Situación epidemiológica
El gobierno provincial, a través de un comunicado publicado por el Ministerio de Salud, estableció el uso obligatorio del barbijo quirúrgico en instituciones de salud, tanto privadas como públicas. La norma está dirigida tanto a pacientes y sus respectivos acompañantes, como así también al personal sanitario que se encuentra cumpliendo funciones en cada una de las instituciones entrerrianas.
La decisión fue comunicada a través del documento COES 140 que actualiza las recomendaciones de prevención de infecciones respiratorias agudas en establecimientos de salud y para personal sanitario en el marco de la estrategia integral de control de Covid-19. La norma surge debido a la situación epidemiológica actual, caracterizada por la circulación del virus Influenza y el aumento de casos de pacientes con coronavirus a nivel provincial y nacional.
El documento también contempla criterios de priorización para el diagnóstico de Covid-19 en personas con enfermedad respiratoria mayores de 50 años y con condiciones de riesgo, residan, trabajen o asistan a ámbitos que por las características propias presentan mayor riesgo de transmisión o generación de brotes, personal de salud y otros grupos prioritarios. También incluyen a personas con antecedentes de viaje en los últimos 14 días en una región en la que esté circulando una variante de interés o de preocupación que aún no esté circulando en el país.
Casos
Según el último informe publicado por el Ministerio de Salud de la provincia, en Entre Ríos se registraron 711 casos en el acumulado semanal pertenecientes al periodo del 18 al 24 de diciembre. Por otro lado, según el último informe que cerró el 30 de diciembre, hay una ocupación del 54% en las Unidades de Terapia Intensiva de la provincia, siendo la región 4, que comprende a Gualeguaychú, Gualeguay e Islas del Ibicuy, la zona con mayor ocupación, cercana al 70%.
Cabe recordar que el pasado 30 de diciembre, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 836/2022 el gobierno nacional prorrogó la Emergencia pública en materia sanitaria establecida en la Ley 27.541 hasta el 31 de diciembre de 2023. El argumento central se enfoca en que “todavía hay necesidades de atención especial por el Covid-19 y sus impactos incluso en el ámbito de la salud mental” y permite la contratación de nuevo personal en el campo de la salud.
