Ley Micaela
Se aprobó un proyecto de la diputada provincial para que la Corte Suprema de Justicia brinde información sobre la implementación de la capacitación obligatoria en género.
La Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó un pedido de informes de la legisladora De Ponti para que la Corte Suprema de Justicia informe respecto al dictado y grado de avance de la capacitación interinstitucional en género y violencia (Ley Micaela n° 27.499) en el Poder Judicial. La ley 27.499 fue sancionada en diciembre de 2018 y la Provincia de Santa Fe adhirió a la misma en 2019 a través de la ley provincial 13.891.
Al respecto, la vicepresidenta de la Cámara Baja expresó que “si bien la Ley Micaela nació de una propuesta que impulsaron mujeres del Poder Judicial de la Nación, lo que vemos hoy es que su implementación en este ámbito pareciera ser acotada, fundamentalmente cuando observamos qué pasa a nivel de los cargos jerárquicos, es decir jueces y fiscales”.
Cabe recordar que esta semana en el juicio por el atroz femicidio de María del Rosario Vera en la ciudad de Rosario, el tribunal que dictó sentencia descartó la figura penal de “femicidio”, así como las pruebas que la sostenían, absolviendo de esa manera a dos de los acusados y condenando a un tercero por homicidio simple.
En este sentido, De Ponti consideró que “muchas veces el Poder Judicial como institución parece inconmovible frente a algunas demandas que la sociedad manifiesta con tanta urgencia y potencia, la Ley Micaela tiene el objetivo de poder atravesar todos los niveles del Estado para incorporar la perspectiva de género y por eso queremos saber qué está pasando con su implementación en la justicia”.
La información requerida es respecto a la cantidad de agentes públicos que se desempeñan en la justicia alcanzados por las capacitaciones realizadas hasta la fecha; los cargos en los que se desempeñan; la cantidad de personal que alcanzarán las capacitaciones programadas para este año y el porcentaje que estos agentes representan sobre el total.
“Necesitamos construir políticas públicas que sean efectivas para reducir y erradicar la violencia de género, pero también necesitamos que las herramientas que ya existen sean implementadas correctamente y que haya un compromiso con su cumplimiento, y que en aquellos casos en que los actores judiciales observen que los instrumentos disponibles no sean lo suficientemente efectivos podamos trabajar para corregirlos y mejorarlos”, finalizó.
