Inmigrantes ilegales y la presunta trata de personas en la provincia
Alerta amarilla
La reforma migratoria de 2004 liberalizó las exigencias para regularización legal de los extranjeros que viven en el país. En Rosario unos 20 inmigrantes ilegales esperan la orden de la justicia para ser expulsados del país.
Mirador Provincial
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La inmigración ilegal es un tema que requiere permanente atención por parte de la Dirección Nacional de Migraciones, aunque de hecho las leyes aprobadas en 2004, dentro del Plan Patria Grande, dieron un gran margen para contemporizar situaciones personales o familiares y facilitar la regularización de quienes se encontraban flojos de papeles, particularmente si provenían de países del Mercosur.
Merced a esa legislación, el Censo de 2010 registró que en la provincia vivían legalmente 24 mil personas nacidas en el extranjero, y de ellas algo más de 16 mil provenían de países de América. Pero en los últimos tiempos, las autoridades migratorias han comenzado a agudizar la mirada porque se están reiterando casos de extranjeros ingresados ilegalmente al país, de quienes se sospecha que puede ser “mercancía” en tránsito, fletada por organizaciones delictivas dedicadas a la trata de personas.
Entre las áreas geográficas escrutadas con mucha atención se encuentra la provincia de Santa Fe, en razón que, por su posición en el mapa, se muestra como un corredor natural norte-sur que desemboca en el eje Rosario-Buenos Aires, en unos casos para transportar sustancias prohibidas o, en otros, inmigrantes ilegales.
La preocupación de las autoridades es porque los casos se suman. “Estamos particularmente atentos, porque ya hemos detectado inmigrantes ilegales, que no pueden demostrar que hayan pasado por un puesto fronterizo, en San Justo, Rafaela, Totoras y Rosario”, comenta a Mirador Provincial Germán Pugnaloni, delegado de la Dirección General de Migraciones con sede en la Cuna de la Bandera.
Aunque resulte obvio, no haber pasado por un control fronterizo indica que el ingreso al territorio fue por caminos alternativos (rurales o vía fluvial) y el hecho de viajar en grupos denota la existencia de un plan de viaje previamente establecido. Quién organizó ese viaje es una incógnita a resolver. Pero lo realmente perentorio es investigar quiénes controlan ese viaje en la Argentina, porque todo apunta a una posible trata de personas.
En su mayoría se trata de ilegales “en tránsito” hacia zonas más próximas a las grandes concentraciones urbanas, que ingresan desde países “que no son tan estrictos con el control de extranjeros que viajan por sus rutas”, aporta Pugnaloni, añadiendo que las detecciones en territorio santafesino respondieron al accionar de Gendarmería Nacional y, curiosamente, del personal de Vialidad Nacional, que no tiene poder de policía pero sí una continua presencia en las rutas.
Retenidos y polizones
Muchos de los casos descubiertos fueron oportunamente remitidos a la Justicia Federal, que es la que determina los pasos a seguir. Por lo pronto, en la ciudad de Rosario existe un grupo de 20 extranjeros ilegales “retenidos”, entre ellos algunos asiáticos, a la espera de la orden de expulsión del país.
En ese grupo no hay ningún polizón (persona que embarca clandestinamente en un barco o un avión), viajeros furtivos que antes eran más frecuentes en la ciudad del sur, dada la intensa actividad portuaria rosarina. Ahora esa intensidad se ha multiplicado varias veces pero no se detectan muchos embarcados ilegalmente.
“En años anteriores, se registraron hasta 80 polizones anuales, lo que daba un promedio de unos 20 casos por cuatrimestre En el primer cuatrimestre de 2016 tuvimos un solo caso. Si hacemos la proyección, vemos claramente la disminución de este tipo de ilegalidad”, cierra Pugnaloni.
