Sequía
El gobierno de Entre Ríos declaró en estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario desde el 1° de enero hasta el 31 de julio de 2022, a las explotaciones agrícolas de maíz y sorgo, ganaderas bovina, caprina y ovina, tamberas, hortícolas, pecaneras, citrícolas y forestales de toda la provincia.
MIRADOR ENTRE RÍOS
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La medida se tomó teniendo en cuenta el evento climático de sequías agravado por las altas temperaturas.
La Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Provincia recepcionará por 60 días corridos a partir de este martes 25 de enero, las declaraciones juradas emitidas por los productores afectados. La misma Secretaría queda facultada a instrumentar las verificaciones de los daños producidos, para aprobar mediante el dictado de normas de su competencia, los listados de los productores incluidos en la emergencia, para la inclusión en los beneficios.
Además, el Ministerio de Producción gestionará ante el Poder Ejecutivo Nacional los instrumentos necesarios para la declaración de emergencia y de acuerdo a los alcances del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, Ley N° 26.509.
La declaración de emergencia instruye a la Administradora Tributaria de Entre Ríos que disponga el diferimiento y planes de pago especiales de los vencimientos del anticipo único y los anticipos 1º y 2º del Impuesto Inmobiliario Rural y Sub Rural 2022 a una fecha posterior al 31 de agosto de 2022.
RELEVAMIENTO
Del relevamiento en el territorio provincial con referentes de cada región surge que el 90% de los encuestados refiere una situación de sequía con serio compromiso de las reservas hídricas en su región, lo cual compromete seriamente los cultivos de maíz y sorgo, la ganadería en general, viendo afectadas no solamente la provisión de forraje, sino las aguadas y tajamares que se encuentran afectados repercutiendo en el estado general del rodeo, entre otras actividades productivas.
Ante la gravedad de los daños relevados, de carácter excepcional y que por su magnitud dificultarán el cumplimiento de las obligaciones fiscales y crediticias a los actores involucrados, “resulta procedente dictar un instrumento legal que formalice la entrega de certificaciones oficiales a los productores afectados, lo cual podrá ser verificado por parte del organismo competente dependiente de la cartera productiva, a fin de cumplimentar con los requisitos necesarios para ser incluidos en los beneficios que prevé en cada caso la Ley Provincial N°10.836 y su correlato Nacional Ley N° 26.509”, se indicó desde el Ejecutivo provincial.
