Tribunales
Antonio Vitale, de 62 años, reconoció que sustrajo varias armas largas que le entregaron de los Tribunales de Concepción del Uruguay para ser peritadas, y que luego, para ocultar la sustracción falsificó documentación oficial.
La sentencia se conocerá en el plazo de Ley. Resolverá si homologa o rechaza el acuerdo de juicio abreviado que comprende una pena única de 12 años de prisión, unificada con la que se le impuso en Paraná por un delito similar que cometió después, pero se juzgó antes.
En una audiencia realizada este martes 31 de octubre, Antonio María Daniel Vitale, de 62 años, reconoció ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por Gervasio Labriola, Walter Caraballo y Alejandro Cánepa, que “sin poder precisar fecha pero en el lapso entre agosto de 2008 y marzo de 2011 haber sustraído” una escopeta y tres carabinas con mira telescópica “que estaban bajo su custodia en las dependencias que ocupaba su despacho dentro de los Tribunales de Paraná por el desempeño de su cargo de perito el Superior Tribunal de Justicia, dada que le había sido confiada la pericia de tal armamento por parte del Juzgado de Instrucción Nº 2 de Concepción del Uruguay en la causa caratulada ‘de oficio para establecer procedimiento de armamento’, para lo cual le habían remitido esas armas de fuego en agosto de 2008”.
Además reconoció que “al requerirle el mencionado Juzgado en marzo de 2011 la devolución de las armas, procedió a falsificar una supuesta acta de entrega a un funcionario policial inexistente, donde se hacía constar que se las entregó el septiembre de 2018 en cumplimiento de oficio judicial del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Concepción del Uruguay fechado el 4 de diciembre de 2008, el cual también fraguó posiblemente con la técnica de collage a la que luego le sacó una fotocopia haciendo parecer que el mismo se había quedado en los autos mencionados y ordenaba la entrega de las armas a la comisión policial que designe la Jefatura de Policía de Concepción del Uruguay, pretendiendo con esas maniobras de falsificación engañar al organismo judicial y lograr la impunidad con la sustracción que había consumado”.
PENA ÚNICA
El Tribunal dará a conocer en el plazo de Ley si resuelve homologar el acuerdo que le presentaron el fiscal, Ignacio Aramberry –que en la audiencia fue subrogado por su par Juan Pereyra–; y los defensores, Damián Pettenati e Iván Vernengo. El acuerdo consistió en la pena única de 12 años, compresiva con la que se encuentra cumpliendo por el mismo plazo, en virtud de la condena que se le impuso el 6 de abril de 2018 por los delitos de Amenazas simples y Peculado en concurso ideal con Sustracción de objetos destinados a servir de prueba en la modalidad de delito continuado en calidad de autor en concurso real con Provisión ilegal de armas de fuego agravada por la habitualidad en calidad de autor. Se trata de un caso de unificación porque se trata de un hecho cometido antes de la primera condena.
Las partes entendieron que los delitos debían subsumirse en los delitos de Peculado en concurso real con Falsificación material de instrumento público. Se destacó que Vitale tenía las armas bajo su custodia por sus funciones como perito balístico del Alto Cuerpo. Vitale, ex perito balístico del Superior Tribunal de Justicia, fue condenado por robar armas que estaban en custodia del Poder Judicial para luego venderlas en el mercado ilegal de armas.
BANDA
Vitale no fue el único imputado en la causa que provocó conmoción dentro del Poder Judicial, al punto que una vocal del Alto Cuerpo calificó a Vitale como un “empleado infiel”, en un intento de despegar a aquel de cualquier manto de sospecha. Estuvo acompañado por el empleado judicial que se desempeñaba en el Cuerpo Médico Forense, Mauro Maximiliano Bertoni; y los señalados como revendedores, Eduardo Román Borgogno, mecánico de motos; y Mario Alberto López Alonso, sodero y tatuador. Los tres comparecieron como testigos en el juicio porque previamente resolvieron sus situaciones mediante convenientes juicios abreviados.
Bertoni y Borgogno consintieron cumplir con la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional, en tanto que López Alonso lo hizo por un año y seis meses, también de cumplimiento condicional. A Bertoni, cuya responsabilidad estuvo agravada por su condición de empleado judicial, se le atribuyó el delito de Peculado y Sustracción de objetos custodiados reiterados, en grado de partícipe necesario y coautor respectivamente, en concurso ideal con Provisión ilegal de armas de fuego en calidad de coautor; en tanto que a Borgogno y López Alonso se les endilgaron los delitos de Receptación sospechosa en calidad de autor en concurso ideal con Provisión ilegal de armas de fuego agravada.
