Conectividad en las cárceles
En el marco de su trabajo parlamentario el Diputado Provincial del PDP, Gabriel Real, ingresó un proyecto de Comunicación donde solicita al Gobierno Provincial interceda ante el Poder Ejecutivo Nacional y deje sin efecto la Resolución Nº 2183/21, publicada en el Boletín Oficial del día 03/01/2022, la cual plantea una inversión de $ 1.000 millones para mejorar la conectividad de las unidades carcelarias del Sistema Penitenciario Federal. El programa a los fines de su ejecución será financiado con recursos provenientes del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, previsto en la Ley N° 27.078.
“El año pasado en la legislatura provincial aprobábamos una ley, que recibe el nombre del Programa “Santa Fe + Conectada”, y que permitirá reducir la brecha tecnológica, mostrada exponencialmente durante la pandemia, en el debate resaltábamos que se ampliará y modernizará la infraestructura del sistema de conectividad para promover la inclusión digital, la transformación educativa y la reducción de brechas tecnológicas, productivas y de género con un desarrollo sustentable, esto es una política pública realista”, comenzaba describiendo el legislador provincial.
El Gobierno Nacional alejado totalmente de la realidad, intenta una vez más justificar una medida que plantea a partir de la publicación de la Resolución 2183/21 en el Boletín Oficial del día 3 de enero pasado del Ente Nacional de Comunicaciones y cuyo objetivo es mejorar la conectividad del Servicio Penitenciario Federal para video llamadas, plataformas educativas, repositorios de contenidos audiovisuales, en el sentido de favorecer los procesos de conectividad digital de los internos conforme el desarrollo de sus actividades y reducir la brecha digital posibilitando el acceso equitativo y de calidad a internet.
“Mejorar la conectividad de los internos carcelarios cuando por ejemplo en el sistema educativo hemos experimentado la mayor deserción escolar como consecuencia de la falta de la accesibilidad a la conectividad para tomar las clases virtuales durante todo el proceso pandémico y donde el estado nacional justamente estuvo ausente en ese sentido, nos parece claramente un absurdo. Y en segundo lugar nuestra posición también nos genera preocupación sobre otro ítem aún más grave cuando desde el Ministerio Público de la Acusación cada vez que se investigan delitos vinculados con estafas virtuales, secuestros extorsivos, e incluso delitos vinculados con el narcomenudeo vemos como estos canales digitales tienen su origen muchísimas veces en el sistema penitenciario, a partir del “acceso equitativo” que plantea por ejemplo esta resolución, el sistema penitenciario debe mejorar pero hay otras prioridades”, finalizaba Gabriel Real comentando.
