Durante la segunda ola
Ignacio Pellizzón | region@ellitoral.com
Las fiestas clandestinas en Rosario y zonas de influencia son un flagelo que se impusieron en pandemia y persisten en tiempos de segunda ola de Covid. Ante la imposibilidad de controlarlas, desde el Concejo proponen otorgarles a las autoridades herramientas de sanción más duras.
En concreto hay dos proyectos en danza: uno de la presidenta del Palacio Vasallo, María Eugenia Schmuck, quien adaptó una idea que presentó hace ocho años y que impone multas entre 200 y 400 mil pesos, y clausuras de hasta 90 días.
El otro es del edil del Juntos por el Cambio, Carlos Cardozo, quien propicia que durante la segunda ola de Covid, se pene a quienes infrinjan las normativas con sumas que van desde 1.200.000 a 2.100.000 pesos.
Además, incluye el decomiso de todos los elementos hallados, y una inhabilitación de hasta 180 días, cuando se trate de un inmueble, piezas o infraestructuras pertenecientes a comercios habilitados. Su pedido abarca como sanción accesoria la realización de 50 a 100 horas de trabajos no remunerados de solidaridad con la comunidad.
Ambas iniciativas tienen anclaje en una resolución similar que entró en vigencia en ciudad de Santa Fe, que impone castigos a los propietarios, los poseedores o los tenedores del inmueble en el que se desarrollan fiestas de este tipo, así como los responsables de la organización de ese encuentro, con multas económicas oscilan entre los 686.700 pesos y 1.144.500 pesos.
Desde la mirada de Cardozo, la sociedad está luchando por respetar todas las normativas impuestas por el boom de casos de coronavirus. Por eso, “buscamos es desalentar y sancionar la organización de fiestas privadas ilegales o clandestinas”, señaló a El Litoral.
En la misma lógica la presidente del Concejo, María Eugenia Schmuck, expresó que la intención es “legislar” las fiestas en domicilios y ámbitos no aptos para poder “tipificar como contravención grave” la realización de estas reuniones o eventos donde existe una concurrencia de público, donde la venta de alcohol y el lucro general “encubre una actividad comercial fuera de cualquier cuestión legal”.
Son dos propuestas que recién ingresan al Palacio Vasallo, pero que mantiene a sus autores con muchas expectativas. En el caso de lograr consenso con otros bloques políticos, podría salir una que combine parte de ambas mediante un tratamiento sobre tablas.
En la provincia también
En el Senado de la Provincia se aprobó un proyecto de ley que envió el Ejecutivo en febrero pasado que busca desalentar fiestas clandestinas imponiendo multas altas. La estrategia incluye sanciones para quienes las organicen y participen, con nuevos valores que van desde los 57 mil a casi 300 mil pesos.
Además, la iniciativa prevé multas más altas para quienes no usen barbijos o no cumplan con el resto de las disposiciones sanitarias preventivas para evitar la propagación del Covid-19. Estas multas podrían ser superiores a los 5.700 pesos.
En términos objetivos, el proyecto oficial aumenta las multas actuales de 17.305 pesos a 57.686 para sancionar a quienes desarrollen actividades no permitidas o sin respetar las medidas que señala el protocolo.
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La infracción también se aplicaría a las reuniones familiares, celebraciones religiosas o eventos en los que participen más personas de las autorizadas, o en días no permitidos, o si se usan espacios no habilitados.
Inclusive serían sancionados con el mismo monto de 57.686 pesos quienes oculten información o de síntomas sospechosos de coronavirus, incumplieran cualquier otra medida de prevención sanitaria, o violasen las condiciones de habilitación de actividades.
Ahora será la Cámara de Diputados la que deberá votar y determinar si los nuevos valores y las sanciones exclusivas para fiestas clandestinas quedan establecidas mediante una ley provincial o el proyecto debe volver al Senado para tratar posibles modificaciones.
