Alegatos
La segunda jornada de alegatos de las defensas de los 13 imputados en cinco hechos de corrupción en perjuicio de las arcas del Estado, entre los que se destaca el exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri, tuvo como puntos destacados que se solicitó que se abra una investigación contra la cabeza del Ministerio Público Fiscal (MPF) por supuesta instigación a cometer delitos.
MIRADOR ENTRE RÍOS
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En la jornada de este jueves 24 de febrero, los defensores Ignacio Díaz y José Velázquez, que en esta causa representan los intereses de Pedro Báez, exministro de Comunicación y Cultura y mandamás en la comunicación de las dos gestiones de Urribarri, también sostuvieron que no se cometieron delitos en el contexto de la causa denominada Imprentas y que los organismos de contralor no realizaron ninguna objeción a las contrataciones de publicidad estática en vía pública.
Los alegatos se retomarán el jueves 3 de marzo, cuando Velázquez continuará alegando sobre esta causa. También se prevé comenzar con las causas Global Mean, donde están imputados Urribarri, Báez y Germán Buffa, y las causas Spots y Solicitada en la Cumbre del Mercosur.
CRÍTICAS
En la primera etapa de los alegatos, Díaz criticó el desempeño de los peritos del MPF, los bioingenieros Fernando Ferrari y Guillermo Fritz, de quienes instó que se investigue su conducta por el delito de usurpación de título, puesto que, según indicó, realizaron la extracción de información sin tener las incumbencias profesionales que prescribe la Ley ni estar matriculados en el colegio que representa a los profesionales de las ciencias informáticas. Paso seguido, el defensor extendió el pedido de investigación de conductas que podrían constituir un delito a la cabeza del MPF, puesto que fue quien a sabiendas de que los profesionales no contaban con las incumbencias referidas, les ordenó realizarlas.
Ambos defensores realizaron alegatos en los que destacaron que no se violó ninguna de las normativas que regulan la contratación de publicidad. Defendieron que se trató de actos administrativos que no pueden ser sometidos a la ley penal y destacaron los testimonios de funcionarios y empleados públicos que sostuvieron la legalidad de las contrataciones.
Velázquez criticó que en el inicio de las causas se detectó el mismo “modus operandi, una denuncia pública, la apertura de la causa, allanamientos y las filtraciones”. Así, acusó que en “esta causa nos enteramos de las imputaciones a través de un sitio digital” e invitó al Tribunal a ponerse en el lugar de las defensas “cuando nuestros representados nos preguntan por qué no les avisamos que fueron procesados, y les tenemos que decir que no estábamos notificados. Cuando preguntamos por eso a funcionarios del MPF sólo hubo vergüenza”.
Velázquez fustigó que “se muestren pruebas sobre de qué deberes incumplidos hablamos, de qué infracciones, o las exigencias son las que imagina el Ministerio Fiscal”. Paso seguido sostuvo que “si me acusan de algo, quiero que sea por incumplir un deber, no por capricho de política criminal o porque no les gusta mi gestión” y destacó que “es importante marcar un límite porque mañana, de la misma manera que hoy explicamos cuestiones administrativas, esa política criminal parada en el pedestal moral dirá que es la ley y medida de las cosas”. También tuvo un párrafo para el affaire que involucra a la suspendida procuradora general adjunta y fiscal anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que atraviesa por un proceso de jury: “No me olvido que la cúpula del MPF hizo un control preventivo”, acusando que se advirtió que “quien asuma ad hoc en el Jurado de Enjuiciamiento, (tendría una) causa penal” y añadió que “denunciaron a los vocales del Superior Tribunal de Justicia (STJ) ¿qué deber incumplieron? Ninguno. Son los deberes imaginados por la cúpula del MPF”.
Velázquez reiteró que las irregularidades que Fiscalía entiende como evidencia de la comisión de un delito, no son cuestiones judiciables sino que se constriñen al ámbito de la administración pública. Así, criticó que “la política criminal del MPF nos trae acá a explicar actos administrativos”.
Si Díaz fue duro con los peritos Fritz y Ferrari, al igual que lo fue Emilio Fouces en la primera jornada de alegatos de las defensas con un informe elaborado sobre entrecruzamientos de llamadas que se realizó sin la correspondiente orden judicial, Velázquez arremetió contra el perito contador del MPF, Héctor Enrique.
El abogado cuestionó que el perito contador “no sabe sumar”, agregando que “se puede tener un error en la suba de datos, pero suma mal, dice tener muchos posgrados pero no sabe sumar”. Tras cuestionar las competencias profesionales del perito, el defensor fustigó: “Con estas cosas nos están acusando”. También extendió la responsabilidad a los fiscales que sostuvieron la acusación, a quienes les endilgó que “no chequearon” las sumas del perito. Finalmente expresó que “metodológicamente no es serio y por eso no puede ser considerado por el tribunal” y cerró señalando que “la política criminal del MPF no tiene empacho en calificar de irregular un expediente, pero esto es escandaloso, es contador y los números no le dan. Esto, lisa y llanamente, no es serio”, fustigó.
