Educación
La institución que funciona en el aula ambiental de la zona del perilago no obtuvo el aval del Consejo General de Educación y terminará sus actividades al cierre del ciclo 2023. Reclamaron y desde la repartición provincial respondieron.
La Escuela Secundaria de Formación Agroecológica (ESFA) “Antonio Elio Brailovsky”, de Concordia publicó, en sus redes sociales, un comunicado para lamentar la falta de respuestas por parte de las autoridades que son responsables de autorizar el proyecto para que la institución pueda dictar clases de forma independiente a estudiantes de primero a sexto año del colegio secundario.
La institución abrió en febrero de 2020, aunque habían presentado proyectos al Consejo General de Educación (CGE) desde 2018. Fue en plena pandemia cuando consiguieron hacer la presentación formal y comenzaron a funcionar.
UN CAMINO DIFÍCIL
Mariana Acosta es profesora de Geografía, Ciencias Biológicas y licenciada en Tecnología Educativa, además de ser responsable del proyecto pedagógico de la ESFA, única escuela agroecológica secundaria con edificio diseñado con criterio sustentable en Entre Ríos.
“A pesar de la cuarentena empezamos porque entendimos que muchas familias tenían chicos que necesitaban escolarizarse en secundaria. Dimos el primer paso y mientras tanto fuimos haciendo el proyecto como nos pedían. En ese momento había un grupo de organizaciones en Entre Ríos que estaban trabajando sobre un proyecto que tenía el Consejo General de Educación de futuras escuelas comunitarias. En la provincia hay muchos proyectos conocidos de escuelas alternativas, también en Santa Fe y sabemos que en Argentina hay al menos 700 instituciones que no están pensadas en un formato tradicional, sino que son alternativas, no siguen el formato habitual, tienen otros aprendizajes, otra pedagogía, otros entornos, pero siempre ligados a los contenidos de la ley de educación”, explicó Acosta en diálogo con Mirador Entre Ríos.
Ese proyecto del que habla fue trabajado en grupo a nivel provincial y en junio del año 2022 fueron convocados por el CGE, que les informó que las escuelas comunitarias no iban a salir y que debían cambiar el proyecto si querían que se aprobara.
“Nosotros veníamos funcionando hacía dos años y teníamos el aula ambiental que se inauguró en 2021. Sobre la marcha tuvimos que cambiar el proyecto y encuadrarlo dentro de lo que es la gestión social y cooperativa, que no encuadra. El problema principal es que eso figura dentro del ámbito de escuelas de gestión privada y no queríamos eso, queríamos estar en el medio. No somos una pública, pero tampoco una privada, nosotros somos una institución comunitaria, tenemos principios de sustentabilidad, una construcción distinta que no encuadra con las privadas y nos autosustentamos. Además, no tenemos energía eléctrica ni agua de red por decisión de Salto Grande, entonces colectamos y vamos generando. Eso también nos complicó el camino”, aseguró.
SIN SERVICIOS
La falta de servicios responde, según aseguró la docente, a una falta de reglas claras. “Cuando nos autorizaron las tierras pertenecían a la Codesal, pero los servicios pertenecen a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM). Hicimos el convenio de tierras en comodato con Codesal porque esta escuela tiene los objetivos que tiene la zona del perilago, pero luego Salto Grande debía proveernos los servicios y eso no ocurrió por más reuniones que hicimos y notas que presentamos”, explicó.
Con todo esto y la propuesta de reformulación hecha por el CGE, debieron hacer, en 2022, un proyecto de anexo con otra escuela. “Como la sede sería otra escuela, nosotros podemos funcionar. Debimos encuadrar todo dentro de la normativa, está escrito, no inventamos nada. Las 100 propuestas para la educación entrerriana o el programa Acontecer dicen que se pueden generar desde el proyecto de escuela pública nuevos espacios, nuevos formatos, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de nuestros alumnos están en situación de vulnerabilidad pedagógica por situaciones de salud, por fobias que quedaron luego de la pandemia, ya que hay chicos que no logran estar en un aula y trabajan mejor en espacios abiertos. Eso es lo que ofrecemos y da resultados porque ellos han logrado éxito en su desempeño”, comentó la docente.
SIN COMUNICACIÓN
Después de tantas modificaciones, el grupo que compone a la escuela tuvo que pensar en el cierre, ya que no cumplieron con lo que pedían desde Educación ni pudieron concretar las ideas.
“Lamentablemente, aunque luchamos siempre quedamos en proyecto porque no nos aprobaron. De hecho, nos dijeron que no debíamos empezar porque teníamos que tener los permisos, no entendiendo que hay una necesidad de las familias que necesitan una educación distinta en un ámbito distinto”, contó Acosta.
Ahora todo es incertidumbre. “Cerramos nuestra actividad con este cierre de ciclo y tendremos que volver a empezar de cero. Tenemos que reubicar a chicos en otras escuelas y volver con la nueva gestión a ver cómo se puede empezar. Nos autosustentamos y no tendremos los recursos para pagarles a los profesores el año que viene. Veremos si luego abrimos las negociaciones con la nueva gestión, pero no lo sabemos porque no asumieron todavía”, mencionó.
Acerca de la comunicación con el CGE o autoridades gubernamentales, indicó: “No hemos tenido comunicación privada, sabemos de declaraciones que hicieron públicamente o enviaron a medios. Nosotros pudimos avanzar hasta la finalización de este año en lo educativo, tuvimos acompañamiento de Departamental de Educación, pero nada más. Nadie nos escribió, nadie nos citó. Hemos reescrito tres veces el proyecto de anexo y nos han dicho que tenemos que reformular. Nosotros nos autofinanciamos, pagamos a los profesores, el transporte y demás, no pedimos nada a la escuela de la que dependemos como anexo que es la República Oriental del Uruguay. Ahora al no aprobarnos el proyecto nos piden que los chicos vayan a ese establecimiento, cosa que será complicada porque justamente vienen al aula ambiental para poder desempeñarse mejor”.
La docente asegura que la clave está en la falta de acompañamiento y considera que, más que ayudarlos, se dedicaron a revisar lo que hacían. “Reescribimos varias veces el proyecto, pero no tuvimos acompañamiento en ningún aspecto de la escritura de ese documento. Recién en noviembre del año pasado hicieron una revisión y nos dijeron que si no contábamos con los servicios no podíamos funcionar. La realidad es que no tuvimos acompañamiento en el aspecto técnico, hicimos varias veces presentaciones y siempre les falta algo, pero no nos hicieron un acompañamiento técnico del proceso, solamente vinieron a fiscalizar, no a decirnos qué tener. No tuvimos a nadie del Consejo para explicarnos y guiarnos, estuvimos yendo siempre a ciegas”, concluyó.
RESPUESTA OFICIAL
La vocal del Consejo General de Educación, Griselda Di Lello, salió a responder y aseguró que “esta gestión acompañó y asesoró en el proyecto, señalando a sus referentes que se había abierto una institución que no estaba habilitada y que no se encuadra en las normativas vigentes”.
La funcionaria explicó que mantuvieron reuniones con los responsables del proyecto en varias oportunidades, pero que “desconocieron su irregularidad, matricularon a los estudiantes y propusieron un arancel”.
“Desde el Estado se buscó la manera de encuadrar a los estudiantes dentro de una institución educativa, mientras se continuaron realizando las gestiones para poder dar viabilidad al proyecto”, mencionó la vocal y dejó en claro que “el CGE jamás se negó a abrir escuelas, pero deben cumplir con las condiciones establecidas”.
