Piden a Provincia prevención extrema en cárceles contra coronavirus pero evitar excarcelaciones
‘No se puede manejar la posibilidad de liberar presos’
La eventual liberación de reclusos para evitar la propagación del coronavirus en las cárceles argentinas generó un fuerte debate y rechazo en la sociedad.
De hecho, el tema se metió en la agenda política y social santafesina con distintas posiciones. Por lo pronto, el legislador provincial Gabriel Real del Partido Demócrata Progresista (PDP) señaló: “Se deben buscar alternativas que excluyan la posibilidad de liberar presos que deben cumplir con sus condenas”, afirmó.
Cabe indicar que en Santa Fe, el sistema carcelario es responsabilidad del Poder Ejecutivo y “deberá actuar en consecuencia, estableciendo todas las medidas necesarias para llevar adelante controles exhaustivos en los centros penitenciarios y extremar las medidas sanitarias de prevención para impedir contagios de los reclusos”, indicó el legislador nacido en Firmat y lo completó diciendo “debe hacerse de la misma manera que se está procediendo con el resto de la población”.
“Nadie en este contexto tiene privilegios. Todo lo contrario, estamos transitando y acatando medidas tendientes a la contención de la circulación del virus. Se han implementado protocolos y medidas sanitarias que deberán ser extensivas a la población carcelaria, garantizando su seguridad sanitaria, pero bajo ningún punto de vista la liberación”, se plantó Real.
Para el legislador: “Las excarcelaciones son una opción fuera de lugar y de derechos, vinculados con las víctimas del conjunto de estos presos”. “Entraríamos en una situación que no se puede justificar bajo ningún fundamento con el resto de la población, que primero no está condenada ni privada de la libertad por hechos delictivos y en segunda instancia se encuentra realizando un esfuerzo enorme para cumplir con el aislamiento obligatorio”, expuso.
En esa sintonía, Real concluyó diciendo que “acá parecería que nadie piensa en las víctimas y sus familiares. Nadie tiene previsto la reacción de los ciudadanos comunes que van a tener que convivir con criminales liberados por temor al contagio. Deberá ser el Estado justamente quien garantice los derechos de los reclusos vinculados a su seguridad sanitaria, pero en las cárceles”.
