Alegatos
En el cierre de los alegatos, el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió duras penas para el exgobernador y actual embajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri, y el exministro de Cultura y Comunicación de las gestiones de Urribarri, Pedro Báez. Para el primero pidió 12 años de prisión, para el segundo, 10 años de cárcel. Para ambos se pidió la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y multa de 180.000 y 90.000 pesos respectivamente.
MIRADOR ENTRE RÍOS
redaccion-er@miradorprovincial.com
El fiscal Juan Ramírez Montrull fue el último de los fiscales en alegar en el juicio que se realiza contra el exgobernador, dos ex ministros y funcionarios de sus gestiones y particulares. Lo hizo en la causa denominada Parador de Mar del Plata. El lunes y el martes lo habían hecho sus pares, Patricia Yedro y Gonzalo Badano, quienes abordaron las causas Imprentas y Global Means, y las acumuladas en la Cumbre del Mercosur, Solicitada y Spots.
Este jueves 17 de febrero, tras un extenso y contundente alegato que se basó en la profusa prueba documental que se colectó en la causa, el fiscal consideró que Urribarri se interesó personalmente en el Parador de Mar del Plata, iniciando conversaciones con el empresario Gerardo Caruso, propietario de la firma El juego en que andamos, que a la sazón fue beneficiario de la licitación, el 20 de octubre de 2014. El Parador se inició el 3 de enero de 2015 y el 14 de diciembre Urribarri y el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó, firmaron el llamado a licitación. Estas fechas y otras relacionadas con el proceso licitatorio, sumadas a la cantidad de comunicaciones de Urribarri, sus funcionarios e incluso sus familiares directos, como su esposa y su hijo, permitieron a Fiscalía sostener que el empresario contaba con anterioridad con información privilegiada que le permitió preparar la documentación. Además, Fiscalía destacó que el ministro y el empresario, junto al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera, sabía del fin último del Parador: promocionar la candidatura de Urribarri como precandidato a presidente en 2015.
PENAS
A las penas solicitadas para el exgobernador, imputado en los cinco hechos investigados, y el ex mandamás en la prensa de aquellas gestiones, imputado en cuatro, se sumaron los pedidos de 10 años para Aguilera, imputado en dos hechos, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y multa de 180.000 pesos; de ocho años de prisión para la contadora Corina Cargnel, imputada en dos hechos, más la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y multa de 180.000 pesos; de cinco años de prisión para Gerardo Caruso, imputado en dos hechos, más multa de 90.000 pesos; de cinco años para Hugo Marsó, imputado en un hecho, más multa de 90.000 pesos; de cuatro años de prisión más multa de 90.000 pesos e inhabilitación absoluta perpetua para Emiliano Giacopuzzi; de cuatro años de prisión más multa de 90.000 pesos e inhabilitación absoluta perpetua para Gustavo Tamay; de tres años de prisión condicional, multa de 90.000 pesos e inhabilitación absoluta perpetua para Luciana Almada y Alejandro Almada; de dos años y seis meses de prisión condicional más la inhabilitación absoluta perpetua y multa de 90.000 pesos para Maximiliano Sena; de tres años de prisión condicional para Germán Buffa e inhabilitación especial perpetua; y de tres años condicional para Gustavo Tórtul.
Los fiscales solicitaron el decomiso de los bienes utilizados para cometer los delitos y de las ganancias obtenidas de manera ilegal. De los vehículos se sostuvo que serán destinados a la Policía y los elementos de informática, a escuelas a determinar. También solicitaron que los embargos se mantengan hasta que la sentencia adquiera firmeza. El miércoles 23 de febrero comenzarán a alegar las defensas.
AGRAVANTES
En todos los hechos se consideró como agravantes las millonarias sumas de dinero que se sustrajeron del ámbito de la administración pública. En el caso de Urribarri, Báez y Marsó, por los cargos que ostentaban tenían mayores responsabilidades con la custodia del bien público. En el caso de los funcionarios se mencionó similar responsabilidad, y en el de los profesionales, que pusieron sus conocimientos al servicio de la comisión de los delitos.
