En libertad
Ariel Zancocchia fue imputado en libertad este miércoles junto a otros seis policías. Según los fiscales integraron una asociación ilícita dedicada a lucrar con reparaciones que no se llevaban a cabo y en la comercialización de repuestos.
El ex subjefe de la Policía de Santa Fe Ariel Zancocchia fue imputado en libertad este miércoles por irregularidades en el manejo de fondos para la reparación de patrulleros y por venta de autopartes de los móviles de la fuerza de seguridad provincial. Junto a él fueron acusados ex altos mandos de la Unidad Regional II y agentes que pasaron por la Unidad Regional XVII de San Lorenzo. La Fiscalía pidió que todos tengan que pagar una caución de 200 mil pesos y que no puedan salir del país.
En total fueron siete los uniformados alcanzados en la audiencia imputativa que encabezaron los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery. La causa se inició en 2019 por manejos de fondos en la reparación de patrulleros y venta de autopartes, y se amplió tras una inspección de la Agencia de Control Policial en Tarragona 790 bis, en "La base Comando, Rampa Norte", también denominada comúnmente "Taller Tarragona". La investigación tomó estado público el 29 de julio pasado, cuando fueron los 19 allanamientos.
Los fiscales atribuyeron a los siete sospechosos haber integrado una presunta asociación ilícita que, de acuerdo a la causa, hacía pasar arreglos que no se hacían –o registraban reparaciones a otros que estaban en buenas condiciones–, compraba repuestos que nunca se colocaban en móviles fuera de servicio y los vendían a terceros.
A Zancocchia además los fiscales lo acusaron por negociaciones incompatibles con la función pública, ya que la proveedora de autopartes de la fuerza de seguridad era la firma "Genarino Mecánica", cuyo socio fue el propio Zancocchia antes de ser alto mando provincial.
Foto: Gentileza
Hay un octavo alcanzado en la investigación, pero ya fue imputado meses atrás. Se trata del suboficial Germán Trujillo, que se desempeñó como encargado del "Taller Tarragona" hasta el año pasado, cuando fue la inspección que impulsó la causa.
En una auditoría elevada el 15 de abril pasado por la Agencia de Control Policial, se dejó asentado que se encontraron “irregularidades manifiestas como la contradicción en el registro de los estados de los móviles y lo observado a simple vista; móviles entregados para arreglos determinados y se encuentran en otro estado; vehículos que no pertenecen al Comando Radioeléctrico, sino a otras dependencias”.
En ese informe además se precisó que en "Taller Tarragona" fueron hallados 23 patrulleros de otras dependencias y que dicha situación nunca había sido asentada en ningún documento público.
La resolución
La jueza penal de primera instancia Paula Álvarez hizo lugar a las calificaciones legales presentadas por la Fiscalía. Los dos funcionarios del MPA pidieron para todos las siguientes reglas de conducta (es decir, que no queden detenidos): firma quincenal ante la Oficina de Gestión Judicial por el plazo de 8 meses; una caución real de 200 mil pesos para cada imputado; y la prohibición de salir del país por 8 meses.
La jueza dio 15 días de corrido a las defensas antes de resolver la petición fiscal. La medida es para que los abogados particulares puedan examinar las constancias del legajo. La audiencia se retomará el jueves 13 de enero.
