‘Si Lifschitz no apura el diálogo, habría que esperar muchos años hasta que la Corte pueda dictar una nueva sentencia’
Ángel Sciara, sobre la deuda del gobierno nacional con Santa Fe
Una extensa charla de Mirador Provincial con el ex ministro de Economía de la provincia. Ocupó ese cargo durante ocho años. Es palabra autorizada en aspectos macroeconómicos de Santa Fe, como la deuda que el Estado nacional tiene con el provincial. El esquema tributario del país, entre otros temas abordados.
Hernán Alvarez
halvarez@miradorprovincial.com
Ángel Sciara ocupó un puesto clave en los primeros ocho años de gestión en Santa Fe del Frente Progresista Cívico y Social, en el Ministerio de Economía. Una silla reservada sólo para personas con capacidad para administrar semejante volumen de recursos. Sciara es hoy asesor en la Cámara de Diputados de la provincia. Habló con Mirador Provincial sobre distintos temas.
—¿Qué opina sobre la deuda de la Nación Argentina con nuestra provincia?
—Primero quiero hacer una breve corrección. No es de la Nación Argentina, es del gobierno nacional, del gobierno central. Es otra cosa. En eso quiero ser muy preciso. Incluso escribí algunos artículos sobre cuando el gobierno central se asume como la nación. Una cosa es el gobierno central, otra cosa sobre los gobiernos provinciales en un país federal. Otra cosa es la nación en su conjunto que puede ser unitaria o federal. No es la nación sino el gobierno central el que debe el dinero.
Lo que hace el gobernador Lifschitz es correcto, porque si no actúa apurando el diálogo y se plantea como alguien lo desea que la Corte (Suprema de Justicia de la Nación) termine dirimiendo la cuestión, significaría que tendríamos que esperar muchos años más hasta que la Corte pueda dictar una nueva sentencia. Lo que el gobierno hace nosotros lo escribimos en enero de 2016. Yo escribí un artículo que se llamó “Desandando el laberinto”. Tiene que ver precisamente con la presentación del doctor Binner ante la Corte para que se declarase la inconstitucionalidad de estas dos detracciones. La del 15 por ciento y la del 1,9 sobre el IVA que iba al fondo de jerarquización de la Afip. Son las dos cosas en las cuales la sentencia de la Corte dictamina. Esto no era otra cosa que la propuesta nuestra desde la Provincia que para tener una modificación de la coparticipación no podíamos esperar una nueva ley de coparticipación porque una nueva ley de coparticipación requiere constitucionalmente una ley acuerdo. Es decir, las 24 jurisdicciones se tienen que poner de acuerdo acerca de cómo se van a repartir los recursos coparticipables.
Si bien técnicamente eso es posible incluso cumpliendo con los criterios que la Constitución establece, políticamente es muy difícil poder hacerlo porque aún garantizando los recursos actuales y redistribuyendo los recursos marginales siempre va a haber ganadores y perdedores. ¿Qué gobernador le va a decir a sus ciudadanos que logró consensuar una nueva ley de coparticipación en la cual sale perdiendo en términos relativos? Es complicado. Razón por la cual, incluso recientemente en un seminario que hicimos en Buenos Aires, el planteo es de ir haciendo algunas modificaciones en la ley actual que se ha enmarañado de tal manera que recibió el nombre precisamente del laberinto de la coparticipación. Una manera es ir desandando el laberinto. La presentación que hace el doctor Binner ante la Corte es una manera de desandar el laberinto. Es recorrer un camino inverso al seguido originalmente y tratar de ir recomponiendo a niveles de la coparticipación secundaria. Si bien en algún momento habría que revisar también la coparticipación primaria. Esta es la que separa a los gobiernos provinciales del gobierno central.
Fallo
“La sentencia de la Corte tiene dos partes -continuó Sciara-. Una parte en la cual dice: ‘A partir de este momento hay que dejar de detraer a la provincia de Santa Fe y a San Luis el 15 por ciento de la masa coparticipable’. Punto. Creo que fue el 24 de noviembre de 2015. Cuando el gobierno actual dice ‘le estamos devolviendo’, en verdad no es este gobierno el que tiene la gracia de devolvernos sino que es un problema de continuidad jurídica del Estado. Le tocó al gobierno porque tiene que cumplir con la sentencia de la Corte. La primera parte de la sentencia se cumple automáticamente simplemente diciéndole al banco Nación: ‘No le descuente más la coparticipación a Santa Fe y le envíe todo el monto correspondiente sin detracción’. Hay un impacto sobre el total de lo recaudado que corresponde al gobierno central, pero esto es producto de este cumplimiento que no forma parte de un gasto del gobierno central sino que es una disminución de sus ingresos porque la coparticipación es una transferencia automática. No entra al gobierno central como ingreso y en consecuencia no sale como gasto. Es un neto el que va a la cuenta del presupuesto nacional. Este no es un tema menor porque muchas veces en las provincias es distinto. En las provincias los tributos entran como ingreso. La coparticipación entra como ingreso y tiene que salir necesariamente como gasto. Por eso en las provincias, la coparticipación a municipios y comunas aparece en el presupuesto provincial como una erogación.
La segunda parte de la sentencia de la Corte dice que las partes se tienen que poner de acuerdo acerca del monto adeudado desde que se inicia la detracción hasta el momento presente. Hecho esto, tienen 120 días para las partes ponerse de acuerdo en la forma de pago de ese monto adeudado. Caso contrario lo decidirá la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Durante todo este tiempo, desde noviembre de 2015 hasta ahora, el gobierno central y el gobierno provincial no se pusieron de acuerdo sobre el monto adeudado.
Por esa razón el gobernador con muy buen tino invita a reiniciar el diálogo que fue iniciado, luego suspendido. Al salir (Alfonso) Prat Gay (ex ministro de Hacienda) todo vuelve a foja cero. El gobernador le dice al gobierno central: ‘Señores, aquí está nuestra propuesta. La hacemos pública’. Determinan el monto y establece cómo se determina el monto, con un criterio bastante benévolo para el gobierno central porque podría haber sido mucho más duro. A medida que pase el tiempo el monto va a ir creciendo porque la deuda va aumentando en término de los intereses que se van acumulando, pero además el gobierno le dice: ‘Nosotros le ofrecemos una forma de pago’.
Que es una forma de pago que me parece razonable y que coincide con cosas que nosotros dijimos allá lejos y hace tiempo de cómo podía el gobierno central estar pagándole a la provincia de Santa Fe. Es una buena propuesta. Sobre todo, considera también cuáles son los destinos de estos fondos. Por un lado, son recursos coparticipados a municipios y comunas. Por otro lado,
poder la Provincia con los recursos que le van a ser propios dedicarlos a la financiación de la obra pública. En caso que el gobierno central acepte la propuesta, si uno recibe títulos por montos importantes, una tarea no menor sería ver de qué manera se administran esos activos”.
Reducción impositiva
—El economista Antonio Margariti hablaba de que a nivel impositivo nacional hay muchísimas imposiciones que se podrían reducir a dos impuestos para simplificar la gran cantidad de obligaciones ante el fisco argentino. ¿Usted cómo lo ve?
—Terminamos una jornada hace muy pocos días en Buenos Aires organizada por el Partido Socialista, la fundación Ebert y el Cemupro Buenos Aires para comenzar a revisar el régimen tributario del país. Para revisar el sistema de coparticipación y revisar las asignaciones del gasto público a nivel federal. Todo eso es una tarea pendiente. No creemos que sea tan sencilla
la simplificación. Tiene muchos ingredientes que no pueden ser soslayados. Por ejemplo, el contexto internacional. La existencia de paraísos fiscales. La incorporación desde el mercado financiero mundial están condicionando los propios regímenes tributarios nacionales. No es sencillo el tema, pero no hay ninguna duda que es un problema que hay que encararlo con mucho
criterio. No solamente político sino criterio técnico. Sobre eso versó este seminario, que fue de dos días en Buenos Aires con panelistas muy importantes dedicados a analizar la problemática tributaria. Es insoslayable que el problema tributario no se lo aísle de los problemas previsionales. Aquí tenemos también otro problema que hay que analizar. De qué manera se va a financiar el régimen previsional argentino en el futuro.
El otro tema que es insoslayable es cuáles son las potestades tributarias de las provincias. Discutir acerca de ingresos brutos sí, ingresos brutos no no nos lleva a un buen camino. Es casi una discusión bizantina. En los ‘90 el impuesto inmobiliario en la provincia era del orden del 23 por ciento de la recaudación. Hoy es del 8 por ciento. Hoy recauda más el impuesto al sello que el impuesto inmobiliario rural y urbano lo cual es un despropósito desde el punto de vista de la progresividad del tributo, de hacer caso omiso a las máximas claves de una tributación que es que el que más tiene más paga. Eso no se da ni en la provincia de Santa Fe ni en muchas, sino en casi todas las provincias argentinas incluida la Capital Federal. O sea que efectivamente sí es una preocupación. Tenemos que trabajar.
El gobierno nacional ha dicho reiteradas veces que tiene en carpeta una reforma que la iba a hacer pública después de las elecciones. En la Cámara de Diputados hay una comisión bicameral para analizar la propuesta de reforma tributaria que proponga el gobierno nacional. Inclusive creo que toca los tres temas que para nosotros y que están claramente entrelazados e integrados con un cuarto que no se puede soslayar que es el contexto internacional. Son los mal llamados paraísos fiscales, que como dice un amigo, son guaridas fiscales. Esto condiciona la tributación interna. El gobierno está planteando una reforma tributaria, una nueva ley de coparticipación y el manejo del gasto público. Los tres temas están interrelacionados.
—¿Cómo evalúa su paso como ministro provincial?
—Ahora me doy cuenta de que lo extraño, porque fueron momentos muy felices en general. Sobre todo porque en mi caso en particular y todo el equipo que me acompañó estaba imbuido de una mística y de un apasionamiento por lo que hacíamos. Eso fue así durante mi paso por la municipalidad. Yo estuvo ocho años de secretario de Hacienda y cuatro años administrando un proyecto de financiamiento externo. Después estuve ocho años como ministro de Economía de la provincia. En todos esos años si algo mantuvimos fue el compromiso, la entrega y la pasión por la cual hacíamos las cosas. Esto fue central para poder hacer las cosas con muchas ganas y tomar las decisiones que teníamos que tomar. Con errores y con aciertos. Es un mundo muy complejo también. Uno va descubriendo cosas a medida que se adentrando en la propia gestión. A veces uno piensa que puede conocer el tejido burocrático, las formas, las maneras, las responsabilidades desde afuera. Y no es así. Uno desde afuera tiene una imagen de la cáscara de las cosas. Cuando se va adentrando en los pormenores de la función pública comienza a percibir la complejidad. Uno no puede gobernar si no tiene la estructura del Estado estable, que comprenda, que apoye, que participe de las decisiones políticas.
—¿Qué análisis hace de la gestión actual del ministro Gonzalo Saglione, que según tengo entendido es una persona de confianza?
—Bien. Es de mi confianza. No es un hijo mío, pero a Gonzalo lo conozco desde que entró en la facultad. Nos hemos estado acompañando mutuamente durante dos años en la municipalidad (de Rosario), dos años de la administración del programa del Banco Interamericano de grandes aglomerados urbanos. Me acompañó como secretario durante mi ministerio. Es una persona
entrañable para mí. También le pone mucha pasión en lo que hace. Tiene un alto conocimiento de la gestión pública y está haciendo y tomando decisiones con una corrección y con un sentido político muy bueno. Va a hacer una muy buena gestión.
“Honran a la función pública”
Semanas atrás se difundió en Facebook una foto de Sciara en la calle esperando un colectivo. Marcelo Antenore, que subió esa imagen, escribió: “Este hombre manejó las finanzas de la tercera provincia del país, y con total humildad viaja en colectivo, lo cual no es común en los políticos”. “Me parece destacable la actitud de un ex funcionario que evidentemente no se enriqueció ni mucho menos con la función pública”, afirmó también.
—Hay una foto que circuló en una red social con usted esperando un colectivo de línea. ¿Qué dice al respecto?
—Me sentí muy incómodo cuando me enteré. Simplemente me pareció un gesto de alguien que descubre que hay actitudes de hombres públicos que no van contra la lógica, contra lo normal. Lo normal establecido como norma por uno mismo. Como conducta de vida. Yo por ahí escribí: “Lo he hecho siempre”. Mis orígenes son de una clase obrera con ascenso social en su momento. Para mí no es ninguna cosa extravagante. Al contrario. Lo hice cuando era secretario de Hacienda en la municipalidad. Lo hice siempre.
—¿Usted piensa que la austeridad es una condición indispensable en la función pública?
—Yo creo que sí. La honestidad no puede ser la excepción. La honestidad es la regla. Y hay muchos que hoy piensan que todos lo que están en la función pública son todos corruptos. A mí eso me duele muchísimo, porque eso es una falacia. Por eso me pareció interesante la nota que hace este señor que no tengo el gusto de conocer. Pone de manifiesto quizás como excepción lo que tiene que ser la regla. Y esa regla es la que me acompaña a mí y acompaña a montones de mis compañeros de gestión. El mismo sentido lo tiene Hermes Binner, Antonio Bonfatti, Miguel Lifschitz. Hombres honestos, austeros que tienen una ética y una conducta que honran a la función pública, honran a la política. Para mí eso es lo que más me ha resultado gratificante.
