Presunto delito de corrupción
El presidente Alberto Fernández declarará este martes como testigo en su condición de exjefe de Gabinete, en el juicio oral en el cual está entre los acusados su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por presuntos delitos cometidos en la adjudicación de obra pública en Santa Cruz durante el período 2003–2015.
Alberto Fernández anunció públicamente que concurrirá a efectuar la declaración, bajo juramento de decir verdad, de manera presencial, pese a que tiene la prerrogativa de hacerlo por escrito por su condición de jefe del Estado.
La audiencia tendrá lugar el Tribunal Oral Federal número dos, integrado por los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.
La declaración de Alberto Fernández marcará la continuidad de la que ya prestaron, también de manera presencial, otros dos ex jefes de Gabinete: Jorge Capitanich y Aníbal Fernández.
Para fin de mes está previsto que declare el actual presidente de la Cámara de Diputados y también ex jefe de Gabinete, Sergio Massa.
Alberto Fernández fue convocado por pedido de las defensas de Cristina Fernández de Kirchner, a cargo de Carlos Alberto Beraldi; la del empresario Lázaro Báez, en manos de Juan Martín Villanueva, y la del ex ministro de Planificación Julio De Vido, que ejerce Maximiliano Rusconi.
La declaración de Alberto Fernández está prevista desde mucho antes de que fuera electo presidente de la Nación. En la etapa de la "instrucción suplementaria", previo al inicio del juicio oral, las partes proponen a los testigos que planean interrogar y el resto de la prueba.
Ello ocurrió en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, y los acontecimientos políticos derivaron luego en la actualidad, que encuentra a todos los ex jefes de Gabinete ocupando diferentes roles en el actual gobierno.
El juicio oral se inició antes de que comenzara el proceso electoral que desembocó en la presidencia de los Fernández, en mayo de 2019.
Hasta ahora, todos los ex jefes de Gabinete explicaron cómo funciona el mecanismo de adjudicación de obra pública y negaron rotundamente haber recibido alguna instrucción para que se direccionara la adjudicación a favor de las empresas de Lázaro Báez.
Menos aún, testigos explicaron que el hecho de estar radicada en Santa Cruz, contar con una logística del lugar y el conocimiento de las condiciones climatológicas para operar era un factor decisivo a la hora de que Báez resultara adjudicatario de las licitaciones.
Pero además, en el juicio se investigan un total de 52 obras (de un universo mucho mayor en todo el país) y según las defensas, gran parte de esos hechos ya fueron juzgados y sobreseídos en otras instancias judiciales, por lo cual reclaman por el principio de "non bis in ídem" (nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito).
