Alegatos
La defensa del exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri, pidió la absolución de los cinco cargos que pesan sobre él por delitos de corrupción. Se trata de las causas conocidas en los medios como Imprentas, Global Means, Spots en la Cumbre del Mercosur, Solicitada contra los fondos buitres y Parador de Mar del Plata.
MIRADOR ENTRE RÍOS
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En las dos primeras causas –Imprentas, Global Means– se investiga el direccionamiento y la cartelización de la publicidad estática en vía pública y en medios de comunicación, en tanto que en las tres restantes –Spots en la Cumbre del Mercosur, Solicitada contra los fondos buitres y Parador de Mar del Plata– se trata de determinar si se desviaron fondos públicos para la campaña de Urribarri como precandidato a presidente en 2015 mediante su publicidad y un esquema de retornos para el financiamiento de la campaña.
Raúl Barrandeguy y Candelario Pérez, los experimentados letrados que ejercieron la defensa del exgobernador, cuestionaron duramente la investigación. El primero, tras realizar un relato histórico de la corrupción como el uso indebido de los recursos del Estado, cuestionó su uso con fines políticos y advirtió sobre las consecuencias sobre el sistema cuando se sale de los carriles que determinan las leyes para la investigación de este tipo de delitos.
Al cierre de su alegato, Barrandeguy expresó: “Tenemos enorme expectativa en el fallo del Tribunal, que supera enormemente a la de otros juicios, sabemos con toda seguridad que la defensa del estado de derecho, de la democracia, de la república, no requiere de más presos sino de razones”. También destacó el “sufrimiento” de su defendido y de todos los imputados durante los seis años de proceso, enumerando que Urribarri realizó, como gobernador aportes a la institucionalidad, colaboró en todo con la IPP, concedió que “lo investigara la UFI y no le encontraron nada”. El defensor cuestionó que Urribarri “fue tratado por impulsos políticos extrajudiciales”. Así, pidió la absolución y adhirió a la exclusión y nulidad de los informes telefónicos que solicitaron otras defensas.
SIN OBJECIONES
Pérez alegó sobre cuatro causas. Sostuvo que los organismos de contralor no realizaron ninguna objeción a los actos administrativos, ya sea que se tratara de contrataciones de publicidad en la causa Imprentas y Global Means, o de servicios como en la de Spots y Solicitada. Barrandeguy aportó su visión de la causa Parador. De las tres últimas, señalaron que no se pudo probar que se desviaran fondos públicos para la campaña de Urribarri como precandidato a presidente en 2015.
Ambos defensores cuestionaron la violación del principio de juez natural y fueron especialmente duros con el juez de Garantías de Paraná, Eduardo Ruhl, del que señalaron que “en dos líneas” autorizó ocho allanamientos simultáneos sin determinar el objetivo de las medidas y autorizando la “manipulación” de los elementos informáticos que se secuestraran.
En relación al juez natural, los defensores criticaron que se solicitó la ayuda de la Policía Federal y se apartó a la provincial, considerada eficiente y auxiliar de la Justicia. Pérez recordó que los denunciantes, los abogados Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, fueron citados por la fiscal Patricia Yedro cuando expresó que aquellos, “debido a nuestra vinculación con funcionarios del Estado nacional” cuando estaba en el gobierno el expresidente Mauricio Macri, propusieron “la posibilidad de acercar recursos técnicos con organismos de dilatada trayectoria en faenas de similares características”. En este sentido Pérez evaluó: “Claro, cuando empezamos a ver qué pasó en el orden nacional, nos damos cuenta que estas fuerzas federales dependían de quienes gobernaban el país. Y estos le mandan los expertos que le fabricaban pruebas; esto es lo que ocurrió. Pongo la denuncia a disposición de Fiscalía y el Tribunal”.
