Humedales a parlamentaria
Hagar Blau Makaroff
El plenario de comisiones en la Cámara de Diputados de la Nación tendrá el cuarto intento de avance de una Ley de Humedales nacional, y son diez los proyectos que se presentan. Entre estos, el proyecto que fue consensuado en 2021 de Leonardo Grosso es el que en el “poroteo” pareciera tener auspicio de otros bloques.
El debate arranca por la mañana en el anexo del Congreso de la Nación Argentina, mientras afuera miles de ciudadanos se apostarán desde temprano, entre gremios, organizaciones ambientalistas y movimientos de trabajadores rurales para seguir de cerca el plenario, aguardando el avance del proyecto de Grosso, de cara a un dictamen unificado por todos los bloques, algo que de primeras será difícil.
Se espera que haya tensiones y resistencias de la oposición (PRO y radicalismo), aunque a la vez ya son avanzadas las conversaciones entre los bloques, y a pesar de que cada color político quiso mostrar su protagonismo con el proyecto propio, todo indica que habrá quórum en apoyar el proyecto de Grosso (“Ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para el uso racional y sostenible de los humedales” (n°0075-D-2022, y en la jerga, Ley de Humedales Consensuada) para que llegue la semana entrante al debate en sesión de Diputados.
“El momento es ahora”
“Es un plenario de debate plural y sincrónico para evitar giros y dilataciones que conlleven cambios sustanciales”, analizó Lucas Micheloud, abogado especialista en medioambiente, miembro de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.
Consultado por este medio sobre las expectativas, que aseguró son altas de que avance, precisó: “Queremos que todos los sectores avalen el proyecto de Grosso en vez de que cada bloque se golpee el pecho. Que compartan el diseño institucional con el proyecto consensuado y legitimado en estos dos años”.
Comparó la complejidad del debate que se espera a “cuando se debatieron la Ley de Bosques en 2008 y la Ley de Glaciares en 2010, que tuvo resistencias y falacias de que se prohíba la producción en los humedales. Estos proyectos contemplan producir con un uso racional del suelo productivo”. Aunque aseguró que “el debate en este tema no es nuevo: viene de dos años y medio de quemas en los humedales y el arrasamiento este verano de los bosques de Corrientes, y tres pérdidas de estado parlamentario, por eso la ley debería salir ahora o no sale nunca”, aseguró el abogado ambientalista.
Desde su análisis cercano a los últimos intentos de avances de una ley de Humedales, Micheloud precisó: “El momento es ahora porque hoy es el tercer sector el que hace una auditoría social sobre el asunto, y el proyecto que salga de la parlamentaria de esas tres comisiones deberá conformar a las organizaciones de la sociedad civil, porque es sin dudas gracias a su trabajo en generar la conciencia ambiental y la puesta del asunto del ecocidio en agenda nacional, que hoy se está debatiendo por cuarta vez la ley”.
Los proyectos de ley, el poroteo y un consenso al final del túnel
Son diez las propuestas presentadas: tres de Juntos por el Cambio, tres del Frente de Todos, dos del Interbloque Federal, uno del Frente de Izquierda y uno del Socialismo. Y como se dijo anteriormente en esta nota, el que tiene mayores indicios de ser consensuado, conocido como Ley de Humedales Consensuada, se remonta a aquel proyecto creado en 2020 que perdió estado parlamentario en 2021 pero que cosechó miles de adhesiones, y que hoy cuenta con el respaldo de 540 organizaciones del país.
Esta iniciativa propone la creación de un Inventario Nacional de Humedales para conocer cuántos son, dónde están, qué características tienen y qué función cumplen en cada zona. Propone penalizar los incendios intencionales en estos territorios y busca el ordenamiento territorial: que los Estados provinciales regulen el uso racional de los suelos, en torno a la aplicación de sustancias contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier origen, fumigaciones incluidas. Y es en este punto donde aparecen las mayores resistencias del sector agroganadero.
El segundo proyecto, con peso mayoritario, es de Juntos por el Cambio, que buscará disputarle algunos artículos, de la mano de Ximena García y Maximiliano Ferraro. Si el consenso es suficiente, del plenario se elevará al recinto, para que una vez aprobado el proyecto pase a debate en el Senado y con voluntad política, la Ley de Humedales sea sancionada antes de fin de año.
Los otro nueve proyectos que sí se debaten son: dos del Frente de Todos, dos del Interbloque Federal (Massa y Camaño), uno del Frente de Izquierda, uno del Interbloque Provincias Unidas, y tres de Juntos por el Cambio, siendo uno de éstos el que se presenta como el segundo proyecto de mayor consenso, que contaría con adhesiones de legisladores del radicalismo y de Coalición Cívica.
El proyecto de ley del diputado Ricardo Buryaile (UCR Juntos por el Cambio) “toma una definición sobre los humedales anterior a la consensuada por organizaciones y científicos, y se trata del sector más reticente al avance de la ley, ya que fue en la Comisión que preside (de Agricultura y Ganadería) donde quedó trabado el proyecto consensuado”, recordó Micheloud.
El resto de los proyectos tienen muchas similitudes, por lo que se espera que este jueves en el plenario se avance en pequeñas adaptaciones, unificaciones y agregados de artículos, donde “todos querrán proponer algo de su autoría, y por eso hay tantas propuestas, pero el espíritu es casi el mismo, en el caso de proyectos como el de Estévez y Fein, el de Camaño, o el de Del Caño y Bregman”, adelantó Micheloud en torno a las discusiones que se esperan.
La propuesta oficial, desterrada
Entre esos diez no será tratado en el plenario el proyecto elaborado por el Cofema junto al Ministerio de Ambiente (acordado junto al ministro Sergio Massa cuando presidía Diputados), rechazado por organizaciones de la sociedad civil a poco de ser anunciado.
“El proyecto del Cofema tuvo certificado de defunción a las pocas horas”, ya que eliminaba al menos 25 artículos, promovía la producción sin control del Estado, altera la definición de humedal, suprime principios, conceptos, objetivos de protección, funciones y deberes de la autoridad nacional de aplicación y conductas prohibidas, eliminando además el Inventario Nacional de Humedales.
“Que esté hoy fuera del debate parlamentario fue una conquista y un gran aprendizaje sobre cómo la democracia ambiental pone límites a la participativa. Ya no se puede legislar o decidir sobre bienes comunes y colectivos sin licencia social, académica y científica”, fue el análisis del abogado ambientalista Lucas Micheloud.
