Proyecto
Lo hicieron mediante un comunicado redactado en conjunto en el que ratificaron su oposición al proyecto promovido por el Ejecutivo provincial. ATE, Agmer, UPCN y Suoyem son algunos de los gremios que firmaron el documento. Sostienen que esta propuesta va en contra del poder adquisitivo de las y los trabajadores estatales.
Ante el proyecto de reforma de la Caja de Jubilaciones que promueve el gobierno entrerriano, distintos gremios y sindicatos se reunieron en la sede de ATE en Paraná con la finalidad de repudiar esta propuesta del Estado provincial. Según el comunicado redactado en conjunto por representantes de distintas agrupaciones, en ningún momento fueron consultadas para la elaboración de este proyecto.
La modificación forma parte de un “plan de salvataje” para que la Caja siga siendo provincial como así también sostener el 82% móvil y la edad jubilatoria. Según lo informado por fuentes del gobierno provincial, algunos de los puntos tienen que ver con la exigencia de una deuda que Anses tiene con la provincia de 150.000 millones de pesos y la implementación de un aporte mensual por parte de los ministerios que más personal tienen a cargo.
Sin embargo, los puntos que repudian los distintos gremios tienen que ver con el incremento de las contribuciones personales de los trabajadores estatales activos en tres puntos. A principios de julio se había realizado una manifestación en la capital provincial en reclamo de esta modificación que, según los sindicatos, van en contra del poder adquisitivo de las y los trabajadores.
En el comunicado firmado por ATE, UPCN, Agmer y Suoyem, entre otros, manifiestan que el proyecto “atenta contra derechos adquiridos por los trabajadores y trabajadoras a lo largo de años de lucha”. Asimismo, agregan que “nos declaramos en estado de alerta advirtiendo que daremos los debates en todos los espacios necesarios, pero además, de ser necesario daremos la pelea en todos los terrenos que la situación amerite”.
Los gremios admiten que la situación de la Caja de Jubilaciones provincial es compleja y debe ser abordada y discutida. Sin embargo, sostienen que debe ser “dentro del marco de su función estatal y social y, sin que las trabajadoras y trabajadores sean quienes sigan pagando un déficit del que no somos responsables”. Por último, exigieron que “se convoque al diálogo para buscar soluciones que no continúen socavando el poder adquisitivo de nuestros salarios ni nuestros derechos”.
