La política energética del gobierno provincial, también en cuarentena
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La Casa Gris demora medidas que ya implementaron en la Nación y en la vecina provincia de Córdoba. También hay ruido por un posible cambio de rumbo en el área de renovables.
Juan Chiummiento
redaccion@miradorprovincial.com
Mientras algunas empresas comienzan a recibir facturas de luz por valores que no se condicen con la energía consumida sino con la potencia contratada previa a la cuarentena, el gobierno provincial sigue demorando la implementación de medidas de auxilio al sector. En diálogo con este medio, el interventor de la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Mauricio Caussi, admitió que el tema continúa "en análisis", es decir, en el mismo estado que hace un mes, cuando la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) elevó el pedido a las autoridades. En el medio, tanto desde la Nación como otras provincias ya se tomaron resoluciones en ese sentido.
El primero en actuar fue el gobierno central, que autorizó un beneficio para aquellos usuarios que contratan la energía directamente en el mercado mayorista. En Santa Fe existe un centenar de empresas alcanzadas por la medida, que durante los meses del actual trimestre sólo pagarán por lo efectivamente consumido y no por lo contratado.
Lo propio hizo la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), que anunció que a los clientes incluidos en la tarifa 3 (grandes consumos) se les facturará según la potencia demandada y no por la contratada, siempre y cuando registren una merma interanual superior al 30% en su consumo.
"Vemos que en todos lados hay una actitud de acompañar al sector productivo, pero acá no tenemos respuesta. No sé si están intentando ganar tiempo o cuál es la razón", confió en off un dirigente de Fisfe, quien indicó que serían cerca de 1.000 las industrias que esperan que la EPE adopte medidas de igual tenor a la de su par cordobesa.
El interventor de la distribuidora santafesina hizo su propio análisis: "A nivel de grandes usuarios, nuestros informes indican que dos terceras partes han estado exceptuadas, por lo que el número de empresas que serían beneficiadas por ese cambio de régimen sería minoritario sobre el universo total". A renglón seguido, argumentó la cautela en anunciar las medidas en función del fino equilibrio que debe hacer la EPE entre "las intenciones de acompañar al sector productivo y cuidar sus finanzas".
Nuevo rumbo en renovables
Otro de los puntos que genera polémica en torno a la política energética del gobierno provincial está vinculado al uso y aprovechamiento de las energías renovables. El tema, que tuvo gran impulso durante la anterior gestión, fue objetado días pasados por la Cámara Santafesina de Energía Solar (Cases), que expresó a través de un comunicado su preocupación frente a lo que considera la "discontinuidad" de medidas en esa línea.
Según plantearon desde la entidad -que reúne a más de treinta firmas del sector-, desde finales del año pasado buscan reunirse con los funcionarios del área para conocer cuáles serán los lineamientos del gobierno santafesino, pero afirman que solo obtuvieron respuestas informales. Consecuencia de ello, indican, hay 600 fuentes de trabajo en riesgo. La preocupación está centrada en la continuidad del programa Prosumidores, que según informan desde Cases movilizó en los últimos 18 meses inversiones por casi 4 millones de dólares.
Según las consultas realizadas a las autoridades provinciales, efectivamente, habrá un importante giro en lo que respecta a energías renovables, lo que incluye una reformulación de Prosumidores. La visión de los funcionarios es que hubo hasta diciembre un desmedido énfasis -tanto político como en relación a los fondos- hacia un determinado segmento (el solar fotovoltaico, desarrollado sobre todo para el uso residencial), desatendiendo otros más rentables y con mayor aplicabilidad en el sector productivo.
"Prosumidores tuvo un buen impacto en términos relativos, pero hay que modificarlo porque tenía un componente de subsidios muy importante", comentó Caussi. El interventor de la EPE se refiere puntualmente a los aportes que el Tesoro realizaba en el programa a través de un fondo especial creado por la ley 12.692, sancionada en 2006 y que estableció un régimen promocional provincial para las energías renovables.
Según detalló Jorge Caminos, secretario de Desarrollo Ecosistémico y Cambio Climático, dicho fondo iba camino a destinarse en un 100% para subsidiar a los adherentes a Prosumidores, que en su gran mayoría son usuarios residenciales a quienes se les paga un determinado precio por la energía que inyectan a la red desde un panel solar.
"Si se destina gran parte de los fondos para subsidiar Prosumidores, no vamos a hacer nada con las otras fuentes de energía, que son muy importantes y muchas de ellas tienen un retorno de inversión más rápido", dijo Caminos, quien detalló que "mientras que un desarrollo en solar térmica se puede recuperar en dos años, una en fotovoltaica puede extender hasta los diez años".
Una de las alternativas que barajan los funcionarios es trabajar en una posible adhesión a la ley nacional 27.424 de generación distribuida, que plantea beneficios fiscales para grandes industrias que deseen invertir en energías renovables.
