La pandemia dificultó la tramitación
El instrumento es otorgado por la Inspección de Personas Jurídicas y tendrá validez hasta junio del año venidero. En Diputados también votaron un proyecto para que hipoacúsicos presten funciones en el Estado.
La Cámara de Diputados votó un proyecto de ley para extender hasta el 30 de junio del 2022, el certificado de subsistencia que emite la Inspección General de Personas Jurídicas para el otorgamiento de subsidios o aportes económicos por parte de la Administración Pública Provincial a asociaciones civiles, simples asociaciones o fundaciones. La iniciativa girada al Senado incluye la posibilidad de que la propia IGPJ extienda por 180 días más ese plazo en caso de persistir la emergencia sanitaria nacional declarada por la pandemia de Covid 19.
El proyecto, presentado por la socialista Rosana Bellatti, apunta a ampliar la vigencia de 365 días que tienen los certificados de subsistencia que deben tramitar las asociaciones civiles y fundaciones. "En virtud al gran número de reclamos que me hacen llegar distintas entidades deportivas, asociaciones civiles y fundaciones de la provincia, respecto a ello, considero prudente se considere ampliar la vigencia de esta solicitud de subsistencia a dos años, salvo en el caso de vencimiento de mandato de autoridades o el cese de sus actividades", explicó la autora del proyecto.
Añadió que solicitar la emisión de un certificado de subsistencia por parte de las asociaciones con personería jurídica y fundaciones inscriptas en la IGPJ conlleva contar con tiempo y recursos suficientes para realizar diversos trámites. Admitió que una resolución de la Inspección simplifica la solicitud a la presentación de un simple formulario, pero más adelante el mismo organismo ordena que "si la persona jurídica de que se trate no estuviese al día con la presentación de la documentación exigida por las resoluciones vigentes, la certificación dejará constancia de esa falencia, lo que importará intimación a su cumplimiento por el término de quince días y bajo apercibimiento de iniciarse procedimiento para la aplicación de sanciones. El retiro del documento importa notificación."
Para la socialista un certificado de subsistencia no puede tener un plazo acotado de vigencia, atento a que le exige a la entidad tener que requerirlo de manera casi permanente contando el tiempo destinado a procurar toda la documentación que debe presentar, ni tampoco debería ser muy prolongado puesto que debe constatarse la actividad real de la misma mediante el acompañamiento de sus estados contables.
Por otro proyecto de ley votado y también girado al Senado, Diputados crea el Registro de Traductores Intérpretes del Lenguaje de Señas Argentina (LSA) que estará en la órbita del ministerio de Gobierno. Ese registro apuntará a promover la inclusión de las personas con discapacidad hipoacústicas a fin de que se desempeñen como traductores e intérpretes de las personas que concurran a las oficinas de la administración pública central y descentralizada, entidades autárquicas, empresas o sociedades del estado, sociedades de economía mixta o con participación estatal mayoritaria, en el marco de lo normado por la Ley 13258. El registro sólo incorporará a personas hipoacústicas que cuenten con certificado de traductores del Lenguaje de Señas Argentina.
La iniciativa de la radical Marlen Espíndola apunta a complementar las leyes N°13258 y N°13.853 que, en la provincia, regulan en materia de Discapacidad. El texto votado pretende prever la plena igualdad y participación social de las personas sordas para cumplir la primera norma que manda a incluir intérpretes de lengua de señas en diferentes contextos de atención a los ciudadanos en oficinas y dependencias del Estado provincial. Señaló la autora que en un momento donde el mundo está saturado por las tecnologías comunicativas, hay una deuda de la sociedad con la integración a los ciudadanos que tienen una discapacidad. "La comunidad de sordos no encuentra esa herramienta para incluir en igualdad de derechos y oportunidades de comunicaci6n a la hora de ejercer sus derechos civiles", afirmó.
Organismos internacionales como ONU, UNESCO, OMS, Federación Mundial de Sordos, Comunidad Económica Europea y Asociación Internacional de Lingüística, otorgan a la Lengua de Señas la función socializadora la cual implica un verdadero acceso a la comunicación entre el Estado y las personas que poseen la discapacidad sensorial auditiva. "El Estado provincial debe garantizar el acceso y la inclusión de la comunidad hipoacústica, por ello es imprescindible asegurar la aplicaci6n del LSA mediante intérpretes en oficinas de atención al público del estado provincial, a fin de que las personas sordas puedan desenvolverse con naturalidad e igualdad de condiciones.
También Diputados dio media sanción a un proyecto de ley de Dámaris Pachiotti (Ciudad Futura) creando un programa para fomentar las huertas a través de un programa específico del Ministerio de la Producción. El objetivo es fomentar la producción autónoma, sustentable y agroecológica de alimentos saludables a través de huertas familiares, institucionales y comunitarias.
Puente
Un proyecto de ley declarando Patrimonio Cultural e Histórico Provincial al Puente de Grutly, sobre el arroyo Las Prusianas de la localidad de Grutly, dpto Las Colonias, fue votado en la Cámara de Diputados y girado en revisión al Senado.
La iniciativa fue propiciada por la vicepresidente del cuerpo, Jimena Senn (UCR) quien destacó que el puente data de 1870 siendo su construcción de quebracho colorado y constituye un hito en el desarrollo de las comunicaciones de esa zona de Las Colonias.
Vivienda única
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley suspendiendo por un año "los términos procesales de todos los juicios que tengan por objeto la ejecución hipotecaria de la vivienda única, familiar y de ocupación permanente".
La iniciativa fue propiciada por el justicialista Leandro Busatto y apunta a proteger la vivienda hipotecada que cumpla una serie de requisitos como que sea vivienda única, familiar y de ocupación permanente; que el origen del crédito hipotecario obtenido provenga de los programas financieros UVA, UVI y PROCREAR, o de cualquier otro programa o acto que previere un mecanismo de ajuste de dicho crédito sujeto a variación inflacionaria, para la adquisición, construcción, mejora y/o ampliación de vivienda; y, que la vivienda sea habitada por el deudor, lo que deberá justificar mediante declaración jurada.
El legislador le dijo a El Litoral que la iniciativa "es un paliativo hasta tanto se sancione una solución de fondo a nivel nacional a la problemática que modifique o derogue el sistema UVA, modifique la indexación para que no sea por CER, sino por índice de variación salarial, o se establezcan otros instrumentos que puedan dar una respuesta a los miles de reclamos existentes".
