La Justicia ordenó al gobierno devolver cuatro autos subastados
Decomisados a organizaciones criminales
La decisión del juez Postma plantea que la administración de Miguel Lifschitz incumplió un fallo que frenaba los remates. Aunque no define la inconstitucionalidad de la ley, afecta la estrategia del gobierno de Miguel Lifschitz, que apuntaba a golpear el costado económico de las bandas mafiosas.
Germán de los Santos
En los tribunales de Rosario se desató una fuerte polémica en torno a la subasta de autos decomisados a organizaciones criminales. El juez Hernán Postma decidió que el gobierno provincial no acató una medida cautelar dispuesta en octubre pasado que frenaba el remate de cuatro autos, dos de ellos secuestrados al clan Romero, banda acusada de lavado de dinero y delitos violentos, y otros dos al agenciero que se los vendió. Ordenó que el Estado provincial devuelva a tres compradores los autos que adquirieron en el remate del 25 de octubre pasado.
Aunque la decisión de Postma no define la incostitucionalidad de la Ley 13.579, que habilita el decomiso de forma anticipada de bienes obtenidos como consecuencia de delitos cometidos en jurisdicción provincial, que fue sancionada por unanimidad en la Legislatura en 2016, ahora se pone en duda la estrategia que diseñó el gobernador Miguel Lifschitz, que apuntaba a golpear el costado económico de las organizaciones criminales. Esa ley fue presentada como un ejemplo en la lucha contra las bandas criminales en un contexto en que aún no fue aprobada la ley de extinción de dominio en el Congreso de la Nación.
A las apuradas
El abogado Marcelo Martorano, que representa al agenciero Juan Martín, quien vendió dos vehículos a los Romero, dijo a El Litoral que “estos bienes nunca deberían haberse subastado porque la provincia desobedeció la decisión del juez Juan Donnola, que dispuso el 23 de octubre, dos días antes del remate, avalar una medida cautelar de no innovar que pedía que no se rematen los bienes hasta que haya una sentencia definitiva”.
“El gobernador (Miguel Lifschitz) sacó a las apuradas un decreto que modificaba la llamada ley de decomiso y agregó que no se debía pedir autorización judicial para rematar los bienes de una persona que aún no había sido condenada”, remarcó el letrado.
Este miércoles, el juez Postma reprochó que la provincia no haya interrumpido los remates, que se concretaron dos días después de la decisión judicial que exigía no innovar. La subasta se produjo el 25 de octubre pasado y ahora el Estado deberá devolver el dinero de tres de los autos a los compradores.
Matías Figueroa Escauriza, secretario de Gestión Pública provincial y titular de la Agencia de Bienes Decomisados (Aprad), confirmó esta mañana que apelarán el fallo del juez Postma. “Es una causa en particular en la que el juez quiere esperar que se termine el proceso. Vamos a apelar”, sostuvo el funcionario.
“Nosotros somos gobierno y debemos ejecutar la ley. Así hemos hecho con 50 vehículos y no hemos tenido problemas, salvo esta causa en la que el juez no dice que es inconstitucional y no explica por qué quiere suspender la subasta”, apuntó Figueroa.
Del otro lado, el abogado Martorano planteó en diálogo con este diario diferencias con esta postura. “Aunque el juez Postma no declaró la inconstitucionalidad de la ley 13.579 planteó que no se puede decidir sobre los bienes decomisados de una persona hasta que no sea sentenciada. De esta manera la ley sancionada en la provincia pierde sentido, porque el decomiso ya existe. Es accesorio de una condena”.
La discusión
La polémica que surgió en este caso afecta al clan Romero, de la zona de Nuevo Alberdi, donde están acusados de distintos delitos en un ámbito cruzado con el narcotráfico. Esta familia había adquirido cuatro autos a la agencia de Martín. Eran dos BMW, un Mini Cooper y un Citroen C4 Los dos primeros fueron devueltos a la concesionaria por retrasos en los pagos.
En la audiencia de este miércoles la Fiscalía planteó, según publicó La Capital, que los vehículos pueden ser expropiados en forma anticipada porque sus dueños no pueden acreditar el origen de los fondos con que los compraron y ni siquiera son sus titulares registrales. Porque se sabe que esos autos se usaron para cometer delitos. Y fundamentalmente porque la ley 13.579 lo permite.
