El Último Malón
Las comunidades moqoit Layik Ra'Apiguin, 21 de abril, de San Javier y Esperanza Viva de Colonia Francesa han visto reconocida su denuncia, lo que da lugar a la apertura de una causa judicial con el objetivo de esclarecer la verdad sobre los sucesos ocurridos hace 119 años. Bajo la carátula de NN s/ averiguación de delito, el expediente FRE 13290/2022 JFR y Expte MPA 02/23 dará inicio a una investigación exhaustiva.
La notificación de esta decisión judicial fue recibida a principios de junio por los denunciantes, quienes han expresado su satisfacción por este paso hacia la búsqueda de la verdad histórica. La investigación contará con diversas medidas probatorias, entre ellas la toma de testimonios a referentes de las comunidades, la incorporación de prueba documental y la intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), entre otras acciones relevantes.
La denuncia presentada ante la Fiscalía Federal de Reconquista resalta la importancia de esta investigación después de más de cien años de los hechos ocurridos. Busca que la verdad jurídica refleje la verdad histórica transmitida oralmente de generación en generación en las comunidades. Asimismo, se destaca el derecho a la verdad en relación con la masacre del 21 de abril de 1904, que representa un intento de exterminio de los pueblos originarios, sus saberes ancestrales, su idioma y su cultura. Por tanto, se exige una investigación profunda y el reconocimiento del genocidio perpetrado desde el Estado.
El levantamiento llevado a cabo por los mocovíes en 1904, conocido públicamente como El Último Malón fue una respuesta de los líderes y guías espirituales a la situación de despojo de sus tierras y las condiciones precarias en las que vivían. Sin embargo, este movimiento fue brutalmente reprimido, dejando un saldo de muertos, heridos y prisioneros, y dando lugar a una persecución feroz contra los sobrevivientes.
Este conflicto forma parte del proceso de formación del Estado nacional, en el cual la violencia fue utilizada sistemáticamente como respuesta ante el llamado problema del indio. Frente al descontento y la resistencia de los desposeídos, se impuso la paz pública a cualquier costo, llevando a cabo actos de violencia directa e indirecta para intentar exterminar cualquier movimiento considerado subversivo.
Este fallo de la Justicia Federal sigue la línea de otros casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, como el fallo por la Masacre de Napalpí en 1924. En consonancia con el pedido de justicia de otras comunidades afectadas por graves violaciones, esta decisión refuerza la importancia de la memoria, la verdad y la justicia en la construcción identitaria de una comunidad.
Las comunidades originarias de San Javier y la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe han manifestado su compromiso y determinación en esta lucha por la verdad y la justicia. Entienden que es fundamental que la historia refleje los acontecimientos ocurridos y que se reconozca el genocidio perpetrado contra los pueblos originarios por parte del Estado.
El inicio de esta investigación bajo la modalidad de Juicio por la Verdad representa un paso significativo para esclarecer los hechos y obtener respuestas. A través de la toma de testimonios y el análisis de pruebas documentales y científicas, se espera arrojar luz sobre lo sucedido durante aquel levantamiento y la posterior represión.
La apertura de esta causa judicial también envía un mensaje claro sobre la importancia de la justicia y la reparación para las comunidades afectadas. Busca romper el silencio y la impunidad que rodean a estos episodios dolorosos de la historia, y avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. La verdad es un derecho fundamental, y esta investigación busca restituir la dignidad de las comunidades originarias de San Javier y contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva y respetuosa de los derechos humanos.
