domingo, mayo 17 2026

Vecinos reclamaban una solución

 

Rodrigo Pretto

Aprobada por mayoría con cuatro votos afirmativos y dos negativos, el Concejo de la ciudad de San Jorge -departamento San Martín- le dio el visto bueno a una ordenanza que prohíbe el uso de rifles de aire comprimido y gomeras en toda la extensión de la zona urbana. El proyecto establece multas económicas que van hasta el valor de los 50 litros de combustible y, en caso de reincidencia, duplica los montos.

“Fueron dos años de trabajo de un largo debate y, si bien la iniciativa era simple, existía una fuerte discusión sobre qué corresponde y qué no. Una vez que se logra ese consenso, las cosas empiezan a cambiar”, sostuvo el presidente del recinto, Gustavo Paschetta, en diálogo con este medio.

En 2020, un grupo de vecinos envió al Concejo sanjorgense un pedido firmado por 300 ciudadanos que solicitaban una rápida solución a hechos vandálicos promovidos por el uso de gomeras y rifles de aire comprimido dentro del ejido urbano. En reiteradas ocasiones se producían roturas de luminarias en la vía pública, parabrisas de vehículos particulares y vidrios de viviendas. Y al poco tiempo, una agrupación local protectora de aves también elevó un pedido al propio cuerpo legislativo para que impulse la prohibición de este tipo de armas.

“Es común que en las plazas de las pequeñas localidades se use gomeras y rifles para cazar pájaros. Entonces entendiendo la problemática y unificando criterios más allá que uno venía del lado de la conservación y otro del vandalismo, nos pusimos a trabajar con un representante de cada equipo para armar un proyecto”, contó Paschetta.

La normativa le da la potestad al Municipio, como órgano de aplicación y control, para “facultar la comprobación y sanción de las infracciones que pudieran resultar del incumplimiento de la ordenanza, como así también para dictar las normas complementarias y reglamentarias que considere pertinentes”.

Y si bien el proyecto original contaba con una serie de artículos de mayor alcance, luego se decidió reducirlo para una mejor promoción del mismo. “Uno de mis argumentos fue que en San Jorge se promulgó la Pirotecnia Cero y aún no se erradicó por completo. Entendemos que es difícil su control pero culturalmente ya genera un cambio y avanzamos en un esquema donde se sabe que está prohibido”, destacó el edil.

La ordenanza prevé sanciones para quienes utilicen rifles y gomeras en espacios públicos y no respeten la normativa. En aquellos casos donde se trate de mayores de 18 años, se podrá labrar un acta, secuestrar las armas y proceder a través del Juzgado de Faltas. En caso de ser menores de edad, se realiza un trabajo de concientización con el joven y sus padres.

A su vez, establece una multa con un costo de hasta 50 litros de nafta súper. “En caso de ser menores de 18 años, el inspector deberá tener la cintura para proceder y explicarle a los chicos la prohibición de las gomeras y los rifles. La reglamentación le da al Ejecutivo la potestad de su procedimiento. Pero la sanción económica recaerá sobre los responsables mayores”, contó el presidente del Concejo.

En tanto, Paschetta se encargó de destacar cierta diversidad de situaciones. “No es lo mismo un grupo de chicos cazando en una plaza que jóvenes rompiendo luminarias públicas. Ahí ya puede interceder la policía por vandalismo. El tema es que sepamos que está mal y no se puede hacer. Con esta normativa es potestad de todos hacer cumplir esto, desde las fuerzas de seguridad, hasta los inspectores de tránsito y vigilancia urbana”, indicó.

El legislador puntualizó que la problemática vandálica se puede visibilizar en mayor medida en los barrios, mientras que en las plazas públicas la incidencia se direcciona a la matanza de aves. “No se trata de hechos que se producen todos los días, pero cuando suceden generan bronca. Un claro ejemplo es cuando un vehículo es dañado con una piedra que es arrojada por una gomera. Todos tienen responsabilidad civil contra terceros, entonces el seguro no cubre las roturas y el damnificado debe hacerse cargo de los costos porque no hay a quien responsabilizar. La ordenanza tiene una alta adhesión social”, finalizó.

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