Terrenos en litigio, donde viven 24 familias
Tres años atrás, la justicia había ordenado el desalojo en 27 de Febrero y Colombres. Ahora, tras la intervención municipal, del Concejo rosarino y de la Legislatura puede haber una solución.
Luis Rodrigo
redaccion@miradorprovincial.com
En la Cámara de Senadores se encuentra un proyecto de ley, cuyo objetivo es atender la situación que viven 24 familias que viven en el distrito Oeste de la ciudad de Rosario y que han ocupado el terreno de un particular.
Se trata de una iniciativa del senador socialista por ese departamento, Miguel Cappiello, que impulsa la expropiación de un predio en litigio, que tres años atrás vivió una tensa situación ante la posibilidad de un desalojo.
La norma que ingresó a las comisiones de la Cámara alta, está “en consonancia” con la Ordenanza 9.644 del Concejo Municipal de Rosario, que fue una respuesta política ante la ocupación y la amenaza judicial de un desalojo por la fuerza pública.
La ley en estudio promueve que se declaren “de utilidad pública y sujetos a expropiación los terrenos ubicados en calle 27 de Febrero S/N de la ciudad de Rosario, registrados a nombre de Carolina Angelina Lía y Alfonso Ramón Marques, respectivamente, ambos empadronados en el Servicio de Catastro e Información Territorial bajo las partidas correspondientes”.
Voluntad de acuerdo
En los fundamentos, Cappiello destaca que “los vecinos siempre han demostrado una gran predisposición para colaborar en la resolución de este conflicto, acudiendo a todas las instancias a las que han sido convocados, realizando actividades para recaudar fondos y explicitando la voluntad de pago de los terrenos”.
Agrega que la municipalidad realizó un relevamiento en abril de este año, “que pudo constatar que entre los ocupantes del predio se encuentran 24 familias distribuidas en 21 viviendas, integradas por 41 adultos y 32 menores, registrándose 3 embarazos en curso, dos personas discapacitadas y dos que padecen HIV”.
Para el senador “resulta imperiosa la intervención del Estado a los fines de garantizar los derechos de los actuales habitantes de los lotes en litigio e impedir que un eventual lanzamiento
los coloque en situación de desamparo y en la calle”.
Antecedente
En mayo de 2013 la justicia había ordenado liberar de sus ocupantes al predio mencionado y desde entonces, mediante distintas intervenciones del municipio, la situación se ha prorrogado sin una solución de fondo.
Respecto de la judicialización del conflicto, Cappiello dice en los fundamentos que, en ese y otros casos, “los desalojos no deberían dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos”, al tiempo que sostiene que “la expropiación de los terrenos constituye la vía más idónea para resolver este conflicto”.
“Se debe garantizar el acceso a la vivienda de la ciudadanía en situación de vulnerabilidad y evitar el previsible conflicto que se originará al momento de intentar un desalojo forzado de las familias radicadas en el terreno en litigio”, fundamenta el senador.
La municipalidad realizó un relevamiento en abril de este año del que se desprende, “que pudo constatar que entre los ocupantes del predio se encuentran 24 familias distribuidas en 21 viviendas, integradas por 41 adultos y 32 menores, registrándose 3 embarazos en curso, dos personas discapacitadas y dos que padecen HIV”.


















