El país avanza lento con una reforma procesal penal federal, atrasa en materia policial o penitenciaria y no encauza un rumbo político ante el narcotráfico.
Un tercer defensor, más personal y su capacitación, equipos de PC, servidores con potencia para almacenar las pruebas y testimoniales en video o los expedientes electrónicos, movilidad, expansión edilicia, psicólogos y trabajadores sociales para los equipos interdisciplinarios, espacios para resguardo de niños, niñas y adolescentes víctimas. Son parte de las costosas demandas del Ministerio Público de la Defensa y de la Acusación para poner en marcha en Rosario el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF).
Salta y Jujuy ya han adoptado el modelo de justicia basado en la oralidad, que procura "procesos más rápidos, sencillos y transparentes, a través de investigaciones y juicios ágiles e inmediatos". Mendoza y Rosario son los próximos destinos de un sistema que demanda sumas millonarias a un Estado quebrado; en la principal ciudad del sur santafesino, los casos del narcotráfico concentran 79,7% de las causas federales y subrayan en interminables expedientes el fatal drama de los balazos a las personas y los edificios.
El objetivo del gobierno por ensanchar la capacidad de procesamiento debería ir acompañado por el desarrollo de unidades penitenciarias acordes a la pretensión. La construcción de la nueva Cárcel Federal de Coronda data de 2014 -se proyectó mucho antes- y aún no está finalizada; es un ejemplo de las inconsistencias de un sistema que se apura en enunciados y gastos que después boicotea con especulación o corrupción.
El Frente de Todos presentó en los últimos días un proyecto de ley integral Contra la Violencia Institucional, "para dar una respuesta inequívoca desde nuestro gobierno a una de las mayores deudas que tiene nuestra democracia", definió el diputado nacional Leonardo Grosso. Un propósito que tendría que ir en paralelo al fortalecimiento de la educación de las fuerzas de seguridad y a un respaldo político e institucional que no tienen, para poder ejercer el rol fundamental por el que se les da un arma y uniforme.
Como se plantean las cosas, los enunciados humanistas inhiben la acción eficaz y promueven la anabolización de funcionarios que se filman como Rambo en el conurbano bonaerense o se pavonean como el Capitán América en Santa Fe, para hacer propaganda oficialista, mientras las muertes se acumulan y "la monada" -los vendedores en la escala más baja del narcotráfico- reemplaza a los punteros políticos y asume los negocios barrabravas, de tradicional e íntima relación con los armados partidarios.
Aún asumiendo que el nuevo CPPF es necesario y bueno, ¿cómo es que ese esfuerzo se compatibilizará con el abolicionismo penal? La salida masiva de presos en la provincia de Buenos Aires con la excusa de la pandemia, cuando en las cárceles había menos contagios que en la calle, es un acto que demuestra la brutalidad con la que puede actuar la baja calidad de los dirigentes, por excelentes que sean las leyes y las instituciones.
La trama política que debe dar respuesta a estas demandas, asignando presupuestos, ejecutándolos con transparencia y aprobando pliegos de funcionarios, es un banco de pruebas para los dirigentes que en la Argentina deben decidirse entre la recuperación de la República o la profundización de la decadencia.
Este es el país en el que una decisión política y un Poder Judicial con actores íntegros, respondieron a una necesidad civil, democrática y humanista, a pesar de las amenazas armadas de los autócratas y de la mano de obra desocupada. El narcotráfico es una nueva demanda de desmesurada magnitud; eso y la corrupción -que también es materia penal federal y definirá su suerte en el nuevo CPPF- necesitan una inspiración y conductas como las que lograron la sentencia a los genocidas. Por mucho que falten los recursos.
