¿Ahorro de energía o mera improvisación?
Enero sin administración pública
Desde los avales para un préstamo bancario hasta los pagos a los proveedores, pasando por la firma de los habilitados para los gastos corrientes. Cómo afecta a los privados el decreto del apagón en el Estado santafesino.
Luis Rodrigo
redaccion@miradorprovincial.com
La decisión de cerrar los procesos administrativos durante el mes de enero, de poner bajo llave a las oficinas del Estado y dejar apenas la mesa de entradas de las distintas reparticiones con el resto de los edificios en penumbras, es -cuanto menos- una invitación a formular preguntas que por ahora siguen sin respuestas.
El gobierno provincial firmó el decreto N°83 que ordena dejar solo en funcionamiento los servicios de salud, de seguridad y de ayuda alimentaria en los comedores escolares. Sin embargo, ¿Cuántas actividades privadas están atadas a encontrar las oficinas abiertas de ciertas reparticiones públicas? ¿Cuánto de la economía real necesita completar sus procesos productivos y comerciales con alguna instancia vinculada al Estado santafesino?
Para responder vale un ejemplo por la negativa: todos los operadores de la Justicia saben, desde siempre, que en enero la señora de los ojos vendados los tiene además cerrados, en su pausa fisiológica reparadora. Abogados y estudios jurídicos han hecho coincidir con ese mes sus vacaciones… Pero no hicieron lo mismo los sectores de la construcción, los prestadores de la salud privada, los comerciantes que pensaban comenzar su emprendimiento con el próximo año, ni los industriales que esperan alguna señal nacional de reactivación y bien pueden necesitar algún formulario.
El decreto dice que sólo se atenderá aquello “muy urgente”, con esas palabras, y preferentemente de “carácter alimentario”. Es una definición opinable y eso se nota: este jueves 19 Mirador Provincial habló con empleados de distintas reparticiones que aún no pueden informar si habrá o no atención al público durante enero. Y la misma respuesta reciben las empresas.
Por otra parte, los proveedores, en tanto empresas, no estarán comprendidos por el carácter alimentario de los pagos. Deberán esperar de brazos cruzados hasta febrero.
En una economía que ha logrado imponer regulaciones, permisos, registros, tasas y bendiciones obligatorias del sector público, éste no puede simplemente decretar que el año tiene un mes menos.
Dentro del propio oficialismo también aparecen preguntas: ¿No es por lo menos extraño que quienes creen que el Estado puede ser un factor en favor de la demanda agregada hayan decidido detenerlo? ¿Otras provincias han adoptado la misma decisión? ¿Está en sintonía con el gobierno nacional?
Desde la oposición son más duros. Sostienen que el enero de licencias obligatorias será la oportunidad para producir los nombramientos de direcciones y oficinas que todavía no se han definido, a pesar de la extensa transición.
Una “pausa fisiológica”
Los fundamentos del decreto 83 que obliga a tomar las licencias anuales en enero hablan de “la pausa fisiológica reparadora necesaria para el correcto desempeño de los servidores públicos”. Curiosamente, en ningún momento se dice que se trata de un derecho de los trabajadores. Como si simplemente lo dictara la naturaleza. Y si se descansa, es para luego trabajar mejor. ¿Alguien pensó en que habrá empleados públicos que ya tomaron por adelantado sus licencias y ahora no podrán ir a sus oficinas, cerradas y en la austera oscuridad?
¿Los avales bancarios quedan para febrero?
Desde hace años, los trámites del Registro de la Propiedad se resuelven por internet. Ya no se hacen largas colas, ni se reparten números para la atención al público, tampoco se marcan los expedientes con algún papelito para identificar los tomos. Todo está informatizado y las búsquedas y los procesos administrativos llevan muchísimo menos tiempo. Pero además de bases de datos y un soporte informático se necesitan los cerebros de los empleados que los llevan a cabo.
Una paralización, aunque sea parcial del Registro significa problemas en la actividad privada vinculada a la construcción y las escribanías y las inmobiliarias, pero también para los bancos.
Los avales que requieren los créditos incluyen, muchas veces, la verificación de las condiciones de las propiedades que presentan como garantías los tomadores de préstamos.
Es lo que ocurre con las empresas que realizan para los bancos la verificación de los perfiles de los clientes y de sus propiedades: necesitan del Registro. Un vocero de una firma local, comentó a este diario que desde que se sabe del decreto ha intentado saber si contará o no con el registro. Y en el interín ya ha planteado a sus ocho empleados cambiar -también- sus vacaciones que habían sido organizadas de manera de no cerrar en enero. Sigue en veremos.
