seguridad y considera que deben intervenir para el esclarecimiento de la cuestión todos los poderes del Estado y entiende que lo primero será escuchar a Sain para luego determinar los pasos a seguir.
Beneplácitos
Sobre tablas, sin discursos, Diputados expresó su beneplácito por dos decisiones ocurridas en los últimos días. Por un lado, de Leandro Busatto (PJ) por el acuerdo alcanzado entre la Argentina y los bonistas de la deuda externa y por otro del radical Fabián Palo Oliver por la condena a prisión perpetua a Juan Valdéz por el femicidio de Rosalía Jara en la zona de Fortín Olmos, dpto Vera.
Para facturas de EPE y ASSA
La Cámara de DIputados votó y envió en revisión al Senado un proyecto de Fabián Bastia acompañado por toda la bancada radical disponiendo que tanto EPE como ASSA -en el marco de los decretos nacionales y provinciales que disponen el no corte de servicios públicos durante la pandemia- "deberán eximir de la aplicación de intereses moratorios y punitorios y todo cargo por mora que pudiere corresponder a los sujetos incluidos y durante la vigencia de dichos decretos (311 nacional y 283 provincial). El proyecto incluye entre los beneficios a las empresas de la economía social que presten servicios en la Provincia, ya sean cooperativas de servicios públicos, SAPEM, asimismo municipalidades y comunas que suministran los servicios de agua potable, saneamiento, electricidad urbana y rural. Además suspende los vencimientos de las facturas de compra de insumos de agua y energía que brindan la EPE y ASSA.
El proyecto también dispone que ambas empresas deberán implementar un plan de pago por los períodos incluidos en la ley. Esos vencimientos deberán ser posteriores al 1 de enero, con cuotas mensuales que no podrán superar el 25% del monto promedio mensual de su facturación histórica.
También en la sesión se votó una declaración propiciada por Rubén Giustiniani (Igualdad) expresando "el beneplácito por el congelamiento de las tarifas de la EPE dispuestas por el decreto 0773/20" y pide que ASSA adopte la misma medida "a los fines de mitigar los efectos económicos y sociales de la difícil situación originada por la pandemia"
