lunes, abril 27 2026

Ministerio Público de la Acusación

 

Carlos Retamal

Este martes 4 de enero de 2022, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada de Rosario, Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, solicitaron llevar a juicio oral y público al ex fiscal regional Patricio Serjal, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario. En la presentación, solicitaron la pena de 12 años de prisión efectiva e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y una multa de 90.000 pesos, por asociación ilícita, en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo.

También fue imputado por los mismos delitos un empleado judicial, identificado como Nelson ‘Coqui’ U., para quien solicitaron cinco años de prisión efectiva, inhabilitación especial para ocupar un cargo o empleo público por 10 años, y una multa de $ 90.000.

En la presentación, los fiscales Edery y Schiappa Pietra le atribuyen al ex jefe de fiscales de Rosario el haber conformado una asociación ilícita, de la que además participaron Gustavo Ponce Asahad (ex fiscal, ya condenado), el empresario Leonardo Peiti (ya condenado), Maximiliano D., alias ‘Cachete’ (ya imputado y acusado), David Perona (fallecido) y Alejandro Torrisi (ya condenado) y otras personas a la fecha no identificadas y no haber denunciado la comisión de delitos que Serjal conoció en ejercicio de sus funciones.

«El objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicos, todo ello sin contar con la autorización emanada de la autoridad competente. Para ello los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal; ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos», señala la presentación.

Además, se indica que «dicha organización tuvo una duración temporal que va al menos desde el 24 de abril de 2017 (fecha en la cual se constata el primer contacto telefónico entre el senador por el departamento San Lorenzo, Armando Traferri y Leonardo Peiti) hasta el 24 de julio de 2020 (fecha en la cual ambos se reunieron en la cochera ubicada en calle Jujuy al 2.300) y se desplegó en Rosario, Gálvez, Villa Gobernador Gálvez, Reconquista y Rafaela». También se señala que el centro de las decisiones y negocios estaba en Rosario y que los organizadores eran tres: Traferri, Peiti y Serjal.

Y sobre el ex fiscal, actualmente bajo detención domiciliaria por cuestiones de salud, se remarcó que «fue el organizador de la cobertura judicial, quien, abusando de su cargo, daba directivas a Gustavo Ponce Asahad sobre las medidas tendientes a asegurar impunidad a Leonardo Peiti en causas vinculadas a juego ilegal. Traferri le aseguraba a (Leonardo) Peiti la continuación de la organización, la cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos», señala –entre otras cosas– el escrito.

También se menciona que Serjal, «usufructuando ilegalmente su rol como fiscal, le brindó a Leonardo Peiti favores ilícitos otorgando actos propios de su función, a cambio de dinero que éste (Peiti) le entregaba periódicamente. Para ello se valió de Gustavo Ponce Asahad, quien se contactaba con Peiti, recibía dinero y cumplía con las indicaciones que Serjal le daba a los fines de evitar que prosperen investigaciones penales en contra de Peiti».

Con esta imputación y pedido de prisión, dos de los tres presuntos organizadores de la maniobra ilegal están bajo proceso judicial: Peiti ya fue condenado y Serjal imputado, mientras que el senador todavía mantiene sus fueros y no puede ser imputado.

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