En la segunda semana de febrero
Desde diciembre, las dos Cámaras convirtieron en ley solo tres de casi treinta temas habilitados por el gobernador Omar Perotti en sesiones extraordinarias. Para el jueves está citada la comisión de Presupuesto en Diputados.
El mes más corto del año lo será aún más para la Casa Gris, en su espera de que este mes se logre la aprobación de su mensaje de ley de presupuesto 2022. Se trata del asunto pendiente de tratamiento de mayor interés para el oficialismo en la Cámara de Diputados pero según los comentarios que ha recogido El Litoral entre miembros de la Comisión de Presupuesto, los avances son pocos. "Estamos como en diciembre", fue la síntesis que deslizan voces de la oposición, aunque reconocen que existe predisposición al diálogo y que hay esfuerzos por acercar posiciones "de ambas partas".
Por lo pronto, el titular de esa comisión, Fabián Palo Oliver, ha convocado a sus integrantes para el jueves a las 10 de la mañana y ha manifestado públicamente -en términos personales- su disposición a que haya el consenso necesario para la aprobación. Tantas negociaciones permiten entrever que habrá cambios al texto votado por los senadores el 16 de diciembre del año pasado, cuando dieron una rápida media sanción por unanimidad, también con votos radicales, al texto que el Poder Ejecutivo Provincial les había remitido el 29 de septiembre de 2021.
La agenda del Senado parece atada a la de Diputados, e incluso hay dudas de que la Cámara alta sea convocada hasta tanto no se le vean chances de aprobación al Presupuesto en la Cámara baja, al menos durante el breve mes en curso. Es que si Diputados modifica la media sanción de la Cámara alta, el texto volverá a ese recinto, donde hay altas chances de que se faciliten los acuerdos, porque ya hubo predisposición el año pasado.
Por otra parte, en la oposición se ha comprobado en enero que privar a una gestión de la ley de cálculos y recursos para el año en curso es regalarle un argumento perfecto para dar explicaciones ante cualquier problema. En la discusión política, de un momento a otro, desde las paritarias que no arrancan aún hasta las demoras para proveer de insumos al control de los detenidos con prisión domiciliaria con tobilleras, todo es culpa de quienes "ponen palos en la rueda" y no sancionan un presupuesto. (Y lo mismo ocurre a nivel nacional: también la Casa Rosada puede reconducir el presupuesto anterior, mediante decretos).
A esta altura del debate por el Presupuesto debe decirse que los interlocutores de Diputados y del Ejecutivo no han cambiado. Y que poco se espera que suceda en el segundo jueves de febrero. La primera semana pasó como si fuera enero y, tal vez por eso, se espera que ahora haya al menos algo de actividad.
Apenas tres de casi treinta asuntos pedidos por la Casa Gris para el presente período extraordinario de sesiones ya son ley de la provincia. Sin embargo, en materia legislativa (en política en general) no es válido sacar cuentas con un porcentaje fácil de calcular (que sería del 10%), porque en realidad más importa qué asuntos son que su número.
Está claro que el gobierno habilitó tres decenas de cuestiones que le importan, pero unas son más relevantes que otras y obviamente el presupuesto está en primer lugar. De hecho entre las tres leyes se encuentra la que fija la política tributaria para el período fiscal 2022, llamada Ley Fiscal.
En el análisis de lo que cada parte pone sobre la mesa para que avance la ley de Presupuesto, está tanto la aprobación de esa norma como el hecho de que el Ejecutivo no la haya vetado total o parcialmente, luego de que la oposición le introduzca cambios que implicaron para el tesoro provincial ceder un 10% de recursos a las municipalidades y las comunas. Y cuando se trata de pesos, los porcentajes sí importan.
El gobierno provincial exhibe esa aceptación que engordó la coparticipación como lo que es, un gesto para con la negociación por el presupuesto. Pero siguen en fuertes tensiones entre funcionarios y legisladores opositores otros aportes a gobiernos municipales y comunales, según su signo político.
Las dos leyes restantes no ofrecieron el mismo debate, porque lograron acuerdo inmediato: el más que merecido pase a planta permanente de personal de saluda y la declaración de la emergencia en Seguridad y en el Servicio Penitenciario hasta el 31 de diciembre de 2022. En ambos casos, se trató de proyectos iniciados por legisladores: Lionella Cattalini (Socialista) en Diputados y en el Senado los justicialistas Rubén Pirola (Nes) y Alcides Calvo (Lealtad).
Entre otros temas de fondo, que requieren de un profundo análisis y debate de los legisladores, el gobierno les ha dado prioridad a temas como la obligación a los jueces de dictar la prisión preventiva para los delitos que se cometan con armas de fuego (algo que ya sucede en la práctica sucede, por una instrucción del fiscal general del Ministerio Público de la Acusación) pero que se quiere fijar en la ley. Así lo aceptó Diputados el 16 de diciembre y todo indica que tendrá también el visto bueno en el Senado.
De igual importancia normativa, la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, cuyo tratamiento conjunto de expedientes de las dos Cámaras impulsa el Ejecutivo. Se busca establecer los principios rectores que deben observar los funcionarios y empleados de los tres Poderes del Estado en relación con las víctimas de delitos. Y otro tanto ocurre con la demorada adhesión de Santa Fe a la Ley Nacional Nº 27.575 "de Góndolas" o la modificación de la Ley Provincial Nº 13.842, del Sistema de Gestión de Envases Vacíos de Fitosanitarios, que generará arduas discusiones por los intereses que cruza.
También marcados por las preocupaciones ambientales aparecen más temas pedidos por el gobierno que ya han sido abordados por las Cámaras o impulsan los funcionarios vinculados a esa temática: la cesión de inmuebles propiedad de la Provincia de Santa Fe para la ampliación del Parque Nacional "Islas de Santa Fe"; el establecimiento de la "Educación Integral Ambiental" y la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.592, llamada "Ley Yolanda", cuyo objeto es garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen en la función pública. Sobre el particular hay nada menos que siete iniciativas en Diputados, que el Ejecutivo pide unificar.
También fueron habilitados mensajes con convenios ya firmados por el gobierno santafesino, que suelen ser sancionados sin mayores debates o quedan en comisiones sin ser tratados, según la opinión de la mayoría en cada Cámara. Hay uno con Anses sobre el défict de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe; un acta acuerdo de la Epe con la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía de la Nación sobre la deuda por la energía impaga que da amplias facilidades a la provincia, y otros dos en materia de salud.
Lo mismo un convenio con la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF), celebrado el día 31 de abril de 2021, para el desarrollo y ejecución del "Proyecto de Optimización de los Accesos Ferroviarios a los Puertos al Sur del Área Metropolitana de Rosario en los empalmes Alvear, Piñero y Álvarez"; y el Consenso Fiscal 2022 celebrado entre el Gobierno Nacional y los Gobernadores Provinciales el día 27 de diciembre de 2021, excepto CABA, por el cual se permite "mantener los impuestos provinciales y crear nuevos".
El Ejecutivo pide a la Legislatura poder endeudarse por hasta la suma de siete 7.600.000 dinares kuwaitíes para el financiamiento parcial del Proyecto "Acueducto Interprovincial Santa Fe – Córdoba (Etapa 1 – Bloque A)", de conformidad con las gestiones realizadas ante el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe; para tomar un crédito por 35 millones de dólares con el Fondo Fiduciario de Infraestructura con financiamiento proveniente de la Corporación Andina de Fomento.
El gobierno pide también la creación del Ente Estatal con el nombre "Camino del Brigadier" con "la finalidad de operar el corredor vial Autopista Provincial AP1".
Además, en Diputados se podrá tratar la media sanción de un proyecto de ley de Marcos Castelló (PJ-Lealtad-La Capital), que exceptúa a los agentes alcanzados por los acuerdos paritarios con las diferentes organizaciones sindicales en los cuales se dispusiere el pase a planta del personal permanente de cada una de las Jurisdicciones, a los efectos de saldar una deuda con los trabajadores del Estado, "principalmente con los profesionales de la salud", que también implica afectar fondos.
La lista se cierra con más mensajes para adherir a la Ley Nacional Nº 27.613 "Régimen del Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda"; lo mismo que a la Ley Nacional Nº 27.453 de Regularización Dominial de inmuebles asentados en el Registro Nacional de Barrios Populares" y la prórroga por dos años de la Ley Nº 13.666 que suspende el desalojo o desocupación de inmuebles rurales.
Call centers con menos impuestos
Entre los asuntos habilitados por el Poder Ejecutivo se encuentra su proyecto de ley que exime por el término de diez años a los contribuyentes radicados o a radicarse en el futuro en el territorio provincial, cuya principal actividad esté destinada a "operar como call center" del pago de determinados gravámenes.
El hotel de Alta Gracia
Entre otros asuntos, espera tratamiento en el Senado la iniciativa del gobierno de Omar Perotti de vender el hotel que posee Santa Fe en Alta Gracia, Provincia de Córdoba, denominado "Colonia de Vacaciones", para con lo producido proceder a la "construcción y/o ampliación o acondicionamiento de Centros Modelos de Turismo Social, con fines educativos, sociales, rurales, medioambientales, históricos y/o culturales, en las diversas regiones del territorio santafesino".
Nuevo intento para sumar la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional
El Poder Ejecutivo Provincial habilitó el tratamiento conjunto de dos proyectos de ley que buscan crear una Agencia Santafesina de Inversiones y Comercio Internacional, que tiene sendas iniciativas en ambas Cámaras.
El asunto tiene su historia en la Legislatura santafesina, empezando porque en un caso la agencia a crear lleva el agregado de "santafesina" para titular al nuevo organismo, y en el otro no. Y que pese a las coincidencias notorias, no hubo avances.
Los diputados aprobaron en octubre de 2020 un proyecto del diputado socialista José León Garibay y el gobierno provincial lo incluyó en el temario
de sesiones del período extraordinario de 2021, pero el tema no avanzó en el Senado que tiene su propia versión del mismo tema, presentada por el jefe del bloque Lealtad, Alcides Calvo.
Lamentablemente, tampoco durante todo el año pasado, durante las sesiones ordinarias, la Cámara alta logró el consenso necesario para que la cuestión no duerma en comisiones. Ahora nuevamente la reclama el Ejecutivo, y pide el tratamiento conjunto de los dos expedientes, de sendos cuerpos deliberativos.
Con esa iniciativa pasó algo parecido a lo que le ocurrió a los proyectos de ley para darles un marco legal de largo alcance a los usuarios de la energía eléctrica que pueden generarla con sistemas de bajo impacto ambiental e incluso sumarla a la red de la Epe o de las cooperativas que existen en el interior de la provincia.
En este caso, la mayoría en el Senado, compuesta por justicialistas del Nes y el bloque radical, no hizo avanzar un texto legal que incluso había sido acordado y estudiado por senadores del oficialismo y diputados opositores. En la Cámara alta su impulsor fue el ex senador provincial, hoy senador nacional por Santa Fe, Marcelo Lewandowski. Y en Diputados, la ex candidata a senadora nacional del Frente Progresista, Clara García (PS), cuyo proyecto logró oportunamente media sanción para sostener el programa de los "Prosumidores" que en tiempos de Miguel Lifschitz fue creado solo por decreto.
Más allá de que el gobierno actual prefiere hablar de consumidores-generadores y de que pone el foco en financiar esa condición a entidades de bien público y organizaciones no gubernamentales (antes que a particulares), los técnicos que asesoraron a Lewnadowski y a García habían obtenido un texto final que resumía las aspiraciones de ambos, al menos en parte. Pero no hubo avances.
Santa Fe es de las provincias que no ha adherido a la Ley Nacional Nº 27.424 de Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Pública (así lo pide el mensaje sobre el tema que enviara la Casa Gris en su momento), y ahora pide nuevamente su tratamiento conjunto.




















