Para ‘ordenar’ la ciudad
Ignacio Pellizzón
En noviembre del año pasado el intendente de Rosario, Pablo Javkin, promulgó el nuevo Código de Convivencia de Rosario que entrará en vigencia el 10 de agosto. Se trata de casi 350 artículos que vienen a tratar de imponer “orden” en la ciudad, según lo definió el propio jefe del Palacio de los Leones.
Pero un dato a tener en cuenta con la puesta en marcha del nuevo Código es que ya no sólo las multas de tránsito están “dolarizadas”, es decir que estén atadas al costo de la nafta -que persigue el ritmo del dólar-, sino que también muchas infracciones “menores” pasarán a tener un costo muy elevado, con el agravante de que se irían actualizando en base al aumento de la nafta.
Por ejemplo, multas como cruzar la calle sin respetar la senda peatonal, tener en mal estado la vereda particular, no respetar el semáforo en rojo como peatón, entre otras, llegarán dolarizadas.
Esto es así, porque, en base a la iniciativa del Ejecutivo municipal, todas las infracciones que se cometan en Rosario tendrían una sanción económica basada en Unidades Fijas (UF). Esto implicaría que el costo de cada una de ellas equivaldría al menor precio de venta al público de un litro de nafta, el cual está supeditado al valor del dólar. Es decir que, si aumentara la nafta, aumentarían también las multas.
Solamente a modo de referencia, en 2020 el combustible aumentó 10 veces y en el 2021 el ajuste fue del 28 % en promedio y 34, 5 % para la nafta súper. El mayor problema con los aumentos regidos por la divisa estadounidense es que los salarios –en pesos– nunca se adecuan al mismo nivel, por ende, temen que las multas se tornen impagables.
Rosario, a diferencia de la provincia de Santa Fe que para sellados y multas generales definió el 50% del litro de nafta, pero con el doble de UF -según ordenanza 10.026 art. 9-, en Rosario se duplicó la cantidad lo que equivale a un litro de nafta.
Algunos ejemplos
Según indica el artículo n° 186: “La realización o ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicio sin previo permiso de instalación, inscripción, habilitación, transferencia, comunicación o cambio de rubro exigibles, o la modificación de las condiciones para las que fue habilitado, será sancionada con multa de 150 a 1900 UF y/o clausura hasta tanto se regularice la actividad”. Esto implica que el costo económico, por dicha infracción, sería entre 19.710 y 249.660, si se contempla que el litro de nafta más barato se ubica en 131,40 pesos.
Otro caso. Según el proyecto, si un peatón, por ejemplo, no respeta las señales de tránsito o los semáforos y cruza mal la calle, puede tener penas económicas que oscilen entre los 657 y los 3.285 pesos (de 5 a 25 UF), siempre y cuando se sostenga a 131,40 pesos el litro de nafta. Si aumentara, también se modificaría el valor en pesos.
Un ejemplo más costoso. El artículo N° 268 indica: Las obras que atenten contra la protección ambiental, enumeradas en el presente artículo, se sancionarán de la siguiente manera:
a) Realización de movimientos de suelo sin autorización, que modifiquen la condición hídrica previa y realizados en sectores afectados por la mancha de inundabilidad, con multa de 1.000 a 50.000 UF, es decir de 131.400 a 6.570.000 pesos.
b) Realización de obras y/o acciones no autorizadas en “Áreas de Protección Ecológica y Ambiental” o la que en el futuro la reemplace, con multa de 1.000 a 50.000 UF.
c) Realización de obras que no respeten el “Factor de Impermeabilización de Suelo Máximo”, con multa de 1.000 a 50.000 UF.
Nuevo código
El nuevo régimen se acordó por unanimidad en el Concejo. Se trata de un hecho emblemático e histórico, porque no se modificaba el Código de Faltas desde 1981, además de que se imponen nuevas sanciones que intentarán aggiornar la ciudad acorde a los nuevos tiempos que corren.
Caren Tepp de Ciudad Futura había mencionado a Mirador Provincial que estaban contentos con su implementación porque lograron que “este cuerpo normativo no se reduzca simplemente a regular la coexistencia de derechos individuales, sino que haga eje fundamentalmente en los intereses colectivos, en la protección de los bienes comunes y en empezar a igualar las cargas para dejar de ser fuertes con los débiles, y débil con los fuertes. En definitiva, un código de convivencia más parecido a las demandas y los anhelos del siglo XXI”.
Inclusive, “cuenta con un capítulo específico que establece las faltas urbanísticas y ambientales”. “Desde hace años vemos en el concejo como grandes empresas inmobiliarias piden excepciones por haber construido por fuera de la normativa y no son sancionadas. Con esta incorporación del paradigma de la justicia urbanística, logramos que aquellas empresas que van en contra de la normativa tengan un proceso sancionatorio igual que el que tiene cualquier ciudadano”.
Aunque el megaproyecto de casi 350 artículos obtuvo luz verde con el aval de todos los concejales, las críticas sobre distintos aspectos se mantienen firmes. De hecho, en algunos puntos clave hubo ediles que se abstuvieron de votar y otros que directamente no acompañaron.
El nuevo código incluye derechos vinculados al medio ambiente, el género y la multiculturalidad, entre otras consideraciones. Entre las propuestas se destacan la posibilidad de que los vecinos realicen denuncias a través de fotos y videos con actas sujetas a aprobación, el recurso de reconsideración ante el departamento ejecutivo, la organización de la justicia administrativa de faltas, la creación de fiscalía de faltas.
Entre las tipologías se advierten las faltas contra los consumidores, la publicidad, los espectáculos públicos, la contaminación, el arbolado público; se incluyen faltas por obras particulares y las que involucran a peatones, entre otras.
También se incorporan las faltas por discriminación, la protección de las mujeres y el colectivo LGTBQ+, las infancias, las personas con discapacidad. Otro de los aspectos que se suma es la protección a los animales.
