Concordia
Durante una investigación descubrieron cómo operaban los grupos de personas oriundas de Colombia. Los métodos de cobro terminaban casi siempre en conflicto.
La policía de Concordia realizó siete allanamientos en relación con una causa por abuso de armas, que permitieron detener a integrantes del clan familiar Ayala.
Los procedimientos se concretaron a raíz de una investigación llevada adelante por la División Criminalística, a cargo del comisario inspector José María Rosatelli, bajo las directivas de la fiscal Daniela Montangie.
La pesquisa –según reveló el sitio Concordia Policiales– se originó luego de que dos sujetos de apellido Ayala balearan a una persona a comienzos de 2024. Las pruebas y datos recabados en la investigación permitieron llegar a la raíz del conflicto: el cobro de créditos otorgados a familias vulnerables de la zona oeste por parte de la familia Ayala, actuando como secuaces de ciudadanos de nacionalidad colombiana radicados en Concordia.
“Lo primero que se puede establecer es que algunas personas de comunidad colombiana radicados en Concordia se dedican al préstamo de divisas a personas de la ciudad. Otorgan pequeños créditos a elevados intereses a otros vecinos vulnerables de los barrios, incrementando rápidamente esta actividad ilegal”, comentó el comisario José María Rosatelli.
Pero, de un tiempo a esta parte, los colombianos comenzaron a interactuar con referentes del narcomenudeo, canalizando a través de ellos el otorgamiento de los créditos. “Antes, los colombianos hacían el puerta a puerta. Ahora, según surge de esta causa, le están dando el dinero a los narcos, para que hagan el trabajo sucio. Es la primera vez que detectamos algo así en la provincia”, precisó Rosatelli a Mirador Entre Ríos.
“Buscan personas como los allanados de apellido Ayala, que tienen un poder de acción mediante las amenazas, amedrentamientos o el uso de armas fuego, quienes son los encargados de dar los pequeños créditos”, es decir “montos de 2.000, 3.000 o 5.000 pesos a personas de bajos recursos económicos, que utilizan el dinero para comprar comida, pagar pasajes de colectivos o en muchos casos comprar dosis de estupefacientes, las cuales las venden ellos mismos, siendo muchos de ellos menores de edad”.
Rosatelli remarcó también que “las personas que no pagan en tiempo y forma el dinero prestado, sufren además de elevados intereses, diversos ataques y severas consecuencias, sumado a que nadie se anima a denunciarlos ya que les tienen mucho miedo” y subrayó que “el operativo realizado nos permitió encontrar importantes elementos de pruebas, como armas de fuego, dinero, droga compacta y preparada para la venta”, además de “anotaciones de los montos y titulares de los créditos otorgados”.
Por último, mencionó que “la investigación resulta muy compleja, no solamente por la zona geográfica sino también por el contexto social y el gran control que ejercen en la zona los investigados, pero a pesar de ello por el gran trabajo que realizó todo el personal policial de diferentes divisiones, se pudieron obtener excelentes resultados”.
