El retaceo sistemático de información, clave para la intervención de Vicentin
Determinación de la justicia
La decisión que se conoció al mediodía de este jueves sorprendió a propios y extraños, pero se concatena con decisiones que el juez Lorenzini viene tomando desde hace varios meses.
Juan Chiummiento
redaccion@miradorprovincial.com
El juez a cargo de la convocatoria de Vicentin definió su intervención por 90 días y designó como responsable a Andrés Shocron, quien hasta ahora se venía desempeñando como veedor en el marco del concurso. La decisión tomó por sorpresa a casi todos, aunque de la lectura del expediente surge que, en realidad, la Justicia venía achicándole el margen de maniobra desde hace rato.
En efecto, Fabián Lorenzini -quien fuera señalado por algunos como "el juez de Vicentin" y criticado abiertamente por el presidente- tomó varias decisiones que, a la postre, se entienden como antecedentes para la resolución que se conoció este jueves al mediodía. Todo indica que para el magistrado el punto de inflexión significó la presentación del balance 2019 (previo al anuncio de default), que tuvo lugar casi un año después de cerrado el ejercicio.
"La principal motivación para tomar la decisión es la omisión, recurrente y sistemática, de brindar informaciones requeridas por este juzgado", dijo el juez en su fallo, donde también consignó que estaba frente a un "escenario sustancialmente diferente" del que tenía al inicio del expediente, en febrero pasado.
"Inconsistencias"
Las "inconsistencias" -según propias palabras de Lorenzini- en la presentación de los estados contables previos a la cesación de pagos son solo una parte de esa estrategia de "correr el arco", que también vienen denunciando diferentes actores ligados al concurso de la agroexportadora. Productores, corredores y acopiadores informaron en diversas circunstancias que no veían predisposición de la empresa para resolver el conflicto.
El magistrado citó además otros dos ejemplos para hablar del retaceo de información. El primero referido al "silencio" en relación a la elaboración del balance correspondiente al ejercicio cerrado el pasado 31 de octubre. El segundo, el "ocultamiento" de las razones de la ruptura con KPMG, la empresa que le auditaba las cuentas hasta 2019 pero que rompió relaciones en abril pasado.
"Será necesaria mucha voluntad, creatividad y genuino involucramiento de todos los protagonistas" para resolver el tema, indicó Lorenzini. Tal vez por ello pidió la participación del Estado provincial, al que le asignó el rol de subinterventor en este proceso. Mientras el gobierno no designe un funcionario a tal efecto, el lugar será ocupado por la titular de la Inspección de Personas Jurídicas María Victoria Stratta.
En su fallo, el juez mencionó que hubo dos eventos recientes que terminaron de convencerlo de la necesidad de intervenir: la contratación del banco de inversión Maxim Group y la voluntad de desprenderse de Emulgrain. Sobre el primero (que la concursada decidió ocultar con el argumento que se trataba de una decisión de los accionistas a modo particular), dijo que "hubiera sido deseable (…) que se hubiera puesto a disposición del juzgado para ponderar su relevancia". Respecto al segundo, Lorenzini dice sentirse arrinconado puesto que a su juzgado le llevaron un negocio prácticamente cerrado.
Parecido, pero diferente
¿Qué significa esta intervención? ¿En qué se diferencia o equipara respecto a la fallida estrategia del gobierno nacional? En primer lugar es necesario decir que la decisión tomada por el juez se ampara en la ley de concursos y quiebras, que prevé diversos mecanismos por los cuales la Justicia puede avanzar sobre la administración de una empresa en crisis. Bajo esa norma también se había tomado la decisión de designar veedores, que habían sido propuestos por los principales acreedores de la causa.
La intervención significa que a partir de ahora los integrantes del directorio (que habían asumido en octubre pasado gracias al voto de los accionistas) deberán consultar con ese órgano todas las decisiones. Además, permitirá un mejor conocimiento de la compañía, ya que Shocron tendrá "facultades propias y similar rango al de presidente de Directorio", según el fallo.
La medida no tiene el mismo espíritu de lo que frustradamente intentó hacer el presidente Alberto Fernández. Nadie espera que la inclusión de Shocron (un ejecutivo con varios años de experiencia en el mercado de granos) implique un giro copernicano en la estrategia de negocios de la firma. Pero sí permitirá despejar algunos interrogantes, que para el juez aún no fueron resueltos.
Entre las preguntas que Lorenzini apunta a resolver está el funcionamiento "complejo entramado de relaciones y vinculaciones" del grupo y la participación de Vicentin en Renova, sobre la cual sembró sus dudas por papeles firmados apenas 72 horas antes del concurso, que posicionan a Vicentin "en una incómoda situación".
Así las cosas, la intervención comenzará de inmediato. Según coincidieron varias fuentes, Shocron -quien fue sugerido por ACA, principal acreedor comercial de Vicentin- tiene el perfil idóneo, dado su amplio conocimiento del mercado y su aceptación entre los actores implicados. Mientras dure esta etapa, el magistrado prohibió la modificación del capital accionario de la empresa. No obstante, sí le permite dar curso a contratos de negocios. Precisamente, este jueves -en paralelo- Lorenzini aprobó acuerdos con Oleaginosa Moreno (Glencore) y con Renova (que también está controlada por Glencore).
