¿Y el nuevo Código de Convivencia?
Frente a niveles de violencia alarmantes en la ciudad, la problemática de los cuidacoches se ve salpicada por hechos de agresiones y extorsiones contra vecinos y vecinas de forma creciente en comparación con el año pasado. En este contexto, tras el receso del Palacio Vasallo, el tema vuelve a entrar en debate, otra vez.
El Concejo retomó su actividad y uno de los temas que volvió a picar en punta es el de los “trapitos” de Rosario. Es que, según entienden desde la Comisión de Obras Públicas, la problemática lejos de mermar ante la implementación del nuevo Código de Convivencia, se “agravó”.
Los niveles de violencia criminal que se vislumbra en la ciudad con casi un homicidio por día desde que comenzó el año, también alcanzó a los cuidacoches. Muchos son los que expresan en voz baja que las mafias ocuparon sus puestos y que generan hechos delictivos y agresiones de todo tipo.
Hay que recordar que la discusión sobre qué hacer en Rosario con los “trapitos” no es para nada nueva y viene siendo un tema caliente desde hace años. Hubo varias intenciones de regularlos, pero ninguna prosperó. Ahora, la situación parece haber llegado a un punto sin retorno.
A finales del 2022 se llevaron a cabo varios espectáculos masivos en los que los asistentes tuvieron que pagar hasta $ 1.000 pesos para dejar sus autos e, inclusive, en un recital hubo detenciones.
Se trata de una de las grietas que se vive de manera intensa en la ciudad. La reiterada queja de vecinas y vecinos que denuncian extorsión y amenazas de cuidacoches y limpiavidrios, llegó al Concejo en reiteradas oportunidades, aunque sin éxito en su tratamiento. Pese a los diversos proyectos presentados para regular la actividad, ninguno vio la luz.
Pese a que en mayo del año pasado entró en vigencia el nuevo Código de Convivencia, propuesto por el ejecutivo y aprobado por el Palacio Vasallo, que incorporó la figura de la "extorsión" con relación a los “trapitos”, no terminó generando los resultados esperados.
En su momento, el ex concejal Roy López Molina, había anticipado en este medio que se trataba de “una simulación”, porque "no cambia ni va a cambiar" nada respecto a la actitud de la Municipalidad frente al grave problema.
Entendía el ex edil que los artículos del nuevo Código que involucran a los cuidacoches “no se mete con las mafias” que están “en Pichincha, los estadios de fútbol y recitales”, porque se rechazaron “todas las propuestas para agravar las sanciones que se presentaron en ese sentido”.
En base a lo que indican las nuevas reglas de juego vigentes en la ciudad para poder sancionar a un “trapito” -según lo aprobado- el vecino tiene que tener que probar que lo extorsionaron. Esto, según anticipó López Molina, “traerá dos complicaciones para el ex edil: qué vecino va a poder grabar ese momento de violencia, que es efímero”; y segundo, se habla de "extorsión" que tiene una pena de prisión en el Código Penal y no una multa en el Código de Faltas. Por eso dijo que "es cambiar todo para que nada cambie".
Cada vez peor
Para la concejala Fernanda Gigliani, de Iniciativa Popular, “el escenario se fue complejizando”. Señala que “muchos cuidacoches no quieren venir a exponerse” en el Concejo, porque “han sido amenazados”.
En esta línea, la edila señaló a radio TL8 que “los extorsionadores han ganado terreno; la situación está más grave que el año pasado”.
El tema vuelve a ocupar la agenda legislativa local y el debate promete ser candente, otra vez. Es que hay algunos que buscan “prohibir” la actividad, mientras que otros bloques pretenden “regular” mediante un “censo” para poder “controlar” el tema.
A su vez, desde el ala más cercana al oficialismo estiman que lo ideal es que no operen “donde funcionan los estacionamientos medidos” y que en otras zonas puedan ser controlados por “organizaciones de bien público en coordinación con secretarías municipales”.
