Violencia de género
Sucedió mientras el hombre, detenido el martes, era imputado en tribunales por amenazas y desobediencia de mandato judicial.
"Flaca rajá porque va a haber un atentado" advirtió una voz masculina por teléfono. Había llamado al celular de una amiga de la mujer que recientemente denunció a su pareja por acoso. Sucedió la mañana de este jueves, ellas estaban juntas en su negocio mientras el hombre detenido en inmediaciones del Dique II era imputado.
La víctima acudió a la fiscal Milagros Parodi, en cuyas manos está la causa, que inmediatamente dispuso que se realicen tareas de patrullaje "disuasivo" por la zona en donde se ubica el comercio de la mujer.
A la par, la funcionaria imputó a la ex pareja de la denunciante por dos hechos de "amenazas reiteradas" y por "desobediencia de mandato judicial". Se trata de Rodolfo Domingo M. (53), un productor del Mercado de Abasto sobre quien pesaba una prohibición de contacto y acercamiento para con la víctima.
La audiencia estuvo a cargo del juez Sergio Carraro, y contó con la presencia de los defensores Esteban Yossen y Agustín Márquez. La fiscal Parodi solicitó la prisión preventiva, que será discutida este sábado.
A cargo de la investigación se encuentra la fiscal Milagros Parodi, de la Unidad de Violencia de Género, Familiar y Sexual (Gefas).Foto: Archivo El Litoral / Mauricio Garín
"Por desobediente"
No es la primera vez que el empresario frutihortícola es imputado, ya que en junio del año pasado se le atribuyeron dos delitos, también contra la misma víctima. El primero databa de abril, y consistía en haber golpeado a la mujer mientras le "vociferaba que la iba a matar".
El segundo era de mayo, y consistía en haberla amenazado de manera telefónica, advirtiéndole que "por desobediente" iba a ser hallada en el río y que "a cualquier persona que esté con ella la abriría al medio".
En esa oportunidad, Rodolfo M. recuperó su libertad con restricciones, pero la tranquilidad de la víctima sólo duró unos pocos meses. A fines de enero de 2022 comenzó el acoso.
Según lo recientemente imputado, el empresario violó el mandato judicial que el Tribunal Colegiado de Familia de guardia mínima había dispuesto, acercándose y conectándose con su ex pareja de manera reiterada. Le hablaba por teléfono y redes sociales, la hostigaba constantemente, intentó hackear sus cuentas y además controlaba sus movimientos y quiénes se le acercaban.
Todo esto se lo hacía saber a la víctima, advirtiéndole que la estaba observando, y haciéndola llamar incluso por terceras personas. Se detuvo recién después de que el hombre fuera detenido en su departamento, ubicado en la zona del Dique II.
En la comisaría
La fiscal Parodi también atribuyó a Rodolfo M. haber realizado dos amenazas a la denunciante. La primera fue a principios de febrero, cuando la llamó para amenazarla de muerte y recordarle "que no se olvide del video", en referencia a un video que él le había mostrado en el que se observaba a un hombre asesinando a una mujer de una puñalada.
La segunda sucedió la mañana del martes 29, cuando la víctima se había acercado a la seccional 1ra para denunciarlo por el acoso que venía sufriendo. Mientras declaraba ante el comisario, comenzó a recibir numerosos llamados por parte del empresario, y decidió atenderlo.
El hombre le dio a entender que sabía que estaba en la sede policial y comenzó a cuestionarle: "¿Por qué el auto está ahí? Decime quién es tu amigo…", "¿Con quién estás? porque te van a tocar la puerta…", "A mí me están llamando y me dicen que vos estás ahí…", "Ahora vas a ver… ya vas a ver lo que le hacen a tu auto".
Acoso sistemático
La funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) destacó que los hechos se desarrollaron "en el marco de una persecución, acoso y hostigamiento sistemáticos" que son "configurativos de violencia de género".
Luego de realizar la atribución delictiva, Parodi solicitó audiencia para tratar la prisión preventiva, y pidió que se sumara el legajo fiscal de junio al actual. La cautelar será discutida el sábado.
Observada
Dentro de las evidencias con las que cuenta la fiscalía, se encuentra el acta de secuestro de una cámara IP (de videovigilancia) que se encontraba en el interior de una caja plástica que tenía escrito el nombre de un proveedor de TV satelital. La misma había sido instalada en un poste de alumbrado público, frente a la casa de la víctima.
