Datos del Informe Técnico oficial para la audiencia pública
La empresa describe un panorama preocupante al justificar su pedido de aumento de tarifas del 33,8%. Además del conocido retraso de más de dos años respecto de sus costos en materiales, equipos e insumos, en muchos casos dolarizados, menciona "una retracción de diez puntos porcentuales" en 2020 en su recaudación.
"Se ha incrementado fuertemente el hurto de energía y la morosidad en los últimos dos años, a valores nunca registrados hasta el momento", dice en uno de sus párrafos el informe técnico de la Empresa Provincial de la Energía, elaborado para iniciar la discusión para aumentar las tarifas eléctricas en un 33,8%.
El informe oficial no indica cuál ha sido ese incremento respecto de años anteriores pero está claro que el tema de los enganchados y el fraude eléctrico crecieron con la pandemia. Y que el asunto es lo suficientemente grave como para que la Epe destine $ 100 millones como para comenzar a revertirlo.
Los cuadros técnicos en su propuesta general para 2021 y los principales rubros de su presupuesto anual prometen con esos fondos poder "disminuir las pérdidas no técnicas de energía por hurto y fraude en al menos un punto porcentual, en el contexto de la obtención de una reducción gradual hasta alcanzar los mínimos técnicamente aceptables", es decir, recuperar cierta normalidad con el paso de los años.
El texto habla de invertir 100 millones este año para poder volver a cobrar unos 100 Gigavatios anuales (Gwh/a).
Dicho así, la cifra no dice mucho pero si se piensa que en otra estimación el mismo informe establece que a lo largo de un año mil hogares consumen 3 gigavatios hora anuales puede deducirse que se trata de evitar el hurto de energía eléctrica en unas 33.333 viviendas por año, mediante inversiones y controles.
El objetivo de "Profundizar las acciones de control para reducción del hurto y fraude de energía" ocupa el segundo lugar, luego de la inversión en tecnologías más eficientes para la "implementación de un sistema de telemedición (medición remota)" que realizan los agentes "toma estado", es decir quienes leen los medidores. Ambos son parte de las directivas generales para tres programas nuevos de gestión en la distribuidora: Epe Digital, Epe Social y Plan de Gestión Comercial.
Pérdidas no técnicas
El hurto de energía y el fraude eléctrico (enganchados pobres o ricos) suele llamarse en el lenguaje técnico del sector como las "Pérdidas No Técnicas".
El eufemismo tiene amplio uso y no es potestad de la Epe. Además debe advertirse que en buena parte del informe, la empresa santafesina habla sin medias tintas de bajar el "índice de pérdidas por hurto o fraude" para que "resulte inferior al 7,5 %".
Para ello, se trabajará sobre tres ejes conceptuales: 1) Detección de suministros con anormalidades, a través de inspecciones directas "en territorio"; 2) Verificaciones de suministros aleatorios, mediante procesos de información, operativos, o por rubros: "comercios, industrias, construcciones"; y 3) Normalización de "barrios vulnerables", con proyectos del "Plan Incluir" y con regularizaciones a llevar a cabo con mano de obra propia".
El tamaño del problema
La Epe planea una progresiva regularización de usuarios de hecho (enganchados) que además de pagar alguna tarifa social podrían tener mejores condiciones de seguridad y un consumo racional de energía. (En las viviendas precarias que no tienen medidor las luces quedan siempre encendidas porque tocarlas es arriesgarse a una peligrosa descarga eléctrica).
Es importante que la empresa le ponga cifras a sus objetivos en las dos grandes ciudades. Y que explicite sus cálculos sobre lo que podría recuperar en pesos.
Una "intervención de 112.000 suministros en Rosario" significaría el "recupero anualizado de $ 510,7 millones". Y otro tanto sobre "36.000 suministros en Santa Fe", para dejar de perder "$ 142,6 millones". En total, 138.000 suministros, y un recupero anualizado de $ 653,3 millones.
Controles a Grandes Usuarios
La Epe licitó una Auditoría de Mediciones de Usuarios de Grandes Demandas, para contratar ese servicio sobre 120 suministros de los llamados Grandes Usuarios que "se encuentran reprogramados y telemedidos".
Se trata de la implementación del sistema "Optimum" de telemedición que, con su puesta en producción, se incorporan paulatinamente suministros para el relevamiento de las lecturas remotas de los equipos de medición. En la actualidad hay más de 200 usuarios reprogramados y vinculados remotamente.
"Se implementó un sistema para la carga de estados en forma manual a través de la plataforma digital, hasta tanto se implemente el 100% de la telemedición de los Grandes Usuarios", dice el informe técnico de la Epe para la audiencia pública.
"En este entorno web se estableció un sistema de validación único de los consumos y, recientemente, se incorporó una metodología de comunicación (MANTIS) para informar las incidencias, errores de lectura y posibles inconvenientes que se puedan encontrar en el sistema de medición, con su correspondiente trazabilidad".
Para ello, se desarrollan cursos virtuales de capacitación a más de 60 agentes de todas las sucursales comerciales, en temas reglamentarios, de medición y facturación para unificar criterios y conocimiento de los temas relacionados con los Grandes Usuarios.
También, "la revisión de todos los procesos y normativa vigente que involucra a los Grandes Usuarios, con el fin de implementar mejoras para incrementar la eficiencia y eficacia en las tareas.
Un tercio de la boleta
El trabajo con que la Epe presenta su pedido de aumento de tarifas cuenta con 102 páginas y aborda cuestiones de mucho mayor peso económico que el problema del hurto de la energía, sobre las que ya se han extendido los funcionarios de la Epe, como el atraso del valor del kw que pagan los usuarios de todas las categorías respecto de la suba de los insumos, los equipos, los materiales y las horas hombre que requiere la compañía estatal sólo para funcionar y no permitir un retraso significativo de las inversiones en su infraestructura.
En esa cuenta (que a la Epe le da el 33,8%) siempre debe pensarse que se excluye el costo de la energía que la Epe compra a nivel mayorista y luego distribuye. Y por eso cuando ese valor vuelva a moverse a nivel nacional habrá que suponer que habrá nuevas actualizaciones tarifarias locales.
El texto menciona en varias oportunidades el Valor Agregado de Distribución que es la porción por la que la Epe es responsable dentro de cada una de las boletas que pagan los santafesinos. Y la empresa indica que el VAD actualmente "resulta aproximadamente un 35%" del total de lo que paga cada usuario. "El restante 65% corresponde, en un 55% aproximadamente al pago de la energía al Mercado Mayorista (MEM) y un 10% a impuestos y tributos Nacionales y Provinciales".
En síntesis, la teleaudiencia pública del 23 de abril discutirá una recomposición sobre algo más de un tercio de toda la boleta. Cuando la Nación suba la energía habrá más posibilidades de que vuelva a subir la luz.
Descripción
El informe contiene infinidad de cuadros técnicos de una lectura especializada. Y también una descripción general redactada para que pueda comprenderla cualquiera.
De ese capítulo se toman algunos conceptos que describen cómo la empresa ha ido, en un tobogán de problemas, desde 2020 y sin aumentos tarifarios que corrijan esa situación.
En cuanto la posibilidad de financiamiento genuino, a tasas razonables, para atender las inversiones de mediano y largo plazo, cuyo horizonte de amortización técnica supera los 30 años, el Mercado Argentino en general, y la actividad de la Distribución de Energía en el ámbito estatal en particular, no cuentan con acceso al crédito. Es por tal motivo que todo el desarrollo de la actividad, compuesta de múltiples obras de pequeña y mediana envergadura (más de 100 al año de ejecución simultánea) de mano de obra intensiva sobre Pymes y Constructoras locales se financia con los ingresos de corto plazo provenientes del VAD.
La Epe "ha debido transitar el año 2020 con dificultades económicas y financieras, a fin de mantener la calidad en la prestación del servicio eléctrico de distribución, en un contexto de retracción de la demanda, congelamiento tarifario, macroeconomía inestable de alta inflación, y caída en diez puntos porcentuales en la recaudación a consecuencia de las medidas de contención adoptadas ante la Pandemia".
