Departamento San Cristóbal
Por otra parte, el Senador Michlig acompañó un proyecto de Comunicación presentado por el Senador Rubén Pirola por el cual se hace conocer la preocupación por el recorte presupuestario que sufrirá la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.
Acueducto San Javier
El representante departamental indicó que “el acueducto San Javier, es el emprendimiento de transporte y distribución de agua potable más importante para un gran sector del centro norte provincial, y también del departamento San Cristóbal, que carecen de una fuente de provisión estable de agua para su procesamiento”.
“Dicho acueducto cuya toma de agua se concreta sobre el Río San Javier, tiene proyectado un ramal que se extiende hacia las ciudades y localidades del sudoeste del departamento San Cristóbal, que carecen de provisión de agua potable por sistema de acueductos. Localidades como Arrufó, Villa Trinidad, Colonia Rosa, y ciudades como San Guillermo y Suardi no cuentan con una provisión estable y de calidad proveniente de ríos”.
“Muchas de ellas tienen sistemas de ósmosis inversa que procesan agua potable, pero con altos niveles de desechos producto de la salinidad de tales aguas y con la necesidad de permanentemente cambiar los filtros por el gran desgaste que presentan. Por ello, es de suma necesidad peticionar la proyección de aquella hacia el sector sudoeste, donde existe gran cantidad de empresas ligadas a la agroindustria que necesitan imperiosamente una fuente estable y permanente de provisión de agua. Ni hablar de la población en su conjunto, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, mencionó Michlig.
Financiamiento de Bibliotecas Populares
También el Senador Michlig acompañó un proyecto de Comunicación presentado por el Senador Rubén Pirola por el cual se hace conocer “la preocupación por el recorte presupuestario que sufrirá la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) ante el vencimiento de las asignaciones impositivas específicas que operará el 31 de diciembre de 2022, según la dispone la Ley 27432, sancionada en el año 2017 y el consiguiente desfinanciamiento de sus actividades y de las ayudas y subsidios a todas las bibliotecas Populares”.
Además, “adherir a la campaña llevada adelante por la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIPI en la que se peticiona la derogación del artículo 4 de la Ley 27432)”.
