Con líquidos industriales
El caso de Atanor SCA, ubicada en la localidad de San Nicolás -Buenos Aires, al límite con Santa Fe-, genera un antecedente “histórico” que podría afectar a otras compañías que se ubican a lo largo del curso de agua. Varias firmas con presencia en suelo santafesino están “en la mira” por el mismo tema.
En total son 150 millones de pesos los que tiene que pagar la empresa productora de herbicidas Atanor SCA por contaminar de manera “irreparable e irreversible” el río Paraná, según reza el fallo. La firma, que se ubica en la localidad de San Nicolás, al límite de la provincia de Santa Fe, es considerada la tercera productora de herbicidas más importante del mundo, la cual viene siendo motivo de denuncias desde hace más de diez años tanto por sus trabajadores como los vecinos y vecinas que conviven con ella.
El millonario pago se deberá ejecutar en el marco de indemnización al Estado argentino por contaminar uno de los recursos más importantes del país y de la provincia de Santa Fe como lo es el río Paraná.
El dinero será destinado al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación para que lo invierta en programas de control, protección y conservación del ecosistema dañado, indicó el dictamen judicial.
El hecho
Hace tan solo dos meses Atanor SCA fue noticia tras conocerse un fallo judicial mediante el cual se dio lugar a un amparo por daño ambiental de incidencia colectiva contra la empresa, dado que, en ese momento, “presuntamente” vertía sus residuos tóxicos al río sin ningún tipo de tratamiento y otros los enterraba de manera ilegal.
Ahora, en este nuevo fallo, que es catalogado como “histórico”, se sienta un precedente judicial, gracias a que la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Nicolás impuso a la compañía productora de herbicidas Atanor SCA que deberá pagar por contaminar de manera “irreversible” el río Paraná.
A esta decisión se llega tras numerosos análisis realizados por el Conicet, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Policía Federal Argentina, determinaron que Atanor funcionaba en un marco de “ilegalidad”, y que la contaminación del río Paraná se produjo a través del vuelco de los efluentes líquidos industriales.
La prueba recabada demostró la presencia de la sustancia química Atrazina “en valores superiores a los permitidos para protección de la biota acuática en aguas superficiales del río Paraná”.
“El fallo es un paso importantísimo para nosotros, porque significa el reconocimiento judicial de la verdad de los hechos denunciados durante más de 10 años. En un primer momento, tanto los trabajadores de la empresa como los vecinos del barrio denunciaban el manejo ilegal de la empresa y de sus residuos tóxicos”, contó a El Litoral el abogado de la Asociación Civil Cuenca Río Paraná, Fabián Maggi.
De esta manera, se llegó a la conclusión con la pericia de que la planta de agroquímicos volcó “desechos peligrosos y tóxicos que degradan la calidad de agua del curso del río y afectan la biota acuática”, todo ello considerando los Niveles Guías de Calidad de Agua de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación Argentina (2003) que establece el nivel guía de calidad para Atrazina en cursos de aguas superficiales.
Con la reciente noticia, el abogado indicó que seguramente este fallo traerá “repercusiones” en “muchas industrias que están ubicadas sobre el Paraná”, como es el caso de tantas firmas emplazadas en suelo santafesino, porque “sabemos que contaminan”.
Es importante recordar que esta causa se presentó hace ocho años y motivó la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) ante la pasividad del accionar de la Justicia. Por eso, todavía, sigue su curso el trámite pese a este amparo.
Casos
En este sentido, el ambientalista reconoció que “se pueden dar fallos similares en la provincia de Santa Fe. De hecho, tenemos algunas demandas similares en el cordón industrial de Rosario, sobre todo en la zona sur en empresas como Aguas Santafesinas, Servicios Portuarios, que tienen condiciones similares de infracción a la firma Atanor”.
“Estamos trabajando en esto desde el aspecto civil como en el aspecto penal. Sobre finales del año pasado el fiscal federal solicitó la indagatoria de los responsables de Aguas Santafesinas por infracción a la misma ley de Residuos Peligrosos, nada más que en este caso fue por volcar efluentes cloacales sin tratamiento”.
En esta línea, el caso de Petroquímica Bermúdez por presunta contaminación ambiental, que se encuentra en juicio, es otra situación que se enmarca en delitos ambientales en suelo santafesino.
Capitán Bermúdez vendría siendo contaminada por los residuos tóxicos de la ex Electroclor desde hace, por lo menos, más de siete años. Los desechos contaminantes, que se mantendrían a la intemperie en el terreno de la planta, lindera con Celulosa, estarían esparciendo toxicidades en el suelo, las napas y el aire.
