Delincuentes de guantes blancos
El exdirector del Registro de la Propiedad Inmueble Matías Figueroa Escauriza brindó los detalles del juicio contra la asociación ilícita conformada por gestores, escribanos, abogados, médicos y empresarios que falsificaron documentación y vendieron propiedades de manera ilegal por más de veinte millones de dólares en el sur santafesino.
Este miércoles, en la localidad de Venado Tuerto, en el marco del juicio oral y público que se realiza contra una asociación ilícita que se dedicaba a estafar a vecinos del sur santafesino, el Registro de la Propiedad Inmueble participó en su calidad de denunciante, entre un total de 80 testigos.
En representación del organismo provincial, dialogó con El Litoral el exdirector Matías Figueroa Escauriza, quien explicó que se trata de una organización que se apropiaba ilegítimamente de campos, lotes y casas con un accionar “burdo, pero a la vez sofisticado”. “Buscaban campos cuyos dueños estaban fallecidos o ya no vivían en Venado Tuerto, hacían poderes apócrifos -como que el dueño de la propiedad daba un poder de venta- y las transferían a nombre de terceros, sacándolas del patrimonio de sus verdaderos dueños y, en muchos casos, ya transfiriéndolas nuevamente a terceros que compraban de buena fe estos inmuebles”, detalló. “Esto lo vienen haciendo sistemáticamente hace mucho tiempo, son más de mil hectáreas de campo y en las ocho denuncias que presentamos son más de 39 inmuebles de Venado Tuerto”, añadió el exfuncionario.
El rol del Registro
Figueroa Escauriza indicó que el Registro de la Propiedad Inmueble tomó conocimiento de la situación por un caso de casi 500 hectáreas en el que la víctima se enteró que se estaban vendiendo sus campos quería saber si era verdad. “Empezamos a investigar, verificamos que efectivamente se estaban vendiendo y que el dueño del campo del que era heredero había fallecido hacía quince años y le habían falsificado la firma y empezamos a hacer un trabajo de inteligencia que vino también de la mano con la modernización del registro de la propiedad, para poder detectar este tipo de estafa inmobiliaria”, recordó el entonces director del organismo.
“Esta fue la primera denuncia -presentada en agosto de 2017- de 39 estafas que hicieron y que se fueron detectando internamente en la repartición, por la decisión política, en su momento, de Miguel Lifschitz, que decía que investiguemos todos los delitos complejos”, agregó.
Ahora que comenzó el juicio oral y público, todos los testigos tienen que declarar y se espera que en un mes y medio tiene que estar la sentencia para conocer qué responsabilidad penal les cabe. “Está estipulado para el 3 de julio pero se calcula que se va a extender medio mes más”, estimó.
En cuanto al destino de los terrenos, el exfuncionario manifestó que al día de hoy, todos estos bienes están congelados y se necesita la sentencia, “para primero empezar a devolverle a las víctimas; y, en los casos donde haya un adquirente de buena fe, con el patrimonio de estos delincuentes, se va a resarcir a las víctimas”.
Delincuentes de guantes blancos
“Son delincuentes de guantes blancos -consideró Figueroa Escauriza-, porque eran profesionales: abogados, escribanos, contadores, médicos, empresarios, prestanombres, que formaban parte de esta organización criminal; y es la causa de megaestafa inmobiliaria más grande que se investigó en la historia de la provincia de Santa Fe, porque tienen un patrimonio estafado en más de veinte millones de dólares -al día de hoy cuatro mil millones de pesos- para que tomemos dimensiones de la magnitud y la cantidad de terrenos y campos que han estafado a víctimas del sur santafesino”.
Según detalló, “uno de los imputados es un gestor que estaba todo el día dentro del Registro de la Propiedad, que tenía acceso a mucha información y está sindicado como uno de los principales responsables de esta asociación”, pero también “había un médico que firmaba certificados como que las personas tenían capacidad para firmar las escrituras y realmente eran certificados “truchos”; así como dos escribanos, abogados, contadores, y el fiscal, en la apertura, pidió la pana de 16 años de prisión para el líder, un abogado de apellido Di Benedetto..,era una mafia muy grande y como se denomina vulgarmente “de guantes blancos”, que son por lo general difíciles de imputar”.
“Aportamos pruebas a todos estos juicios desde hace seis años, desde que está esta causa en marcha y por eso estamos contentos de que ya haya llegado a juicio y se esté por fallar porque realmente es un ejemplo para la sociedad: si quien roba una bicicleta va preso, cómo puede que ser una persona que robó veinte millones de dólares, después de seis años siga tomando un café en el centro de Venado Tuerto, porque esto es lo que la sociedad no entiende con la justicia, que tengamos ciudadanos de primera y de segunda, y pedimos que se resuelva rápido”, manifestó. “Si cometió un delito, no importa la profesión que tiene; tiene que pagar”, concluyó el exdirector del Registro.
