Diputados realizó su primera sesión extraordinaria
El justicialismo quiere validar el acuerdo antes de fin de año. Dudas del Frente Progresista. Walter Agosto irá la semana próxima a la Cámara Baja.
Mario Cáffaro
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La ratificación del llamado consenso fiscal 2019 firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y los gobernadores, entre ellos Omar Perotti fue solicitada por el Poder Ejecutivo santafesino e ingresó a la Cámara de Diputados en la primera sesión extraordinaria del nuevo cuerpo. La bancada justicialista -en minoría- hizo gestiones para tratarlo sobre tablas, pero no logró apoyo del mayoritario Frente Progresista. En el recinto, el jefe del oficialismo, Leandro Busatto, pidió un tratamiento preferencial que le fue concedido. En la reunión de Labor Parlamentaria el justicialismo se comprometió a que el ministro de Economía, Walter Agosto, esté lunes o jueves en Diputados para informar sobre los alcances del acuerdo y determinar la suerte del mensaje.
El mensaje ingresó recién ayer a Diputados y si bien el Frente Progresista accedió a darle tratamiento preferencial no ha comprometido el voto para el jueves venidero. El proyecto tiene dos puntos, el primero de los cuales ratifica el acuerdo y el segundo suspende hasta el 31 de diciembre de 2020 nueve incisos de la cláusula III del consenso fiscal 2017 convalidado por la ley santafesina 13.748.
Se aclara en los considerandos que además de firmarse el consenso, presidente y gobernadores solicitaron se eleve a los poderes legislativos los respectivos proyectos de ley. “Que asimismo se solicita la modificación de las leyes necesarias para su efectivo cumplimiento, y autorización a los poderes ejecutivos para dictar normas a los fines de operativizar con la urgencia que la situación descripta exige, los cometidos del acuerdo”.
La mayoría oficialista es partidaria de esperar la ratificación del consenso por parte del Congreso para luego avanzar en la discusión santafesina. No obstante, se mostraron dispuestos a escuchar la explicación de Agosto. Otras voces oficialistas proponen discutir el consenso junto a la ley tributaria provincial que será elevada en semanas más por el Poder Ejecutivo.
En tanto, ayer llegó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda -aún no definió autoridades- el pedido de Carsfe para “una urgente audiencia” para analizar la suspensión del consenso fiscal y la ley tributaria 2020. “Sería de suma importancia poder transmitirle nuestro punto de vista respecto de ambos temas, ya que tienen injerencia directa sobre la actividad productiva de nuestro sector” dice la nota firmada por el titular de la entidad, Carlos Castagnani y el secretario, Ignacio Mántaras.
Bruera por Frana
En el inicio de la sesión, el pleno de Diputados aceptó la renuncia a la banca de Silvina Frana, actual ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat y le tomó juramento a la rosarina Matilde Mariana Bruera quien se sumó a la bancada justicialista.
Tras una serie de proyectos votados sobre tablas, y en la parte final, hubo una serie de manifestaciones sobre retenciones (Juan Cruz Cándido), intervención a la EPE (Fabián Bastía), de rechazo al retiro del cónsul de Bolivia en Rosario (Damaris Pacchioti) y sobre el diciembre trágico de 2001 (Carlos Del Frade). El rosarino señaló que “llega a la mayoría de edad (18 años) el fusilamiento de nueve santafesinos” y cuestionó el accionar policial y judicial con respecto a estos hechos.
En cuanto a la intervención dispuesta por el gobernador Omar Perotti en la EPE, el radical Bastía, vicepresidente de la empresa hasta el 10 de diciembre, cuestionó la decisión asegurando que no hay argumentos legales. “Se intervino un directorio que no existía porque el que integré terminó su mandato con el gobernador Miguel Lifschitz. La palabra intervención es dura, llama la atención” subrayó para luego explicar que las resoluciones adoptadas son públicas, los ingresos de directores están colocados en la página, las inversiones realizadas y en marcha. Más adelante reivindicó las denuncias judiciales presentadas por el directorio saliente y mencionó el desmembramiento de la EPE paralela en Rosario que derivó en procesamientos, sumarios y exoneraciones de agentes.
Mencionó que el interventor hizo muy pocos cambios de gerentes y ninguno en oficinas comerciales. Atribuyó la decisión del Poder Ejecutivo a la falta de diálogo en la transición y afirmó que la Auditoría General de la Nación (AGN) se retiró felicitando a los funcionarios por la calidad de la información.
