Segundo fallo
Ignacio Pellizzón
La Cámara Penal de Rosario ratificó la incompetencia de la justicia local para intervenir en causas por quemas de pastizales en las islas del Paraná. Por lo tanto, se cierra cualquier posibilidad de que los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada puedan citar a una audiencia a autoridades de Entre Ríos para que den respuestas por las quemas en el Humedal.
La Jueza Carina Lurati consideró que se trata de un delito ambiental de competencia federal, en consonancia con la jurisprudencia pacífica en la materia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, convalidando así lo resuelto por el juez de primera instancia Nicolás Foppiani cuando rechazó la pretensión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de convocar a autoridades entrerrianas ante la justicia ordinaria rosarina.
La magistrada también recomendó a las autoridades del MPA que continúen colaborando con la Justicia Federal de Victoria, que tiene a su cargo la investigación de los graves presuntos delitos ambientales interjurisdiccionales de público conocimiento.
El primer fallo
Fue primero el juez Nicolás Foppiani quien rechazó la solicitud del fiscal rosarino Luis Schiappa Pietra para llevar a una audiencia judicial a las máximas autoridades políticas de Entre Ríos por las quemas.
El magistrado entendió que la justicia santafesina es incompetente en el tema, según justificó en su resolución. Por eso, dictaminó “declinar la competencia ordenando la remisión de las actuaciones al Juzgado Federal de Victoria, Entre Ríos”.
El representante del MPA había elevado el pedido ante el ecocidio en las islas que volvió, esta semana, a llenar de humo las ciudades del Gran Rosario.
El fiscal había pedido en carácter de “urgente” citar a los máximos responsables políticos del gobierno de Entre Ríos por posible incumplimiento en los deberes de funcionario público y lesiones.
Rosarinos imputados
La fiscal extrapenal, María Laura Martínez, presentó una demanda contra 19 rosarinos propietarios de terrenos en las islas entrerrianas para poder determinar su responsabilidad por daño ambiental indirecto contra la población de Rosario y la Región.
La demanda judicial apunta a titulares de lotes en las islas, pero con domicilio fiscal en la ciudad santafesina. La fiscal entiende que los propietarios de las tierras pueden ser demandados por un daño de tipo indirecto como es el hecho de generar que los habitantes respiren aire contaminado.
Los apuntados por Martínez son: Antonio Cayetano Gómez, Ramiro Javier Costa, Juan Leopoldo Zanabria, Sócrates Galindo, Laura Beatriz Becherucci, Luis Carlos Pérez, Jorge Casals, Carlos Alberto Sidoti, Enzo Vignales, Raúl Alvaro Morist y Rachinsky, Amelia Marta Barinotto, Esteban Ricardo Morist, Julián Marcelo Luraschi, José María Vicenti, Graciela Capone, Daniel Corvalán, David Sobrido, Mauricio Sobrido y Federico Fernando Muller.
Según indicó la fiscal en declaraciones a radio LT8, la investigación para poder llevar a la Justicia a los 19 individuos se viene desarrollando desde hace algunos años. El basamento de la demanda está anclado en reportes científicos que realizó la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Martínez explicó que, en caso de que se pueda generar una sentencia favorable, se podría avanzar con acciones individuales contra cada uno de los imputados.
Eran 14 los titulares registrales que estaban bajo la lupa por parte del Juzgado Federal 2 de Paraná, Entre Ríos. Con apoyo del abogado especialista en Derecho Ambiental Matías De Bueno, quien a la vez dirige el Observatorio Ambiental de la UNR, se pudo identificar a los dueños mediante contraste de imágenes satelitales de calor y los catastros.
La fiscal Martínez explicó en la radio que se buscan determinar si los incendios son intencionales o no. “Lo que pretendemos es una declaración de la existencia de daños en la salud de los habitantes de Rosario proveniente de las quemas”.
“Decimos que los dueños de las tierras que tengan domicilio en Rosario y en cuyo territorio se produzcan quemas están omitiendo una función de cumplimiento de la protección ambiental”, argumentó. Y lo sostuvo a partir de la reforma constitucional de 1994 y después de 2015, “que habla de la función ecosistémica de los bienes privados”.
“Si soy dueño de un terreno en las islas tengo que cuidar que no se produzcan los incendios porque eso daña el ecosistema y porque indirectamente va a dañar la salud de los habitantes de Rosario y de localidades aledañas”, advirtió la fiscal Martínez.
“En 2020 ya había un nivel alarmante de material particulado en el aire”. E indicó que hoy existen “partículas menores que se filtran en la respiración humana y que son perjudiciales”. Por lo tanto, entendió se requiere de un abordaje que incluya tanto lo civil como lo penal.
