miércoles, abril 29 2026

Proyectos en el Concejo

Varios proyectos figuran con pedidos de preferencia, pero no prosperan. La prohibición de los "trapitos", la derogación de la tasa vial y la habilitación de las apps de viajes son algunos ejemplos. Proponen regular los food trucks. Y piden crear un fondo flotante local para atenuar la crisis del transporte público.

En las últimas sesiones del Concejo santafesino no hubo temas fuertes de la agenda pública. Es evidente el estricto cuidado institucional de las formas y de los temas -en su mayoría "políticamente correctos"- a debatir públicamente en el recinto. Pero hurgando en los listados de los proyectos que tienen pedidos de preferencia para su tratamiento (de la última sesión), hay varios que duermen el sueño de los justos y no prosperan: son cuanto menos controvertidos. 

 

La mayoría de éstos provienen del "núcleo Pro", en su alianza con la coalición Juntos por el Cambio (donde participa la UCR), y vienen incluso de la anterior conformación legislativa. El primero, de Sebastián Mastropaolo y la ex concejala Luciana Ceresola (que fue su par de interbloque), plantea lisa y llanamente prohibir en la ciudad capital el cuidado de vehículos y limpieza de vidrios sin autorización legal, en perjuicio del derecho de uso del espacio público: es decir, no más cuidacoches ni limpiavidrios.

 

Hoy, huelga recordar, rige una ordenanza en la ciudad (sancionada en 2019) que ordena y regula la actividad informal de los cuidadores de vehículos pero, en los hechos, no se aplica. Lo último que se supo es que el municipio local "analizaba" modificar la normativa vigente.

 

En el proyecto se incorpora un artículo al Régimen de Infracciones y Penalidades, con sanciones para quienes ofrezcan en la vía pública servicios de estacionamiento, cuidado de coches o limpieza de vidrios. Estas personas deberían cumplir como contravención de uno a cinco cinco días de "trabajos no remunerados de solidaridad con la comunidad", o multa de 150 a 1.500 Unidades Fijas (UF): esto representa de unos 6.900 a 69 mil pesos, respectivamente.

 

"En caso de detectarse menores de edad involucrados en la actividad de estacionamiento, cuidado de vehículos y limpieza de vidrios, se debe dar intervención inmediata a la Secretaría de Políticas de Cuidados y Acción Social (…), quien debe realizar las actuaciones pertinentes ante autoridades policiales, judiciales y acusatorias para el resguardo de menores de edad", expresa la iniciativa.

 

Tasa vial y apps de viajes

 

Hay otros dos proyectos controversiales que también siguen figurando en aquellos que tienen pedido de preferencia para su tratamiento. El primero, plantea derogar todo un articulado de la Ordenanza Fiscal Municipal que alude al Fondo de Mantenimiento de la Infraestructura Vial Municipal, conocido como tasa vial o, más coloquialmente, "impuesto al bache".

 

Este fondo fue creado por la Ordenanza N° 12.064, de 2013. Es un "derecho de mantenimiento" por el uso de la red vial municipal, que deben abonar los usuarios -conductores, excepto aquellos del transporte público como taxis- por la "prestación de los servicios que demande el mantenimiento (…) y mejoramiento de las calles". Deben pagar esta "contraprestación" quienes radiquen un vehículo (auto o moto) en la Municipalidad de Santa Fe, tras haberlo adquirido.

 

El proyecto (que lleva la firma de Ceresola y Mastropaolo) plantea reestructurar este derecho, quitando el peso de la obligación tributaria a los usuarios que deben abonarlo: "El Fondo de Mantenimiento de la Infraestructura Vial se conformará con recursos que puedan destinarse a tal fin, tales como donaciones, legados, transferencias de otras jurisdicciones y cualquier otro concepto", dice la propuesta.

 

La otra iniciativa -que aún figura en los listados del Orden del Día del Concejo- es regular las aplicaciones de viajes particulares (como Maxim o Uber) en la capital provincial, tema que fue debatido intensamente en su momento y que hoy divide aguas entre concejales de los distintos bloques, tanto en el oficialismo como en la oposición.

 

¿Qué propone? Que estas apps puedan operar, cumplimentando requisitos legales y administrativos. Les da un marco normativo que hoy no tienen Y aún más: "Los licenciatarios y choferes de taxis y remises y sus vehículos habilitados a tal fin pueden incorporarse al servicio de transporte privado de pasajeros concertado con la intermediación de las plataformas" en cuestión, dice el proyecto.

 

Vehículos gastronómicos

 

Pero hay otras iniciativas también interesantes que ameritan ser seguidas para ver cómo evolucionan en el Legislativo local. Por ejemplo, Valeria López Delzar (FPCyS) impulsa una ordenanza para regular los denominados "vehículos gastronómicos", o "food trucks", que se definen como vehículos con motor incorporado, con paradas móviles, adaptados para la elaboración, preparación y expendio de alimentos y bebidas, con la debida autorización sanitaria.

 

Plantea crear un registro para quienes realicen esta actividad, se imponen distintos tipos de permisos, las observancias a las buenas prácticas de seguridad alimentaria, y se establecen prohibiciones. Es decir, se les da a estos vehículos gastronómicos rodantes (que ya antes de la pandemia se habían retirado de la zona de boliches por la finalización de los contratos) un marco normativo, como tienen -por ejemplo- los carribares.

 

Laura Mondino y Julio "Paco" Garibaldi (del FPCyS) impulsan otro proyecto de ordenanza que es una regulación para el uso de los suelos en el territorio periurbano (zonas periféricas, entre la ciudad y el campo) de Santa Fe, "generando así la coexistencia de las áreas rurales y urbanas".

 

Los objetivos: "La promoción de los principios de sostenibilidad y agroecología, conservando el equilibrio del agroecosistema y su biodiversidad; y el fortalecimiento de la producción en vista al fomento de la agricultura y el consumo alimentario de proximidad", entre muchos otros.

 

Fondo flotante

 

Por último, Carlos Pereira (UCR-Juntos por el Cambio) plantea crear un fondo flotante constituido por dineros municipales y que se destinen a paliar en parte la crisis que atraviesa el sistema de transporte público de pasajeros por colectivos. 

 

Este fondo se constituiría con una partida presupuestaria mensual de 30 millones de pesos, que se irá modificando de acuerdo a si se incrementa o no la cantidad de pasajeros transportados. Además, el Ejecutivo municipal deberá garantizar la circulación diaria de un mínimo de 165 unidades de colectivos, durante los días de semanas hábiles en horario pico.

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