Derechos Humanos
El gobernador Gustavo Bordet promulgó la Ley provincial N° 11.059 por el cual se crea el Comité Provincial de Prevención de la Tortura y Otros Tratos Inhumanos o Degradantes. “Es un paso muy importante para erradicar la violencia institucional y hacer valer los derechos humanos”, afirmó.
El mandatario entrerriano destacó que la norma “pone a Entre Ríos a la vanguardia en materia de derechos humanos”, y que “abre el camino a una nueva modalidad de trabajo entre las distintas esferas del Estado y las organizaciones de derechos humanos que también formarán parte del mecanismo”.
Asimismo, sostuvo que “en este nuevo 24 de marzo, esta Ley significa renovar el compromiso con la vigencia de los derechos y garantías constitucionales que tiene toda la población entrerriana y, en especial, con la erradicación de prácticas crueles o vejatorias que tienen sus raíces en aquellos años tan oscuros por los que atravesó la Argentina. Es una forma más de continuar reafirmando nuestra convicción de memoria, verdad y justicia. Una decisión que confirma a Entre Ríos en la senda del Nunca Más”.
La recientemente promulgada Ley N° 11.059 viene a modificar la N° 10.563 de acuerdo a los criterios acordados con las organizaciones de Derechos Humanos de la provincia. En especial el artículo 8°, que establece la integración del comité. El organismo estará integrado por seis miembros, dos propuestos por las organizaciones de Derechos Humanos con personería jurídica vigente; tres Legisladores a propuesta del Poder Legislativo provincial, uno por la mayoría y otro por la primera minoría de la Cámara de Diputados, y un senador. Al renovarse la composición de la Legislatura y dentro del primer mes de iniciado un nuevo período, cada Cámara renovará los miembros del Comité, conforme esos criterios; el/la subsecretario/a de Derechos Humanos de la provincia, u organismo que en el futuro lo reemplace, pudiendo ejercer esa representación otro agente de planta permanente de dicha dependencia.
En la integración del Comité se asumen como prioritarios los principios de paridad de géneros sobre la base de la igualdad y no discriminación, de adecuada participación de las organizaciones de la sociedad civil interesados en el cumplimiento de las finalidades previstas en el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y en la ley.
