Tras 20 allanamientos realizados en 2019, en el sur provincial
Mauro Dalmazzo
Se está llevando adelante en el sur provincial el primer Juicio Oral y Público en el marco de una investigación del Juzgado Federal de Venado Tuerto, con Aurelio Cuello Murúa como juez y Javier Arzubi Calvo como fiscal. En el banquillo están sentadas 22 personas acusadas de producir y comercializar estupefacientes. Actualmente seis se encuentran detenidas en el penal de Piñero, dos en el de Coronda y una mujer con prisión domiciliaria.
El Tribunal en lo Criminal Oral N°3 de Rosario, integrado por Mario Gambacorta, como presidente, Eugenio Martínez y Osvaldo Fasciano, como vocales, será el que debe definir una sentencia, una vez finalizadas las audiencias.
La investigación
Las actuaciones se iniciaron el 7 de octubre de 2018, a raíz de un llamado anónimo efectuado a la Central de Emergencias 911 de la Policía de la provincia de Santa Fe, mediante el cual una persona puso en conocimiento que en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Monseñor Borgarino y Vieytes, de Venado Tuerto, se estarían llevando a cabo conductas relacionadas con el comercio de material estupefaciente, y que en ese lugar viviría "el gordo C.".
En razón de los distintos seguimientos efectuados y de las intervenciones telefónicas, se determinó que las personas investigadas se dedicaron al comercio de material estupefaciente, llevando a cabo las maniobras en las localidades de Venado Tuerto, Rufino, Firmat y Melincué, operando algunos desde la cárcel de Coronda.
Asimismo, se determinó que en algunas de las maniobras estaría implicado Luis Emiliano B. C., integrante de la Subdelegación Venado Tuerto de la Policía Federal Argentina, quien habría tomado conocimiento de la investigación que se llevaba a cabo sobre algunos de los imputados, omitiendo efectuar la denuncia correspondiente, y ayudándolos a eludir las investigaciones realizadas por la Policía de la provincia de Santa Fe.
En consecuencia, se hicieron efectivos 20 allanamiento el 27 de febrero 2019, donde se procedió al secuestro de distintas cantidades de material estupefaciente, elementos de corte, balanzas, teléfonos celulares y otros elementos. Y se procedió a la detención de varias de las personas investigadas.
A un número importante de los aprehendidos se les atribuyó "sembrar, cultivar y guardar para producir estupefacientes" distintas plantas de cannabis sativa que fueron encontradas en los domicilios. Como así también, en otros casos, la comercialización de cocaína.
Agente federal
Respecto a Luis Emiliano B. C., al momento de recibirle declaración indagatoria se le atribuyó: "Haber ayudado a eludir las investigaciones de la autoridad pertinente de un delito grave y haber omitido denunciar su perpetración, sin identificar a los autores y/o partícipes del mismo, habiendo dejado, de tal manera, de promover la persecución y represión de los delincuentes. Y se le imputa, haber revelado hechos y/o actuaciones y/o datos sobre una causa penal en trámite que por ley deben ser secretos".
Pruebas suficientes
El Juzgado Federal de Venado Tuerto consideró que "la ultraintención de comercializar el material estupefaciente se encuentra acreditada en razón de la manera en que estaba acondicionado y en las condiciones en que fue hallado, es decir, de la forma que comúnmente se comercializa, fraccionado en bochitas y en trozos compactos. Como así también en que se procedió al secuestro de bolsas de nailon y balanzas, elementos que se utilizan para la preparación de dicho material".
En uno de los casos, se comprobó que Guillermo Sebastián L. era quien conseguía la droga mediante el uso de su teléfono celular desde el interior de la cárcel de Coronda donde estaba detenido, siendo su pareja la persona encargada de buscar el material estupefaciente en la ciudad de Rosario y en otras localidades de la provincia de Santa Fe, para comercializarlo en Firmat, Venado Tuerto, Rufino, Melincué y Coronda.
Acusación
En el marco del juicio que se lleva adelante por el Tribunal Oral Criminal N°3 de Rosario, los imputados son acusados de los siguientes hechos: Natalí Rafaela C., Guillermo Sebastián L., Walter Oscar C., Lucas Damián S., Natalí Caroline M. G. y Jesús Alberto B. se los acusa como autores del delito de comercio de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, agravados por la intervención de tres o más personas en forma organizada y sirviéndose de menores de 18 años.
A Lucas V. M. y Ángeles Tatiana B. como autores del delito de comercio de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización y de cultivo de plantas para producir estupefacientes, agravados por la intervención de tres o más personas en forma organizada y por haberse cometido en las inmediaciones de un establecimiento de enseñanza (jardín de infantes).
Para Florencia Natalí P. A. como autora del delito de comercio de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización en Melincué.
Cristian L. P. y Juliana Anahí C. como autores del delito de comercio de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización y de cultivo de plantas para producir estupefacientes en Venado Tuerto.
En tanto, Fabricio Martín M., Maira Jaquelina C., Belén Cristina F., Georgina Ayelén F., Martín Ezequiel C., Lucas Leonel B. y Romina Daiana P. como autores del delito de comercio de estupefacientes agravado por haberse cometido por tres o más personas en forma organizada.
Además, a Rosa Haydee R. como autora de delito de comercio de estupefacientes agravado por haberse cometido por tres o más personas en forma organizada.
Mientras que a Denis Enrique T. como autor del delito de comercio de estupefacientes. Facundo Alejandro R. como autor del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización. Luis Emiliano B. C. como autor de los delitos de encubrimiento por favorecimiento y por omisión de denuncia, doblemente agravado por ser funcionario público y por ser especialmente grave e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En tanto, a un policía de la Provincia de Santa Fe que prestaba servicios en Rufino, la cámara federal revocó el procesamiento dispuesto por el Juzgado de Venado Tuerto y en consecuencia el fiscal solicitó el sobreseimiento.
