domingo, abril 19 2026

Detalles desde el Centro de Justicia Penal

 

Carlos Retamal

Los 8 presos que hace poco más de un año fueron protagonistas de una sangrienta y cinematográfica fuga de la Unidad Penal de Piñero fueron imputados a principios de esta semana por los fiscales del Ministerio Público de la Acusación, Franco Carbone y Aurelio Cicerchia, quienes este martes 6 de julio dieron detalles de la fuga y la investigación que se llevó adelante desde el domingo 27 de junio del año pasado. Entre otras cosas, señalaron que hubo un gran trabajo de investigación previa, que hay muchas falencias en la seguridad del perímetro de la cárcel y que la falta de control permitió que al menos un preso estuviera conectado minuto a minuto con uno de los integrantes de la banda que ayudó a la evasión. “La fuga no pudo haber ocurrido sin celulares dentro del penal”, dijeron.

En la sede del Centro de Justicia Penal en Rosario, ambos funcionarios dieron algunos detalles sobre la imputación para los reclusos Sergio Cañete, Joel Rojas, Alejandro Schmittlein, Ezequiel Romero, Alejandro Candia, Daniel Piscione, Martín Cartelli y Claudio “Morocho” Mansilla, formalizada en la tarde del lunes por videoconferencia.

Una voz en el teléfono

En base a la investigación realizada durante prácticamente un año, que incluyó escuchas telefónicas, se pudo determinar que fue el recluso Sergio Cañete quien ideó el plan de escape, y no Mansilla, como se especuló en un primer momento.

“Hubo una comunicación directa de parte de internos que estaban dentro del penal con una de las personas que fue imputada (y estaba afuera). La comunicación de Cañete con una de las personas fue todo el tiempo, minuto a minuto, hasta las 17:10, que es el momento de la fuga”, remarcó el fiscal Carbone, quien agregó: “La fuga no pudo haber ocurrido si no hubieran estado esos teléfonos adentro del penal”.

Penal en problemas

Otra de las cosas que se confirmó en el marco de la investigación fue que la Unidad Penal N° 16 de Piñero tiene graves falencias en materia de seguridad, empezando por tejidos perimetrales, en reemplazo de muros; la falta de mantenimiento del sistema de cámaras y monitoreo y la descoordinación entre garitas y puestos de vigilancia.

Tras aclarar que “no se puede hablar de complicidad” del Servicio Penitenciario en la fuga, “hubo muchas falencias”, sostuvo Carbone. “Por ejemplo las cámaras (de monitoreo) no funcionaban, los tejidos perimetrales eran muy fácil de ser franqueados, y tampoco había comunicación entre los centinelas o personas que ocupaban puestos de seguridad en las distintas garitas, cuya función es defender justamente el predio”, mencionó.

Apoyo externo

El fiscal Cicerchia indicó que “hubo por lo menos tres personas identificadas que fueron imputadas por facilitamiento doloso de la evasión y también se les atribuyó la portación de las armas de guerra porque participaron de toda la fuga”. Y tras aclarar que “hubo una inteligencia previa, una organización importante para llevar a cabo esta fuga”, adelantó que “hay datos de algunas otras personas, que están bajo investigación todavía y que no han sido identificadas”, que se presume que también participaron de la evasión.

Las tres personas imputadas a las que hizo mención Cicerchia son Rodrigo Gramajo y Franco Cantero, quienes fueron imputados de los delitos de favorecimiento de la evasión y haber portado y usado armas de guerra; y Elisa Álvarez, quien recibió la misma imputación (se presume que era la conductora de uno de los autos en los que se fueron los evadidos), más resistencia a la autoridad.

El andar del ‘Morocho’

El último de los presos recapturados fue Claudio ‘Morocho’ Mansilla, a casi un año de la evasión, en una casa de barrio Polledo, que fue rebautizado como Fontanarrosa (por elección de vecinas y vecinos de la zona).

Según dijeron los fiscales, se hicieron más de 70 allanamientos a lo largo de casi un año, no solamente en Rosario sino también en otros puntos de la provincia y el país. Mencionaron que en una oportunidad estuvieron cerca de atraparlo en la ciudad de Santa Fe y que en otra, acá en Rosario, estuvieron a pocos minutos de lograr su arresto. También negaron que haya estado en Paraguay, como se dijo en un primer momento.

Imputaciones

Claudio Javier “Morocho” Mansilla, Sergio Cañete, Joel Rojas, Alejandro Schmittlein, Ezequiel Romero, Alejandro Candia, Daniel Piscione y Martín Cartelli fueron imputaron por los fiscales Carbone y Cicerchia por los delitos de evasión agravada por el uso de armas en concurso con la portación de arma de fuego de guerra y el juez Gonzalo López Quintana les dictó la prisión preventiva por el plazo de ley (hasta dos años).

La fuga

La evasión se produjo en la tarde del domingo 27 de junio del año pasado, cuando con la ayuda de varias personas que llegaron en un automóvil Peugeot 308 negro y atacaron a tiros la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, ocho presos logaron escapar.
El violento episodio tuvo su apoyo desde el interior del penal, ya que en forma coordinada con el ataque, algunos reclusos cortaron las rejas perimetrales con amoladoras, mientras desde afuera se cubría el escape a los tiros. Durante la balacera, uno de los atacantes murió tras ser alcanzado por disparos de arma de fuego.

Esa tarde huyeron Sergio Cañete y Joel Rojas (apresados horas después durante un operativo policial hecho en la zona de Cabin 9, en el límite oeste entre Rosario y Pérez); Alejandro Schmittlein (que fue atrapado en un camino rural entre Murphy y Carmen, departamento General López, al sur de la provincia, un día después del escape); Ezequiel Romero (se entregó en forma voluntaria a fines de junio, en la zona oeste de Rosario); Alejandro Candia (cayó durante un allanamiento en la zona sudoeste de Rosario a principios de julio), Daniel Piscione (detenido a mediados de agosto luego de ingresar con heridas de arma de fuego en brazos y piernas al hospital de emergencias, donde dio un nombre falso); Martín Cartelli (atrapado el 20 agosto del año pasado en la ciudad de Ramallo, provincia de Buenos Aires) y Claudio ‘Morocho’ Mansilla, recapturado en la noche del jueves 16 de junio durante un allanamiento realizado en el barrio Zona Cero, también conocido como ‘Polledo’, ubicado en el extremo norte de Rosario, a muy pocas cuadras del inicio de la autopista Rosario-Santa Fe.


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