Después de la farsa estatizadora
Los acreedores granarios pequeños podrían cobrar todo lo que se les debe. Los bancos internacionales tienen un dilema por definir. Y el Banco Nación está atrapado entre el discurso "Nac&Pop" y la continuidad productiva.
Luego de superar las presiones de la farsa estatizadora por parte del gobierno nacional, que nunca tuvo ni plan ni financiamiento para ese fin, el juez del concurso de Vicentin SAIC, Fabián Lorenzini, logró que en el expediente haya una oferta tentadora para 791 pequeños acreedores granarios. Cobrarían el 100 % de lo que se les debe, en dólares.
Pero el escenario de lo posible aún no es sencillo. Hasta el 31 de marzo próximo, un piso de 51% de los acreedores (tomados en condición de iguales, sin importar el monto) y los tenedores de al menos dos tercios de los U$ S 1573 millones de la deuda de la empresa, deben prestar conformidad a la propuesta de pago que ya forma parte del expediente judicial.
Allí el dato decisivo es la postura que tendrán los bancos internacionales IFC y FMO; sus representantes locales dieron su consentimiento en la comisión técnica del concurso, pero la decisión está fuera del país. El dilema para ellos es que la eventual quiebra y posterior venta de activos podría depararles más pérdidas que las que asumirían con la oferta en el concurso.
Vicentín y tres inversores estratégicos -Viterra (Glencore), Asociación de Cooperativas Argentinas y Molinos- terminaron de conformar la propuesta y ahora gestionan las adhesiones.
La nueva propuesta supone erogar U$ S 297 millones a los acreedores quirografarios, con un primer desembolso de U$ S 35,8 millones (en principio) el 1 de julio de este año -30 mil dólares por cada acreedor o menos si no alcanzan esa cifra, a todos por igual- y un segundo pago inicial unos 10 días después, a prorrata según la proporción de cada acreedor, hasta completar U$ S 170 millones de ese primer desembolso.
Al año del primer pago, se compromete un segundo desembolso por U$ S 127.000.000, pagaderos a prorrata de las respectivas acreencias de los acreedores correspondientes y descontado el pago inicial.
Además del aporte de capital de los IE, la empresa originaria con sede en Avellaneda vendería lo que le queda del gigante Renova (plantas de biodiésel y glicerina en San Lorenzo; molienda de soja en Timbúes) y se quedaría sólo con 5% del grupo.
Por las acreencias que no se cubran con los pagos del plan, las acciones de Vicentin deberán depositarse en un fideicomiso para pasar a manos de los inversores estratégicos (Aca, Molinos y Viterra); éstos, en 12 años, tras la eventual homologación, deberán aportar U$ S 165 millones -una vez más a prorrata de sus acreencias- o incluso más si la rentabilidad operativa lo permite.
El dilema de los que resisten
Al menos en lo evidente, la corredora de granos rosarina Grassi SA es la que -desde el sector privado- más resistencias puso a las propuestas de Vicentin y de los Inversores Estratégicos en el marco del concurso. En su derecho, sumó además acciones penales contra los ex directivos de la empresa concursada.
Más allá de la acción penal en sede rosarina, el expediente que tiene en Reconquista el juez Lorenzini en sus manos no juzga lo sucedido sino que procura salvar la empresa desde el consentimiento de la mitad más uno de los acreedores y de dos tercios de las acreencias.
Entre quienes resisten el concurso, prosperó la idea de tener una empresa "testigo" desde el Estado; para eso contaban con la capacidad del Banco Nación como acreedor privilegiado, para poner palos en la rueda del concurso. Pero necesitaban de la concurrencia decisiva de la Asociación de Cooperativas Argentinas.
ACA no tiene por estas horas la mejor relación con el gobierno. Víctor Accastello, subgerente de la Asociación de Cooperativas Argentinas, se quejó amargamente -y sin éxito- contra la ley de biocombustibles que dejó fuera del juego del corte de naftas con etanol a la planta que la cooperativa tiene en Villa María, en la que la cooperativa invirtió U$ S 200 millones.
Para la cooperativa, tener de socio a La Cámpora para apropiarse de Vicentín, nunca fue alternativa; menos en un Estado quebrado que no tiene cómo financiar una estatización. ACA se quedó del lado de la "multinacional" Viterra y de Molinos, y ahora el Banco Nación es el que debe decirle al juez cuál será su posición ante la propuesta de Vicentin. Derribar el acuerdo sería ponerse en contra de los acreedores pequeños y de los trabajadores de Vicentin.
Activos en venta
Según la propuesta, tal como lo anticipó El Litoral, Vicentin pondrá en venta Renova, con lo que piensa obtener U$ S 310 millones entre este año y el próximo. Además los inversores estratégicos se quedarían con SL, Ricardone, Renopack y PBSA por U$ S 92,4 millones este año y U$ S 189 millones más en 2033. FCS Etanol, Activos "Non Core" y la caja inicial de la empresa aportarían otros U$ S 157 millones.
La situación del Banco Nación
Si acepta el plan de pagos, el Banco Nación recuperaría 28,5 este año y 21,3 millones en 2022 , más 27,6 millones en 2033. La entidad oficial es acreedor "privilegiado"; todos los años el directorio de la concursada propone pagarle otros U$ S 5 millones por año hasta 2033. Vicentin y el Banco Nación deberían avanzar en este caso en un consenso.
La entidad crediticia estatal estaría recibiendo alrededor de U$ S 131 millones si se produce un entendimiento en base a la propuesta de Vicentin. El Banco Nación tiene una acreencia equivalente a unos U$ S 300 millones, pero hay un 20% de la suma que es "no privilegiada".
La planta de etanol (en la que trabajan unos 200 operarios) es parte del denominado Nodo Norte del grupo Vicentin; el Banco Nación tiene algunas garantías sobre ese activo que la concursada pone a la venta, junto con Renova.
Improvisación estatista
"El Estado dio pasos en falso", reconoció sobre el final del año pasado Claudio Lozano ante la comisión de seguimiento del caso Vicentin de la Legislatura, que preside el justicialista Luis Rubeo.
Fue Anabel Fernández Sagasti, la mendocina cristinista, quien precipitó el anuncio de estatización al lado del presidente. "Lo que percibí fue una cosa muy improvisada, poco seria. Una cosa tan delicada, que se haga tan mal", reconoció Lozano, que admitió ante los legisladores que el gobierno hizo el anuncio sin tener un plan.
Si bien ratificó que su idea era "armar una empresa testigo", admitió que cuando fue al Senado -citado por la legisladora kirchnerista- lo sorprendieron preguntándole a él cómo seguía el tema.
Contó "tres hechos que me dieron certeza de la improvisación y que hacen que no sepa por qué se tomó la decisión" del anuncio estatizador. Además del llamado de la senadora, contó que lo llamó el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, "y me preguntó qué hacemos ahora".
"Después me llamó Alberto (el presidente) para decirme que saliera a explicar esto; le dije -no sé qué estás haciendo", añadió el propio director del Banco Nación.
