Derechos humanos
El Comité Provincial de Prevención de la Tortura, creado luego de la sanción de la Ley provincial N° 11.059 firmada por el Gobernador Gustavo Bordet en marzo de este año, convoca a organizaciones de derechos humanos a participan de este órgano. El llamado se realizó mediante la Comisión Bicameral Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, conformada el pasado 17 de mayo.
El organismo estará conformado por seis integrantes, de los cuales dos serán representantes de organizaciones de derechos humanos provinciales, con personería jurídica vigente, tres serán legisladores provinciales y el restante será el Subsecretario/a de Derechos Humanos de la Provincia. Además, en su integración, según versa la ley, “se asumen como prioritarios los principios de paridad de géneros sobre la base de la igualdad y no discriminación”.
La convocatoria está abierta desde el lunes 22 de mayo por un plazo de 10 días corridos, es decir que el llamado cerrará el próximo miércoles 31 de mayo. Los requisitos para las organizaciones aspirantes a participar del comité es la presentación de la documentación que avale la vigencia de la personería jurídica y una nota de presentación firmada por la persona que la preside.
Según la publicación realizada el 22 de mayo en el Boletín Oficial de la provincia y firmada por el senador y presidente de la Comisión Bicameral, Jorge Maradey, y la diputada y secretaria Stefanía Cora, la documentación puede presentarse de manera digital o en papel.
En el caso de la primera opción debe enviarse al correo electrónico bicameralddhher@gmail.com y en papel debe presentarse ante la Mesa de entradas de la Honorable Cámara de Diputados o de Senadores.
Su función
El Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Inhumanos o Degradantes tiene como objetivo de erradicar la violencia institucional y hacer valer los derechos humanos de todas las personas en la actualidad. Asimismo, desde el gobierno provincial se informó que los controles se ejercerán sobre cualquier tipo de establecimiento donde se alojen personas detenidas, procurando que siempre estos lugares sean sanos y limpios como dispone la Constitución.
