Droga: los fiscales provinciales pueden investigar causas conexas
Fallo de la Corte santafesina
En el expediente por una mega estafa inmobiliaria en Rosario, los defensores de los imputados pidieron que la causa pase a la Justicia Federal y, de alguna manera, vuelva a "foja cero". El alto tribunal rechazó el recurso.
Mirador Provincial
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La Corte Suprema de Justicia santafesina avaló que los fiscales provinciales investiguen causas conexas al tráfico de drogas, particularmente en lo que tiene que ver con maniobras de lavado de dinero. La decisión es trascendente en la medida en que, según jurisprudencia de la Corte nacional, se interpreta que las causas por narcotráfico son exclusiva jurisdicción del fuero federal, lo que obligaría al Ministerio Público de la Acusación a desprenderse de las investigaciones en curso.
Es lo que solicitaron por la vía de un recurso judicial los abogados defensores de un grupo de profesionales y empresarios involucrados en el expediente de una mega estafa inmobiliaria, generada en Rosario y conexa a presuntos delitos derivados del accionar narco. En un fallo unánime, la Corte declaró "inadmisible" el recurso, con lo cual dejó expedita la vía para que los fiscales provinciales continúen investigando.
El fallo tiene como primer voto el del ministro Daniel Erbetta, y está suscripto por el de la Acusación son competentes para investigar casos de lavado de activos. El presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, firmó en el mismo sentido al igual que Mario Netri, María Angélica Gastaldi, Roberto Falistocco y Eduardo Spuler.
La resolución significa una muestra de apoyo contundente para los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Quienes iniciaron la investigación y siempre apuntaron al delito de lavado de activos fueron los fiscales Sebastián Narvaja y Valeria Haurigot.
Intereses
"Lo dirimente para determinar la competencia será la naturaleza de los intereses en juego", dijo en la Corte en su reciente fallo.
Además la Justicia refiere a que en el caso en cuestión, los abogados defensores "no logran demostrar que el lavado de activos endilgado a los justiciables no sea consecuencia de delitos ordinarios cometidos en el ámbito de la provincia de Santa Fe".
En la mega estafa, de acuerdo a lo expuesto oportunamente por los fiscales, los acusados se hicieron de diversos inmuebles a través de maniobras fraudulentas convalidadas por escribanos con el lavado de dinero como objetivo final.
La objeción inicial que hicieron los abogados de dos escribanos imputados por lavado de dinero en la causa de fraude inmobiliario, a que el caso fuera llevado por la Justicia provincial, es que este tipo de delitos deben ser abordados por la Justicia Federal. Todas las demás defensas adhirieron luego al planteo.
Ya en 2017 tres jueces de primera instancia lo rechazaron. El camarista Daniel Acosta convalidó esta tesitura, y la Corte Suprema respaldó su decisión.
Según Acosta, entre otros argumentos, hacer lugar al recurso implicaría, "al estar la investigación virtualmente concluida, una forma oblicua de incumplir las obligaciones internacionalmente asumidas (en materia de persecución de maniobras de lavado de dinero)".
Motivación
A mayor abundamiento, el juez sostuvo que "volver a foja cero importaría la inaprovechabilidad de lo actuado, puesto que se estaba en el marco de una averiguación bajo las normas de un sistema adversarial gobernado por la informalidad y se pretendía remitir las actuaciones hacia un fuero cuya investigación es formal y escrita. Reiteró que ello produciría la frustración de la reconstrucción histórica. Puso de resalto que los jueces no pueden desconocer los efectos reales de los pronunciamientos que emiten y que la
Justicia santafesina está dotada de un dispositivo procesal que garantiza el ideal del juicio justo, resultando indiscutible que es más garantizador que el sistema federal".
La idea de algunos fiscales del MPA es que apuntar a la obtención de bienes por parte de las bandas -e incluso de incautárselos- sirve para desalentar las acciones que llevan a cabo para apropiarse de ellos, como homicidios, usurpaciones, balaceras o robos violentos.
Roles
Ya en 2017 tres jueces de primera instancia rechazaron el pedido de las defensas y consideraron inaplicable al caso la invocada jurisprudencia del caso "Olivetto". Ante la nueva queja, el camarista Acosta también denegó la razón a los abogados de los imputados, y el caso llegó a la Corte Suprema.
En el primer voto, el ministro de la Corte Daniel Erbetta señala que no es razonable que un caso que se despliega en el territorio provincial sea investigado por un fuero de excepción como es la Justicia Federal. En esa consideración, Erbetta reconoce el rol del Estado provincial en defender sus competencias mientras no se plantee con claridad que el delito a evaluarse es de competencia federal.
El máximo tribunal dijo con esta resolución que no hay ninguna afectación de derechos constitucionales en que esto sea así. Y que sólo podrá argumentarse competencia federal cuando se demuestre, por cuestiones de hecho, es decir en los casos concretos que se afecten los intereses de la Nación.
