Muy retrasados
Los técnicos encargados de elaborar los Planes Operativos indicaron que los propietarios llevan 6 meses (o más) esperando los desembolsos, pese a reclamos reiterados. Son recursos que generan trabajos que garantizan la regeneración forestal. Advierten que se desalienta la adhesión de los productores.
Desde hace meses los técnicos encargados de la implementación de la Ley Nacional de Bosques en la provincia están alertando sobre una innecesaria demora en el giro de los fondos correspondientes por parte de las autoridades santafesinas. Con más de 6 meses de retraso, la pérdida del poder adquisitivo atenta no sólo contra la economía de los beneficiarios sino que, en el plano simbólico, constituye una señal de desaliento. Por añadidura, se pone en riesgo la conservación de los bosques y los servicios ecosistémicos que ofrecen a la ciudadanía.
Casi una veintena de profesionales, entre ingenieros agrónomos, forestales y biólogos, se lo plantearon en un escrito al Ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estevez, y a la Directora de Bosques Nativos, Luciana Manelli. Ingresado en la cartera ambiental el 8 de marzo, piden “con carácter de urgente” el pago de los fondos de compensación de los Planes de Manejo de la Ley de Bosques aprobados en 2023. “Por la situación crítica en lo socio económico y también en lo ambiental de los productores/as que conservan y manejan de manera sustentable estos bosques nativos”, argumentaron.
Se trata de las partidas que reciben los propietarios de establecimientos que, para poder hacer uso del recurso forestal, implementan planes de manejo que diseñan los técnicos, que a su vez son corresponsables de su correcta ejecución. Serían más de un centenar los planes en la provincia, casi en su totalidad (más del 90%) de explotaciones ganaderas, a quienes en promedio se le asignaron unos $ 2 millones el año pasado para tareas como construcción de cortafuegos, alambrados o acceso a aguadas.
“Esto genera trabajo”, dijo el ingeniero agrónomo Oscar Cena, uno de los firmantes de la nota, ya que para esas labores los productores contratan mano de obra local. Antes, los técnicos realizan un inventario forestal para determinar qué especies hay en el campo, de qué tamaño y qué continuidad de estos árboles tiene la regeneración del bosque. “A partir de eso se estipula dónde hacer una picada o qué árboles pueden utilizarse (individuos maduros, para leña o carbón)”. En conjunto, son acciones que evitan que la hacienda interrumpa el desarrollo del recurso forestal. “Para que el ganado no camine por todo el campo y haga desastre; también se va manejando el bosque, con extracción de madera, para que haya más receptividad o carga animal”, detalló.
Cena explicó que la gestión provincial saliente, a fines del año pasado, les comunicó la aprobación y el pago de los Planes Operativos 2023. Pero quedó pendiente y la gestión entrante aún no los distribuye. En enero tuvieron una reunión virtual con los funcionarios, en marzo enviaron la carta a las autoridades y en las últimas semanas les comunicaron que se comenzaría a pagar. Lo que hasta ahora no ocurrió.
Los montos aprobados el año pasado, de haberse distribuido con rapidez, hubieran servido para “intervenir bastante”, dijo el asesor, con “muchas picadas, hacer pastoreo rotativo y que el animal no camine por todo el campo, tratamiento de cortas”. Pero hoy ese valor “es bajo” y la capacidad de acción se ve muy reducida.
Pero no se trata sólo de una cuestión económica. “Nosotros tratamos de explicar a los funcionarios que el pago tiene un sentido simbólico: significa que hay un Estado que lo apoya, que se está cumpliendo la ley de Bosques”. En definitiva, que se reconoce el compromiso y el esfuerzo de implementar un manejo sustentable del recurso natural. Sin embargo, ante semejante mora, se transmite lo contrario. Según Cena, hay una gran mayoría de productores con algún grado de queja, “sobre todo ahora, por cómo se desvalorizó la plata, te dicen: y para qué me puede alcanzar”.
La consecuencia de un menor interés por implementar planes de manejo, en el marco de la Ley Nacional, tendría -a su vez- un efecto ambiental, ya que la degradación de los bosques implicaría menos servicios ecosistémicos contra el Cambio Climático, como el control de temperaturas, erosión hídrica y fijación de dióxido de carbono. Y “hay metas globales para cumplir en 2030 y 2050”, advirtió Cena.
